Segmento tangonero congelador. La crisis en el sector pesquero se agudiza con una escalada de tensiones entre empresarios y gremios, mientras la rentabilidad y los derechos laborales se enfrentan en un escenario de incertidumbre.
La falta de diálogo y el conflicto dialéctico ponen en riesgo la actividad y el empleo, según publicó Pescare.
La actividad pesquera, piedra angular de un complejo entramado económico y social, atraviesa en la actualidad un momento de profunda turbulencia. El escenario del langostino entero congelado a bordo, es decir, en la flota tangonera congeladora, lejos de perfilarse hacia una resolución armoniosa, se ve ensombrecido por una creciente escalada discursiva entre los sectores y actores involucrados, cuyos intereses en pugna parecen irreconciliables. La confrontación entre empresarios y gremios no solo evidencia la dificultad de encontrar consensos, sino que además sumerge al sector en un laberinto de incertidumbre que amenaza con profundizar la crisis.
Las posiciones, férreamente sostenidas por cada parte, denotan la gravedad de un conflicto que trasciende lo coyuntural y se instala como una disputa estructural sobre la sostenibilidad del modelo vigente. Mientras que la rentabilidad empresarial esgrimida como razón innegociable para la inactividad del sector congelador tangonero encuentra su contrapeso en la legítima defensa gremial de los derechos laborales, el tiempo avanza inexorablemente, reduciendo las posibilidades de una solución equitativa.
En este escenario de tensiones crecientes, donde la zafra “al norte” parece irremediablemente comprometida y el panorama en la apertura de aguas nacionales no ofrece mayores certezas, la falta de diálogo constructivo agrava una situación que exige altura política y estratégica para evitar un desenlace desfavorable para todas las partes. La economía de la región, dependiente en gran medida de esta actividad, observa con inquietud el devenir de los acontecimientos, mientras la confrontación dialéctica se impone como un obstáculo que aleja, cada vez más, la posibilidad de un equilibrio que haga honor al bien común.
Con este marco, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), a través de su secretario general, Raúl Omar Durdos, expresó un enérgico repudio a las declaraciones vertidas en redes sociales por el presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano que son de público conocimiento.
En su comunicado, Durdos calificó los dichos del empresario como «lamentables, repudiables e injuriosos«.
El conflicto se desató luego de que Álvarez Castellano utilizara términos despectivos como «matones» para referirse a dirigentes sindicales, además de sugerir supuestos negocios personales sin identificar a los responsables. Desde el SOMU, se rechazaron categóricamente estas afirmaciones y se exigió que, en caso de existir tales acusaciones, sean acompañadas por pruebas y denuncias judiciales pertinentes.
Durdos destacó que la conducción del SOMU «no promueve ni avala ningún acto de violencia » y que su gestión siempre se ha basado en el respeto, el diálogo y el consenso con las cámaras empresariales. «Hemos logrado convenios colectivos de trabajo y acuerdos paritarios en un ambiente de libre negociación«, subrayó el dirigente sindical.
En otro tramo del comunicado, el secretario general del SOMU dejó en claro que el sindicato no firmará acuerdos que perjudiquen los derechos laborales de los trabajadores. «Si existe alguna cuestión económica temporal, eso es lo que en materia laboral se llama riesgo empresario. Pero cuando la actividad genera exorbitantes ganancias, los empresarios no pretenden compartirlas con los trabajadores«, afirmó Durdos, en alusión a los reiterados intentos del sector empresarial de trasladar el impacto de las crisis a los empleados.
Finalmente, el sindicato consideró «insultante y cuasi delictual » la actitud provocadora de Álvarez Castellano, quien habría utilizado expresiones que recuerdan prácticas de la última dictadura militar, desafiando abiertamente al gremio con frases como: «Si no les gusta, vengan por mí, los espero».
Desde el SOMU ratificaron su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores marítimos y advirtieron que no tolerarán agravios ni intentos de deslegitimar su lucha gremial.
En fin, posturas que alientan a la disolución de toda estructura mediadora para encontrar una solución, por hoy, como se ve, por demás alejada de la realidad.
Apagar un incendio echando leña al fuego es una paradoja insostenible, y sin embargo, esa parece ser la dinámica que impera en la actual encrucijada del sector pesquero. Sumido en un laberinto de incertidumbres, donde los precios y la demanda internacional dictan las reglas del juego mientras las variables internas agravan el desequilibrio, la actividad se enfrenta a una ecuación cuya resolución exige una perspectiva de mayor alcance y racionalidad estratégica.
El problema ha sido planteado con claridad meridiana, pero las respuestas solo emergerán cuando el sector del congelado a bordo, tras la inminente prospección en aguas nacionales dentro de la Zona de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (ZVPJM), operada exclusivamente por la flota fresquera como en 2020, enfrente la ineludible realidad de su propia viabilidad. En este contexto, los números en rojo no solo desincentivan la inversión y el crecimiento, sino que además socavan la estructura misma del empleo y la producción. Sin rentabilidad, la única senda posible conduce a la parálisis de la actividad y al deterioro del tejido laboral, un desenlace que ningún sector puede permitirse ignorar.
