Han pasado tres años desde aquel 19 de mayo en el que la policía descubrió una verdadera plantación de marihuana en el patio de un chalet de la zona sur de Trelew lindante a una escuela. Allí habían acondicionado un lugar para “el acopio, la siembra, el cultivo y la cosecha” de la droga y en esa propiedad residían los hijos y la ex mujer del millonario sindicalista Héctor “El Gordo” González por lo que terminaron involucrados en una causa penal por narcotráfico. Pero, ¿qué paso al final con ese caso? ¿Es cierto que por la llamativa injerencia de un fiscal quedó todo en la nada? Hasta el día de hoy la ciudadanía chubutense desconoce si se hizo justicia o no.
Cualquiera en el lugar de la familia de González ya hubiera sido enjuiciado y estaría encerrado en el penal de Rawson cumpliendo una condena a varios años de cárcel.
El sindicalista Héctor González, además de ser el máximo responsable del gremio de “Luz y Fuerza” de la Patagonia; es dueño de varias propiedades, campos, del diario Jornada de Trelew y de una cadena de radios de frecuencia modulada desparramadas por distintos lugares de la provincia.
¿Habrá sido ese poder, del que sabe alardear González entre los de su cercano entorno, el que habría usado para evitar que su ex pareja y sus hijos terminasen en prisión? ¿Será cierto que apelando a sus influencias habría llegado hasta altísimos estamentos del Gobierno nacional para que el caso nunca llegue a juicio?
La verdad ante estos y otros interrogantes –por ahora– está censurada por la Justicia Federal de Chubut. ¿Qué será de la vida del fiscal mediático, que comportándose como un abogado defensor habría pedido la nulidad del proceso penal contra los González basándose en un supuesto error cometido en el allanamiento con el que descubrieron “el bosque de marihuana”?
Una vez más. Cualquiera en el lugar de estas personas estaría en la cárcel y condenado también socialmente como narcotraficante. El diario Jornada incluso lo hubiese “escrachado”.
Hasta lo que pudo investigar Cholila Onlive -–de esto hace más de un año– la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia tenía que resolver si le daba la razón o no al fiscal que solicitaba la nulidad –supuestamente—de todo lo actuado. Y si los jueces creían que era justo lo que planteaba el acusador Alicia Consuelo Rivas, la ex pareja de Héctor González y Juan Manuel González, uno de sus hijos; no irían a juicio por los casi 15 kilos de marihuana que aquel 19 de mayo de 2020 la policía les encontró en el domicilio.
Ya parecía extrañísimo que el fiscal recién después de un año hubiera encontrado un error en el procedimiento policial y justo cuando la causa estaba por ser elevada a juicio oral y público.
También era raro, inquietante y a su vez sugestivo que no le haya iniciado una investigación al entonces ministro de Seguridad de la provincia por haberlo llamado por teléfono al “Gordo” González, para avisarle que iban camino a hacer el allanamiento en lo que él creía que era la casa del sindicalista.
A Massoni deberían haberlo llevado a la Justicia imputado de entorpecer u obstruir una diligencia judicial y el fiscal federal que pedía la nulidad del procedimiento se hizo el distraído, pese a que fue el mismo González quien tiempo después reveló públicamente que Massoni lo había llamado, en una entrevista que le hicieron en una radio de Comodoro.
“El Gordo” vivió muchos años en la mansión de la calle Cangallo al 100 donde encontraron la plantación de marihuana y se trasladó a otra propiedad cuando se separó de la mujer, pero seguían yendo a ese lugar y hasta tenia pertenencias ahí; es por eso que se llegó a especular en su momento de que iba a ser otro de los involucrados en la causa.
El sindicalista lucifuercista –ahora devenido en empresario de medios— ni siquiera fue llamado a declarar como testigo y el juez ni lo mencionó en el procesamiento que le terminó dictando a su ex y a uno de sus hijos.
A madre e hijo el magistrado les terminó atribuyendo una sucesión de graves delitos relacionados al narcotráfico y un “ejercicio ilegal de la medicina” porque al parecer al vender aceite de Cannabis les daban consejos o indicaciones de cómo usarlo a los clientes que les iban a comprar.
Aquel 19 de mayo de 2020 en un procedimiento que empezó antes del mediodía y culminó casi a la noche, la policía allanó la propiedad de los González, situada al sur de Trelew, en un chalet de la calle Cangallo al 100 – a metros de una escuela– y secuestró un total de “14 kilos de marihuana” con los que –según un peritaje– podrían prepararse 29.270 cigarrillos o porros” y representarían la cantidad de 167.240 dosis de umbrales de tetrahidrocannabinol (THC); el componente psicoactivo que tiene la droga y que la hace sustancia alucinógena prohibida por la Ley”.
Además se supo que el lugar había sido acondicionado para el acopio, la siembra, el cultivo y la cosecha de marihuana, y que la policía también encontró más de una decena de cactus “San Pedro”; una especie de la que –al igual que el cannabis– se extrae una sustancia altamente alucinógena.
Por esa razón fue que el juez Federal de Rawson Gustavo Lleral procesó a la ex mujer del sindicalista González y a uno de sus hijos, extrañamente sin ponerlos en prisión, por “cultivo de plantas destinadas a la producción de estupefacientes. Elaboración de estupefacientes. Almacenamiento y/o guardado de semillas utilizables para la elaboración de estupefacientes”; todo ello agravado por haberse cometido en las inmediaciones de un establecimiento educativo. Y también les atribuyó en el mismo procesamiento, el delito de “ejercicio ilegal del arte de curar”. Todo en concurso real.
La familia del “Gordo” González tenía en el patio principal de la casa más de un centenar de plantas de “cannabis sativa”, de más de un metro y medio de altura, el juez los consideró narcotraficantes y hoy de esa causa no se sabe absolutamente nada. Uno pregunta en la Justicia Federal y el mutismo al respecto protege a los supuestos narco que –aparentemente—vendían droga (marihuana) a metros de un establecimiento educativo.
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