El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn presentó una impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia contra la resolución que absolvió a dos acusados por contaminación ambiental en el Golfo Nuevo. La medida, encabezada por el fiscal jefe Alex Williams y la fiscal general María Florencia Bianchi, busca revertir el fallo dictado por la jueza Patricia Reyes el pasado 25 de agosto.
Los imputados, Nadine Parry y Josep Vargas, habían sido investigados por su presunta responsabilidad en un sistema clandestino de vuelco de efluentes industriales sin tratamiento al mar. La jueza los absolvió, pero la Fiscalía sostiene que la sentencia contiene errores de derecho, motivación insuficiente y contradicciones que la vuelven arbitraria.
Ministerio Público Fiscal apeló la absolución en la causa por contaminación ambiental
De acuerdo con LU17. La investigación había reunido pruebas sobre el volcado ilegal de líquidos provenientes del lavado de materia prima durante al menos dos jornadas de febrero de 2023. Los análisis técnicos confirmaron que las muestras de agua superaban de manera alarmante los valores permitidos: mientras la norma fija un máximo de 50 mg por litro de materia orgánica, las mediciones arrojaron más de 1.500 mg por litro.
Para la Fiscalía, el fallo absolutorio se basó en la supuesta variación de la acusación durante el juicio, lo que, según la jueza, vulneraba el derecho de defensa. Los fiscales niegan esa interpretación y remarcan que el hecho atribuido se mantuvo inalterado desde el inicio del proceso: el vertido de efluentes crudos al mar mediante un bypass oculto.
En este punto, Williams y Bianchi señalaron que durante el alegato quedó claramente establecido que la única conclusión válida era que existía un sistema de vuelco clandestino. “La única conclusión lógica, válida, que se puede arribar es que se había dispuesto exactamente un sistema de vuelco de líquido sin tratar al mar proveniente del lavado de la materia prima”, remarcaron en su presentación.
Otro de los fundamentos de la impugnación apunta a la falta de una motivación sólida en la sentencia. Los fiscales cuestionaron que el fallo se apoye en argumentos meramente formales y que se encuentre plagado de apreciaciones subjetivas y adjetivaciones, impropias de un magistrado que debe actuar con imparcialidad.
Además, la Fiscalía subrayó la dimensión ambiental y de derechos humanos del caso. Recordaron que los delitos ambientales afectan derechos esenciales como la salud y la vida, citando precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y disposiciones del Acuerdo de Escazú.
El recurso plantea que el Estado debe garantizar no solo el acceso a la justicia, sino también la sanción efectiva de quienes provocan daños al ambiente. En este marco, los fiscales remarcaron la relevancia colectiva del proceso, que excede la situación individual de los acusados.
La solicitud presentada ante el Superior Tribunal busca que se anule la sentencia absolutoria y se ordene un nuevo juicio oral. De forma preventiva, la Fiscalía también efectuó la reserva de caso federal, lo que le permitiría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si fuese necesario.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut tendrá ahora la responsabilidad de analizar el recurso y definir si corresponde avanzar hacia un nuevo debate. La decisión marcará un antecedente importante en materia de delitos ambientales y en la interpretación judicial sobre el derecho a un ambiente sano.
