Sobre este contexto, en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz , Molina explicó que “con el descalabro económico ha producido un resquebrajamiento en lo que es los stock y las formas de conducirlos dentro de las farmacias. Los precios de los medicamentos están atados al dólar oficial, los insumos son producidos en el exterior y acá se ingresan a las laboratorios nacionales que producen los medicamentos”.
En este sentido, el presidente del Colegio de Farmacéuticos aclaró que “la devaluación del dólar ha producido un aumento de los medicamentos en general. Las farmacias no somos formadores de precios, sino que los impone el Estado que es lo que paga la seguridad social”.
“El sistema nuestro es social, la farmacia normalmente financia el valor del medicamento por intermedio de las obras sociales. Por ejemplo, el tema particular de PAMI, el afiliado llega a la farmacia y no paga nada. En este momento tenemos un problema financiero muy serio, en virtud de que tenemos un lapso a pagar a las droguerías de 15 o 21 días y las obras sociales nos pagan un determinada cantidad de días que supera eso”, sostuvo.
“Es un problema serio porque el costo financiero lo asumimos nosotros y no todas las farmacias tenemos la posibilidad de hacerlo, o hay una perdida de capital”, pero lo más serio viene con la obra social provincial, que esta “terriblemente atrasada con los pagos. Estamos cobrando recién mes de abril con ese precio”, indicó.
Y continuó: “Las farmacias estamos en un proceso de discusiones, porque evidentemente no nos da el cuero para sostener esta situación. Ya hay cortes de los medicamentos entregados del 100% de Seros, pero no porque no quieran entregar sino por defecto están cortados porque las droguería corta el servicio por falta de la cadena de pago”.
Siguiendo está línea, detalló que desde los que componen el Colegio Farmacéutico están previendo llegar a la decisión del corte de medicamentos financiados debido a que “tenemos 117 días de atraso en el pago. Estamos entregando una cierta cantidad de capital que después no podemos reponer”.
“Nosotros somos agentes sanitarios, y nos preocupa sobremanera que la persona que llega a la farmacia solucione su problema llevándose el medicamento que necesita. Pero por ahí nos vemos imposibilitados por una cuestión financiera”, puntualizó.
Finalmente, señaló que los intermediarios deben cumplir con las obligaciones y que ese es el problema de fondo: “Es un contrato, en el caso particular de la obra social provincial donde tenía que entregar hace 60 días, que ya quedaba totalmente obsoleto por la inflación galopante, ahora estamos duplicando los días que se tendrían que haber pagado. En este contexto, salimos todos perjudicados, sobre todo el asalariado”.
