Tras una larga audiencia iniciada el miércoles pasado y que terminó parcialmente en las primeras horas de ayer, la jueza de garantías Ivana González envió a juicio oral y público a siete de los imputados en la causa denominada «Ñoquis Calientes» que tiene como principal imputada a Cecilia Torres Otarola, ex ministra de Familia y ex diputada provincial.
«La extensa declaración de la principal imputada (el miércoles pasado) fue verosímil, creíble y concreta». Sin embargo, el caso sigue a juicio, por lo tanto, lo planteado merece ser debatido, controvertido y puesto a disposición de un Tribunal. «Entiendo que estos casos de corrupción investigados, merecen la búsqueda de la verdad», dijo en su resolución la magistrada en alusión a que ahora deberán ser tres los jueces que, en debate de juicio, escucharán a los testigos, analizarán los documentos y otras pruebas para determinar responsabilidades en los hechos investigados.
Resta aún un nuevo encuentro de todas las partes en esta audiencia preliminar con el objetivo de dar validez legal a la incorporación de algunas pruebas presentadas por los defensores que necesitan ser controladas por los acusadores. La jueza González además le dio la razón al fiscal general Rodríguez que se había opuesto a la aplicación de una «salida alternativa» mediante la figura de la reparación, tal como lo pretendieron algunos de los defensores.
SE MANTUVIERON LAS CALIFICACIONES
Otros de los aspectos resueltos por la jueza González fue el de las calificaciones jurídicas, que quedaron originalmente tal como fueron considerados originalmente por los acusadores.
Respecto de Torres Otarola, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en calidad de autora por 8 hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Respecto de Silvana Adriana Cañumil se le imputa el delito de fraude a la administración pública, un hecho por concusión, y dos hechos en calidad de partícipe secundario.
A Jaquelina Rodera, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en calidad de partícipe primario, por tres hechos. A Marta Rodera, se le imputa el delito de fraude a la administración pública, un hecho en calidad de partícipe primario. Respecto de Facundo Solari Rodera, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en un hecho como participe primario. A Miguel Angel Reto Trelles, se le indilga el delito de fraude a la administración pública por un hecho, como participe primario. Respecto de Branco Rodera Neira, el delito de fraude a la administración pública por un hecho, como participé primario.
PENAS PRETENDIDAS
Para los fiscales Cecilia Torres Otarola, «resultó pieza central de la actividad delictiva investigada». Según las calificaciones legales escogidas, la escala penal parte desde los dos años, más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La Fiscalía estima que al momento de pedir pena, la misma no será inferior a los cuatro años de prisión efectiva, más la inhabilitación especial por igual plazo.
A Jaquelina Rodera, se le pedirán tres años de prisión en suspenso, más la inhabilitación especial por igual plazo, Mara Rodera dos años de prisión en suspenso, Facundo Solari Rodera dos años de prisión en suspenso, Miguel Angel Reto Trelles dos años de prisión en suspenso y a Silvana Adriana Cañumil tres años de prisión.
