Con el objetivo de «eficientizar» el funcionamiento del Estado y por la incidencia que tiene en materia fiscal, el Registro de la Propiedad Inmueble pasará a la órbita del Ministerio de Economía. Actualmente, funciona bajo la esfera de Cristian Ayala en la cartera de Gobierno y Justicia.
Metadata accedió al proyecto que diseño el Gobierno de Chubut y que lleva la firma de Arcioni, Ayala y una funcionaria de la cartera económica.
«Propiciamos la transferencia de competencias propias del Ministerio de Gobierno y Justicia a la órbita del Ministerio de Economía y Crédito Público, específicamente la referida a la registración de bienes inmuebles, los gravámenes que los afectan y del bien de familia», aleja el proyecto en los fundamentos.
Actualmente, el Registro de la Propiedad Inmueble tiene competencia en actos jurídicos como aquellos que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles situados en la provincia del Chubut, cualquiera fuese el lugar en que se otorgaren los actos jurídicos respectivos.
Asimismo, tiene injerencia en los actos en los que se dispongan embargos, inhibiciones y demás medidas cautelares sobre bienes inmuebles; como así también en los títulos de propiedad emitidos por la provincia y las municipalidades sobre tierras fiscales.
En este contexto, Arcioni consideró que las competencias bajo la órbita de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble «poseen íntima relación con las atribuidas a la Dirección General de Catastro e Información Territorial, dependiente del Ministerio de Economía y Crédito Público desde la sanción de la Ley I N° 566 el 03 de diciembre de 2015».
Asimismo, en los fundamentos, el gobernador señala que el Registro de la Propiedad Inmueble «contribuye al fisco provincial cumpliendo servicios retributivos», regulados por la Ley XXIV N° 99 (Ley de Obligaciones Tributarias), «con una recaudación anual aproximada de $ 60.000.000, por lo que resulta razonable que dichas funciones se lleven a cabo en el ámbito del Ministerio de Economía y Crédito Público, del cual depende directamente la Dirección General de Rentas».
En este escenario, manifiestan que por razones operativas de gobierno y a los fines de eficientizar los servicios que prestan a la comunidad las distintas reparticiones del Estado Provincial, «resulta necesario y oportuno disponer la transferencia de la competencia mencionada anteriormente».
