El Ministerio de Seguridad montó un megaoperativo con cuatro fuerzas federales para custodiar el debate en el Senado por la reforma laboral. Aplicará el Protocolo Antipiquetes, pese a que la Justicia ya lo declaró nulo.
Este miércoles 11 de febrero, el Congreso de la Nación será el epicentro de una jornada de alta tensión política y social. Mientras los senadores debaten el proyecto de modernización laboral impulsado por La Libertad Avanza, el Gobierno dispuso un despliegue sin precedentes de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Según Noticias Argentinas, la ministra Alejandra Monteoliva ordenó aplicar el Protocolo Antipiquetes a pesar de que la Justicia Federal declaró su nulidad. Desde la cartera justificaron la medida argumentando que se busca «garantizar la libre circulación» de los ciudadanos.
El dispositivo: vallado, cortes y accesos controlados
El operativo tiene varios frentes. El primero es el perímetro del Palacio Legislativo, donde ya se instaló el sistema de vallado que suele utilizarse los miércoles durante las marchas de los jubilados. Las calles afectadas incluyen Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Avenida Entre Ríos, Callao y Riobamba.
El segundo frente es estratégico y preventivo. Las fuerzas federales montaron controles en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires para monitorear y, eventualmente, demorar la llegada de las columnas de los gremios convocantes. Entre las organizaciones que anunciaron movilización se encuentran los sindicatos nucleados en la CGT, las dos CTA, ATE, UOCRA y la UOM, entre otros.
Recomendaciones y una advertencia judicial desoída
Las autoridades recomendaron evitar la zona durante toda la jornada debido a las complicaciones de tránsito, la alta concentración de efectivos y la llegada de manifestantes. La decisión de aplicar el Protocolo Antipiquetes agrega un componente de controversia jurídica a una jornada ya de por sí compleja.
La Justicia Federal ya había declarado la nulidad del protocolo en instancias anteriores, pero el Gobierno decidió ignorar ese fallo y aplicarlo igual. Esto abre un nuevo frente de tensión, no solo con los manifestantes, sino también con el Poder Judicial. El Congreso se convierte así en un escenario donde se cruzan la batalla legislativa por la reforma, la protesta social y una medida de seguridad bajo cuestionamiento legal.