La compañía agroindustrial Vicentin sufrió otro duro golpe en su derrotero judicial ya que se ordenó la intervención de su órgano de administración, suspendiendo en forma provisoria los mandatos del actual directorio y designando en su lugar a dos interventores judiciales, quienes asumirán el control total de la firma durante 120 días hábiles. Se trata de Andrés Shocrón y de Guillermo Nudemberg, quienes hasta el momento se desempeñaban como veedores del proceso.
La resolución, firmada por el juez Fabián Lorenzini, señala que la empresa no tiene caja, acumula una deuda posconcursal superior a los $30.000 millones y sus principales plantas industriales fueron cerradas por decisión de sus directivos.
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«La Justicia concursal no ha sido pensada para gerenciar empresas, pero resulta necesario intervenir para prevenir daños mayores», planteó el magistrado.
La intervención, que fue dispuesta en los términos del artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras, busca evitar la «aniquilación total de la actividad productiva», así como también proteger «una empresa económicamente viable». En ese marco, la resolución fija tres objetivos centrales: prevención del daño en curso, protección efectiva de la empresa y anticipación ante una eventual quiebra liquidativa, reseñó BAE Negocios.
El magistrado también dictó una medida inhibitoria anticautelar, ordenando que los proveedores no puedan cortar servicios esenciales como electricidad, gas, seguridad o transporte e incluso dispuso el restablecimiento de los que ya hayan sido interrumpidos. La medida, que también alcanza a organismos estatales como ARCA y los gobiernos municipales, aunque no impide el inicio de ejecuciones suspende medidas cautelares que afecten el giro operativo.
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Los directivos Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain quedaron suspendidos sin goce de sueldo y deberán colaborar con los nuevos interventores. Estos, por su parte, tienen un plazo de diez días para presentar un plan de trabajo, identificar áreas críticas, convocar equipos de gestión y articular con la sindicatura y acreedores.
La medida se fundamenta en la inacción del directorio ante el agravamiento de la crisis, la falta de propuestas para revertir la situación y la decisión unilateral de cerrar las plantas ubicadas en Ricardone, Avellaneda y San Lorenzo sin prever medidas alternativas. «El actual directorio naturalizó la parálisis societaria, abrazando como única certeza la espera pasiva de un salvataje», sostiene la resolución.