Para el abogado de Martín Sandoval, la jueza Ivana González incurrió en un error q la coloca en una de las causales de ser denunciada ante el Consejo de la Magistratura. «Permitirá incorporar prueba a la defensa cuando esa etapa concluyó».
Esta mañana habló el denunciante de la causa conocida como «Ñoquis Calientes», el contador Martín Sandoval, con FM EL CHUBUT sobre el pedido del abogado defensor del levantamiento del secreto bancario del acusador, como así también de Erica Paludi y Pamela Matamala.
«La verdad que el pedido nos sorprendió porque no se nos informó de esto», detalló Sandoval, ante la solicitud del abogado de Cecilia Torres Otarola a investigar sus movimientos bancarios.
Luego de q la jueza Ivana González ordenara levantar el secreto bancario de sus cuentas bancarias a partir de un pedido del abogado de la imputada y ex ministra. «Es un apriete para que no se denuncie corrupción», recalcó.
En el diálogo, se sumó el abogado del denunciante, quien indicó que «lo que plantea el colega de la defensa es incorporar pruebas en una etapa que ha precluido. Expone al Ministerio Público Fiscal en una situación distinta de un informe que no tiene la posibilidad de incorporar pruebas».
Según explicó Sandoval, «en su momento recibí ‘aprietes’ al momento de la denuncia. Hoy nos encontramos en esta situación, donde vemos el avance de la presentación de la defensa como un nuevo apriete».
Sobre el motivo del por qué el pedido del abogado defensor, el denunciante opinó que es «para tratar, quizás de que no declaremos o bajemos el tono al momento de llevar la declaración adelante».
La acusación
Presuntamente, la ex ministra de Familia y ex diputada provincial Cecilia Torres Otarola se quedaba con el dinero de sus asesores. Recordando que nombró en cargos a todo su entorno, hasta el jardinero y la niñera.
También nombró como asesor en Legislatura a una persona que estudiaba medicina en una facultad privada y nunca prestó servicios en el Poder Legislativo. Lo llamativo fue que la propia Torres Otarola había presentado un proyecto de ley para limitar a parientes en los ingresos a distintos cargos en la Provincia.