La Asociación Argentina de Fiscales manifiesta su preocupación por las manifestaciones expresadas en medios periodísticos y redes sociales tendientes a descalificar la actuación profesional de la Fiscal Florencia Gómez con motivo del proceso instruido por el incendio intencional de la legislatura provincial en el año 2019.
Afirmar falsedades como «…Este fallo condena al compañero Santiago Goodman en una causa ‘armada’ , con ‘espionaje ilegal…»1 o comunicar a la población que las medidas de fuerza tomadas por el gremio Ctera obedecen a la «criminalización de la protesta social» constituyen presiones indebidas tendientes a manipular la opinión pública, desacreditar a la justicia, y a doblegar e incidir sobre un pronunciamiento judicial que fue tramitado dentro de las reglas del debido proceso y con el respeto de las garantías judiciales.
Es preciso destacar que el objeto del proceso seguido al Sr. Goodman no tiene nada que ver con la legitimidad del reclamo, a punto que esta Asociación también ha reclamado en esos tiempos por el incumplimiento de las remuneraciones a miembros del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut, pero por vías legítimas.
La situación es particularmente grave porque además la Magistrada fue víctima de «escraches» con amenazas implícitas y veladas, y conforme nos relatara, no es la primera vez que «..estamos solos y expuestos constantemente a que nos agredan, e insulten..»
Es oportuno también señalar que la situación de los Fiscales en la Provincia de Chubut, por diversas causas entre las que se cuenta un erróneo diseño y distribución de los recursos del sistema judicial, vienen provocando la imposibilidad de cubrir los cargos vacantes, o de que sus integrantes prefieran migrar a la función jurisdiccional (Jueces) llegándose a verificar situaciones de sobrecarga de trabajo, o que deban realizar diligencias enfrentando complicaciones que afectan las «condiciones razonables de servicio».
Y en ese contexto, la manipulación de la opinión pública, direccionada malintencionadamente provoca un grave daño a un Ministerio Público Fiscal que ya venía desde antes necesitando de la atención y dedicación suficiente de los otros poderes del estado provincial.
La realización de medidas de fuerza como los paros docentes, con la consecuente suspensión de las clases, cuando son acompañados por explicaciones «tendenciosas y parciales» a los alumnos («se lo condenó por haber participado de una protesta social») -como nos han referido varias.
