En Puerto Madryn comenzó un proceso judicial que podría sentar un precedente importante en materia de delitos ambientales en la Patagonia. Dos directivos de la empresa pesquera Conarpesa enfrentan acusaciones por el presunto vertido clandestino de residuos sin tratar al mar, lo que habría generado un grave impacto en el Golfo Nuevo.
La Fiscalía sostiene que los imputados conocían la existencia de un bypass ilegal para descargar efluentes con niveles de contaminación miles de veces superiores a los permitidos. Los hechos, registrados en 2020 y documentados con pruebas audiovisuales y peritajes, colocan en el centro del debate la responsabilidad empresarial en la preservación de los ecosistemas costeros.
Un proceso judicial con alto impacto ambiental
El juicio oral comenzó este lunes a las 8:30 en los tribunales de Puerto Madryn, bajo la presidencia de la jueza Patricia Reyes. En el banquillo se encuentran Nadine Parry, gerenta de planta, y Brahim Yoosef Vargas, encargado del tratamiento de efluentes. El Ministerio Público Fiscal, representado por Alex Williams y Florencia Bianchi, de la Agencia Especial de Delitos Ambientales, busca demostrar que ambos autorizaron y coordinaron el vertido ilegal de desechos de langostino sin tratamiento al Golfo Nuevo.
La defensa, encabezada por el abogado Luis Novoa, niega la existencia de cañerías clandestinas y asegura que la inocencia de sus defendidos quedará probada durante el debate. Sin embargo, la fiscalía lo acusa de dilatar el inicio del proceso con excusas y de presentar argumentos poco sólidos.
El origen de la causa y las pruebas
La investigación se inició en 2020, cuando un video viral mostró un líquido rosado y con fuerte olor fluyendo desde el Parque Industrial Pesquero hacia el mar. Inspecciones posteriores de criminalística, autoridades ambientales y científicos del CENPAT-CONICET hallaron una conexión oculta que derivaba directamente al sistema troncal de desagüe. Al cortar la tubería cementada con maquinaria pesada, el vertido se detuvo inmediatamente, confirmando su origen en la planta de Conarpesa.
Los análisis de laboratorio detectaron presencia de Escherichia coli hasta 2.000 veces por encima del límite legal. Mensajes extraídos de los teléfonos de los acusados revelaron advertencias internas como: “ya no podemos tirar por el bypass” y “las dos salidas están cerradas”, lo que para la Fiscalía prueba conocimiento y coordinación en la maniobra.
Lo que está en juego
Para el fiscal Williams, “había plena conciencia de lo que estaban haciendo y por eso se hacía de forma oculta, sin dejar registros”. Si se confirma la culpabilidad, Conarpesa podría recibir sanciones como persona jurídica, además de las penas previstas por la ley de delitos contra la salud pública.
Según Canal 12, este juicio no solo busca establecer responsabilidades penales, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de proteger el medio ambiente en zonas de alto valor ecológico como el Golfo Nuevo.