La mujer les recetaba aceite de cannabis a aquellas personas que la consultaban por alguna dolencia y obviamente cobraba. Ella y sus dos hijos en esa mansión de la zona sur de Trelew en donde supo vivir su ex, el millonario gremialista Héctor Rubén González; tenían una estructura pensada para “sembrar, cultivar y cosechar marihuana con fines de comercialización para producir droga”.
Así lo entendió el juez que en las últimas horas procesó, sin prisión preventiva, pero con un embargo millonario sobre sus bienes a la ex pareja de González y solo a uno de sus hijos. Al otro, le dictó la “falta de mérito” y ordenó que le hagan un estudio psicofísico para saber si tiene algún problema que no le permita comprender en lo que está involucrado.
A los González les incautaron un total de “14 kilos de marihuana”, en aquel allanamiento que les hizo la policía el 19 de mayo, cuando descubrieron que en el lujoso chalet donde viven tenían un verdadero “bosque de cannabis” en un patio cerrado, vecino a una escuela primaria.
Según un perito que actuó en la causa, con esos 14 kilos “podrían prepararse 29.270 cigarrillos o porros” y representarían la cantidad de 167.240 dosis de umbrales de tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo que tiene la droga y que la hace sustancia alucinógena.
“En definitiva, –dice el juez en su resolución–, sólo cabe añadir que la envergadura y la disposición de las plantas de cannabis sativa en prácticamente todos los ambientes del domicilio que ocupaban los imputados, representa indicios incuestionables de que las mismas eran mantenidas desde antiguo en el lugar y recibían los cuidados de los responsables de la finca”.
“Además, –agrega– los elementos reunidos en el expediente confirman, con el grado de probabilidad exigido por esta instancia del proceso, que de esas plantas se obtenían los estupefacientes que los imputados suministraban a terceros y que ellos mismos consumían, cosecha y procesamiento mediantes”.
Los cargos por los cuales el magistrado resuelve el procesamiento de uno de los hijos y la ex pareja del sindicalista y ahora dueño del diario Jornada de Trelew, Héctor González, forman parte de una verdadera concatenación de delitos.
Lleral les atribuye “cultivo de plantas destinadas a la producción de estupefacientes”, pero a raíz de una sumatoria de figuras delictivas que tienen que ver con el narcotráfico y que son: “cultivo de plantas destinadas a la producción de estupefacientes”, “elaboración de estupefacientes”, “almacenamiento y/o guardado de semillas utilizables para la elaboración de estupefacientes”, todo ello agravado por haberse cometido en las inmediaciones de un establecimiento educativo, y del delito de “ejercicio ilegal de un arte de curar”, todo en concurso real.
Si esta gente fuera sometida hoy a juicio y los hallaran culpable de esta sucesión de delitos irían más de 10 años a la cárcel.
En ese sentido, Alicia Consuelo Rivas y Juan Manuel González Rivas han sido procesados sin prisión preventiva, pero con embargos millonarios que son de 1.800.000 pesos, para la exmujer de González y de 1.000.000 para el hijo.
En cuanto al tercer miembro de la familia, a Facundo Jesús González Rivas, el otro hijo del millonario sindicalista, el magistrado tenía muchas dudas sobre si comprendía la criminalidad de los hechos que se les ha atribuido en el proceso judicial y fue por eso que mando a que se le hiciera una pericia psicofísica.
Tanto la mujer como el hijo con el que fue procesada van a tener que cumplir con una serie de pautas que les ha fijado el juez, de lo contrario irán a la cárcel. Una, es no moverse del domicilio que han denunciado sin autorización del magistrado, y no meterse en problemas.
Con respecto a los otros cinco imputados que habían sido sumados a la causa en las últimas semanas, a todos, el juez Gustavo Lleral les dictó la falta de mérito. Uno era un muchacho al que los González habían contratado por hacer trabajos de mantenimiento en la imponente propiedad, otros tres, miembros de una cooperativa que presuntamente venían haciendo negocios con ellos y el quinto un técnico en electromecánica que les arreglaba los problemas con la electricidad, que –por otro parte—era sumamente necesaria para esa estructura que habían montado en gran parte de la casa.
Se presume que el abogado de los González, Federico Ruffa va a apelar y que buscara por todos los medios que sus defendidos no lleguen a juicio.
