El empresario y dirigente de ALFA, Mariano Retrivi, explicó su postura sobre la polémica aplicación del FAP en los principales puertos de Chubut. Lo calificó como un «impuesto extorsivo sin sentido» y consideró que es «anticonstitucional».
La discusión que gira en torno a la aplicación del Fondo Ambiental Provincial (FAP), el impuesto que comenzó a regir desde este martes en los principales puertos de Chubut, a excepción de Comodoro Rivadavia, continúa ganando opiniones en su contra por parte de los principales actores del sector pesquero. Luego de la tensa jornada que se vivió el lunes en Rawson, donde las cámaras empresarias y gremios en conjunto plantearon la necesidad de derogar de forma urgente la Ley I N° 620, el Gobierno provincial se habría comprometido a cursar hoy una nota a la Legislatura para pedirle a los diputados una sesión extraordinaria y así avanzar con la derogación del FAP. «A nosotros no nos consta», mencionó Mariano Retrivi, presidente de la cámara de Armadores Langostineros Federales Argentinos (ALFA), quien a su vez consideró que «el FAP distorsiona el desarrollo federal de la industria pesquera».
En diálogo con FM Del Viento, el empresario habló en profundidad del conflicto que mantiene encendidas las alarmas de la industria pesquera chubutense, el cual derivó en el cese de actividades por tiempo indeterminado de la flota amarilla de Rawson y la migración hacia otros puertos por parte de los fresqueros de altura. «Hemos participado de algunas reuniones en las que se habló de algún borrador, que estarían tratando de soslayar para destrabar este conflicto y encontrar algún tipo de solución, pero es más de lo mismo. A pesar de que modifiquen o deroguen este impuesto tienen que eliminar toda la deuda que se ha generado. Nadie está en condiciones de pagarla. Esperamos y aspiramos a que realmente eliminen y deroguen todo esto, para que se pueda desarrollar normalmente la actividad pesquera, como debe ser», indicó Retrivi.
En ese marco, el dirigente aseguró que desde la creación del gravamen portuario en 2018 hasta la actualidad, el sector pesquero en su conjunto se opuso al pago, argumentando que el mismo se excede en sus facultades, jurisdicción y que también decidió alcanzar a las embarcaciones que capturan langostino en aguas nacionales. «A partir de entonces todos nos hemos opuesto a este tributo porque modifica y distorsiona el desarrollo federal de la industria. Han decidido que si uno entra a determinados puertos debe dejar un impuesto, por más que la mercadería esté de tránsito, lo cual genera la decisión de no pasar por allí», explicó Retrivi, al tiempo que recalificó al FAP como «un impuesto extorsivo que no tiene ningún sentido», y que «busca morigerar un impacto ambiental que no existe«.
«La pesca requiere acompañamientos, en vez de palos en la rueda»
Consultado sobre la operatoria que los barcos fresqueros adoptaron a partir del fin de semana, cuando se conoció la novedad que este martes comenzaría a regir la Ley I N° 620, el presidente de ALFA dijo que algunos armadores optaron por descargar en puertos alternativos a los de Chubut. Es el caso de San Antonio Oeste y Este, en la provincia de Río Negro, como así también en Puerto Rosales, Bahía Blanca y Mar del Plata, ya en Buenos Aires y a mayor distancia de la zona de pesca. Sin embargo, Retrivi aclaró que gran parte de la mercadería que no se pudo desembarcar en Chubut regresa a la provincia por vía terrestre, con las complicaciones que ello representa en la calidad y costo final del marisco.
«A partir de esto los barcos harán menos mareas, navegarán mucho más tiempo, tendrán menos tiempo para pescar y nos perjudicaremos un poco todos. También va a perjudicar a la industria chubutense en el momento que haya que entrar el langostino por camiones desde otras provincias. Eso está ocurriendo; ayer se sacaron muchísimas guías de tránsito en la Provincia de Buenos Aires, producto de buques que entraron en Mar del Plata y que la mercadería salió por camiones para Chubut«, advirtió el armador.
«El SUPA, que inició una medida de fuerza, con buen criterio descargó los último buques porque saben que es mercadería perecedera y el daño sería mayor aún. No tiene sentido generar mayor daño al que está generando la propia ley».
Finalmente, el empresario volvió a plantear la presunta «inconstitucionalidad» del canon y resaltó que incluso algunas de las sanciones que se aplicaron en el último tiempo a buques de la flota amarilla llegaron a la instancia judicial. «Todos los casos en su gran mayoría están judicializados; se han presentado medidas de amparo e incluso la Corte Suprema tiene fallos a favor de que este tipo de impuestos son inconstitucionales, pero la Justicia es lenta. Por algún motivo y diversas gestiones del Ejecutivo de Chubut no se estaba cobrando el impuesto y se venía prometiendo el tratamiento del mismo, pero no se hacía. Cuando hace 72 horas el Gobierno decide que debe avanzar con esto, los barcos reaccionaron. Si lo quieren cobrar que lo cobren, nosotros nos iremos a otros puertos, como quizás haya algunos que entren igual y paguen el impuesto. Es muy extraño todo, algunos puertos sí, otros no…».