Se trata de Santiago Acevedo que tenía la concesión de las tres líneas del servicio urbano, dos de ellas hasta 2027. Pero la Municipalidad decidió rescindirle el contrato en 2020, en medio de la pandemia y de los continuos reclamos de la empresa y de sus choferes por la actualización tarifaria. El abogado que representa al empresario, Marcelo Macayo (foto), dijo a Radio 3 que el monto de la demanda fue determinado por un estudio contable en base a las consecuencias que le generó a la empresa la pérdida de la concesión.
“Como todo reclamo contra el Estado, hay un trámite previo a la instancia judicial que es el reclamo administrativo previo”, aclaró Macayo.
“El señor Acevedo, a comienzos del 2021, inició una reclamación resarcitoria ante el municipio y nosotros interpretábamos que esa era la instancia en la cual se podía llegar a resolver esto para, como exige la vía administrativa, evitar la vía judicial”, recordó.
“Nos encontramos con la sorpresa que el municipio ni siquiera contestó el reclamo, lo que es muy grave. Se supone que una estructura administrativa como la del municipio no sólo tiene secretarios del área sino que también había concejales activamente involucrados en el tema del transporte público”, expuso.
“Nos llama la atención que ahora que los concejales reciben una notificación para que declaren como testigos en la causa aparece rápidamente el tema en los medios, cuando en realidad a comienzos del 2021 le pedíamos a la Municipalidad que nos conteste si esto se podía hablar o no, era un marco conciliatorio previo, pero nos chocamos contra la pared porque ni siquiera nos contestaron, se vencieron los plazos administrativos”, aseveró el letrado.
“La Municipalidad tiene el privilegio de contar con 90 días hábiles, son más de 4 meses, hay otra una instancia más, el pronto despacho que lo prevé la Ley de Procedimiento Administrativo, que son 30 días hábiles más, lo presentamos, pero nos ignoraron, corrieron los plazos y nos vimos obligados a iniciar el reclamo judicial ante el silencio del Estado”, fundamentó.
“Se inició la demanda por daños y perjuicios, esta fue la vía elegida, y ahí estamos litigando. La Municipalidad contestó la demanda, obviamente rechazó el planteo y se abrió el juicio a prueba, por eso se han librado notificaciones a los testigos del juicio que es una de las pruebas”, precisó Macayo.
Sin embargo, advirtió que “acá lo más relevante será la pericia contable y la prueba documentable, están todos los expedientes y las presentaciones que se han hecho”.
Indicó que “la etapa conciliatoria fue la audiencia preliminar en la que el municipio no ofreció ninguna propuesta económica, por eso el juez fijo las audiencias testimoniales para octubre”.
“Se tomó la decisión de citar a los concejales porque han tenido una activa participación en las negociaciones de los contratos de concesión del transporte público y además no sólo el señor Acevedo, sino también el señor Perazzo que prestaba el servicio del transporte público tenían el reclamo casi automático por no cobrar los subsidios, el combustible seguía aumentando y caían en un quebranto en el que ni siquiera podían pagar los sueldos del personal”, argumentó.
“Está claro que el transporte público, no sólo el terrestre, es deficitario en todas partes del mundo”, sostuvo.
“En la época de la pandemia la situación se tornó insostenible porque los propios choferes habían iniciado el reclamo por sus haberes y sumado a que no se liquidaban los subsidios, se dejaron de liquidar en 2019, fue el golpe de gracia que recibió Acevedo ante la imposibilidad de seguir sosteniendo el servicio, era totalmente inviable”, insistió el abogado.
“El tema Acevedo es muy grave, él tenía el servicio concesionado de las tres líneas e incluso por las 2 y 3 tenía contrato hasta el 2027, las expectativas eran de siete año más de concesión por lo que había hecho inversiones, había comprado unidades y hay que sumarles todas las consecuencias de habérsele desprendido de la concesión”, esgrimió Macayo.
“Las demandas para ser interpuestas deben tener un monto, esta demanda ronda los 350 millones de pesos y no es monto caprichoso”, sorprendió.
“Hay un estudio de contadores de Esquel que ha hecho un análisis muy pormenorizado de la situación de la empresa Acevedo y todas las consecuencias que tuvo, y ese dictamen le sirve de base a la demanda”, justificó Macayo.
“Esto excede a un abogado, por eso se ha requerido los servicios de especialistas contables que han evaluado sobre todo la tarifa. La famosa fórmula polinómica que presentó en su momento el concejal Filippini y que fue discutida y aceptada no se respetó jamás”, sentenció en el final.
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