Dese el año pasado que la senadora está solicitando la presencia del Procurador de la Nación, Dr. Carlos Alberto Zannini, para que dé explicaciones ante la Cámara por el estado de las acusaciones contra el Estado Argentino, principalmente sobre el juicio por la estatización de YPF.
Ahora, con las sentencias millonarias ya declaradas, insiste en la necesidad que Zannini concurra al Congreso e informe sobre lo realizado y cuáles serán los próximos pasos del Estado ante estos fallos.
La legisladora detalló que la semana pasada un juez británico encontró culpable al Gobierno Argentino por la manipulación de datos del INDEC lo que implicó pagar menos dólares a bonistas de títulos que estaban atados al crecimiento del IPB. Esta sentencia condena al Estado Nacional a pagar una indemnización a cuatro fondos tenedores de los bonos de 1.330 millones de euros, unos 1.500 millones de dólares.
Precisamente sobre el juicio por la estatización de YPF, el año pasado la senadora Terenzi ya solicitaba la presencia del Procurador de la Nación, Dr. Carlos Alberto Zannini, para que dé explicaciones sobre el estado de las acusaciones de la causa Petersen Energía Inversora S.A.U. and Petersen Energía S.A.U. vs. República de Argentina e YPF S.A.
La convocatoria del Procurador de la Nación se fundamentaba en su rol como representante del Estado Nacional en juicios de relevante significación económica y abogado de la República Argentina ante organismos jurisdiccionales o arbitrales extranjeros. “Se quería conocer la estrategia legal y los pasos a seguir”, en esa demanda.
Recopiló la legisladora que en 2012 cuando el Estado intervino, “el grupo Petersen de la familia Eskenazi, perdió sus acciones y fue a la quiebra en España, donde estaba constituida la sociedad original que le compró las tenencias a Repsol. El fondo Burford adquirió los derechos de Petersen para litigar. Así en 2015 el grupo Petersen demandó al Estado Argentino y a YPF por incumplimiento”.
La Senadora de JxC-UCR planteó también una serie de “circunstancias que generan suspicacias” en relación al demandante, el fondo Burford.
Burford fue denunciado en 2019 por la agencia estadounidense Muddy Waters Research, que acusó a Burford de “fraude contable”. Entre los argumentos se destacaba especialmente que el negocio de la compañía se sustentaba sobre muy pocos casos y principalmente el que llevaba adelante contra la Argentina. Fue el mismo fondo que en 2010 adquirió del grupo Marsans, los derechos a litigar contra Argentina en un caso relacionado con la nacionalización de Aerolíneas Argentinas.