Con bastante anticipación a las PASO, una de las cuestiones -junto con los temas económicos- que las principales espadas de La Libertad Avanza (LLA) esgrimieron con claridad guardaron directa relación con las áreas de Defensa y Seguridad.
Victoria Villarruel, actual vicepresidente electa, trabaja en cuestiones relacionadas con estas áreas desde hace mas de 20 años. Si bien cobro notoriedad por su encendida defensa de la idea de ejercer una memoria completa sobre los hechos acaecidos en el país durante la década del 70, es una profunda conocedora del mundo militar por lo que el líder libertario le encomendó la tarea.
En este punto y tal como se ha podido vislumbrar en las últimas declaraciones de Villarruel, su rol a partir del 10 de diciembre no será el de una “superintendente” de la Defensa, ya que el único responsable formal del sector es el Presidente de la Nación en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA). “Vamos a escucharla claramente, pero la decisión en materia de seguridad y defensa corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo Nacional (PEN)”, señalaron desde el entorno de Milei a este medio.
Muchos de los esbozos que para el sector militar maneja el equipo de LLA coinciden con los lineamientos que los lugartenientes de Patricia Bullrich habían perfilado para el caso que la ex ministra de Seguridad alcanzara la primera magistratura.
Primeros lineamientos
Como en el resto de las áreas, y bajo la premisa de que “esta vez el ajuste lo hace la política”, desaparecerán de la estructura de la cartera una buena cantidad de secretarias, subsecretarias y direcciones que se han ido sumando a lo largo de los últimos 20 años. “Cuando estaba en actividad el ministerio tenía 150 empleados civiles y el resto era personal militar, ahora hay más de 3000″, reconoció un general que aporta su experiencia al grupo de asesores.
Infobae pudo saber, además, que se pondrá el ojo en sectores periféricos del área entre los que se encuentran las que integran la llamada “producción para la defensa”. Empresas tales como FAdeA, COVIARA, TANDANOR, Fabricaciones Militares y otras serán auditadas en tres aspectos, cantidad de personal, productividad y necesidad. “Se tendrá en cuenta no necesariamente si dan o no ganancias sino más bien si resulta más conveniente tenerlas dentro del ministerio o no”. Indicaron las fuentes consultadas por este medio.
Asimismo, servicios tales como Hidrografía Naval, Servicio Meteorológico e Instituto Geográfico Nacional, podrían ser migrados hacía un área más relacionada con la ciencia que con el mundo militar. “No vemos por qué el pronóstico del tiempo, dar la hora oficial o confeccionar los mapas o cartas náuticas debe estar bajo la órbita de Defensa”, sostuvieron desde el círculo cercano al referente libertario.
Otro aspecto sobre el que ya se había puesto el ojo durante la gestión de Mauricio Macri guarda relación con la gran cantidad de inmuebles y campos que se encuentran en el patrimonio de las Fuerzas Armadas. En este punto podría existir algún conflicto de intereses con las propias instituciones armadas, ya que tradicionalmente estos bienes son usufructuados por las mismas para obtener recursos presupuestarios adicionales. En tal sentido, los militares consultados dicen que “durante la gestión de Macri hubo una intención de vender edificios y campos, pero la crisis del San Juan suspendió los planes”. Y en esa línea, agregaron: “El problema con vender las propiedades fiscales de las FFAA es que con el actual sistema el producido de las mismas pasa a rentas generales y no al sector, antes de encarar un plan de ese tipo habría que reformar la legislación vigente”.