Bajo intensa presión del Capitolio para proporcionar una justificación legal para la muerte sin precedentes de 11 presuntos narcotraficantes por parte las fuerzas estadounidenses.
La administración Trump hasta ahora ha eludido a los legisladores y ha proporcionado una mezcolanza de justificaciones públicas que plantean serias preguntas sobre la legalidad del ataque, dicen expertos legales y fuentes del Congreso.
Expertos se muestran escépticos sobre la legalidad del ataque de Trump a un supuesto barco con drogas
De acuerdo con CNN. El Departamento de Defensa canceló abruptamente el viernes las sesiones informativas clasificadas que tenía previstas por la mañana.
Para varios comités clave de la Cámara de Representantes y el Senado, según informaron a CNN dos personas familiarizadas con el asunto.
Legisladores y personal esperaban hacer preguntas a los funcionarios sobre la justificación legal del ataque, e incluso obtener detalles básicos como qué unidad militar lo llevó a cabo.
Qué tipo de munición se utilizó y el tipo de recopilación de inteligencia que se utilizó para determinar la identidad e intenciones de quienes estaban a bordo.
En términos generales, los funcionarios del Gobierno han tratado de argumentar que las 11 personas que estaban a bordo de una lancha rápida que Estados Unidos hizo estallar en aguas internacionales del Caribe.
Esta semana eran objetivos militares legítimos porque eran miembros de una banda criminal venezolana poco organizada llamada Tren de Aragua, a la que Estados Unidos ha designado como una organización terrorista.
EL ATAQUE
“El ataque fue el resultado obvio de designarlos como organización terrorista”, dijo una persona familiarizada con el pensamiento del Pentágono.
“Si hubiera un barco lleno de combatientes de Al Qaeda contrabandeando explosivos hacia Estados Unidos, ¿alguien se haría esta pregunta?”
Sin embargo, en 2001, el Congreso determinó explícitamente que Estados Unidos estaba en guerra con Al Qaeda.
Clasificándolos oficialmente como combatientes a quienes Estados Unidos tiene permitido matar legalmente, tanto en virtud del derecho nacional como del internacional.
No ha hecho lo mismo con Tren de Aragua. La designación del grupo como organización terrorista extranjera (OTE) según la legislación estadounidense.
Otorga al presidente la autoridad para imponer sanciones económicas y legales, pero no autoriza automáticamente el uso de fuerza letal.
El presidente tiene la autoridad, bajo el Artículo II de la Constitución, de usar la fuerza militar cuando sea en beneficio de la nación y cuando no constituya una “guerra” en el sentido constitucional, lo cual requiere una ley del Congreso.
Gobiernos anteriores han interpretado estas normas de forma bastante amplia, especialmente en la guerra que duró décadas contra Al Qaeda, ISIS y otros grupos terroristas islamistas en desarrollo,
Y funcionarios de Trump también han dicho que el presidente estaba ejerciendo sus facultades inherentes al Artículo II en este caso.
Pero, de nuevo, según los expertos legales, existe un problema: ese poder amorfo aún requiere que el presidente demuestre que sus objetivos son objetivos militares legítimos que deben ser tratados como combatientes según el derecho internacional y nacional.
Tradicionalmente, los miembros de los cárteles y los narcotraficantes han sido tratados como criminales con derecho al debido proceso –no como combatientes enemigos.
Y la administración Trump aún no ha ofrecido una justificación más allá de la defensa de la FTO, alegando que se encuentra en un estado de conflicto armado con el Tren de Aragua.
TRUMP ENVIO UNA CARTA
El viernes, Trump envió una carta al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al senador republicano Chuck Grassley, presidente interino del Senado, notificando formalmente al Congreso sobre el ataque.
Sin embargo, ofreció pocos detalles más allá de una vaga declaración de su autoridad amparada por el Artículo II.
De hecho, no mencionó al Tren de Aragua como objetivo, según una copia de la carta obtenida por CNN.
Dijo que las fuerzas estaban “preparadas para llevar a cabo nuevas operaciones militares”, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios han indicado que tienen intención de hacer.
Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo en una declaración que “el ataque fue totalmente coherente con el derecho de los conflictos armados”, sugiriendo que la administración quiere que las reglas de tiempos de guerra se apliquen al grupo.
“Son puras exageraciones legales”, dijo Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado especializado en cuestiones de poderes de guerra.
“Están usando muchas palabras que no necesariamente concuerdan ni constituyen una justificación legal coherente”.
Pocos detalles sobre las personas fallecidas
Incluso si la acción tomada contra las 11 personas en el barco constituyera un ataque contra un grupo con el cual Estados Unidos estaba involucrado en un conflicto armado.
Hay otras cuestiones legales y contradicciones dentro del relato público del Gobierno sobre el episodio.
Finucane y otros señalaron la admisión de Rubio de que el barco podría haber sido interceptado en lugar de destruido.
Como se ha hecho en el pasado, pero que el presidente ordenó un ataque letal como primer recurso, no último.
“Eso delata la situación”, dijo un exabogado del Pentágono que dejó el Gobierno hace poco.
“Cualquier argumento mínimamente plausible a favor de la autoridad inherente del comandante en jefe para emprender acciones militares requeriría demostrar que no existía una alternativa a la fuerza letal”.
CARTA AL CONGRESO
Trump, en su carta al Congreso, también dijo que la administración actuó en defensa propia debido a “la incapacidad o falta de voluntad de algunos estados de la región para abordar la continua amenaza a las personas.
E intereses de Estados Unidos que emana de sus territorios”, un lenguaje que hace eco de algunas justificaciones clave para el uso de la fuerza bajo el derecho internacional.
Pero, dijo el mismo exabogado defensor, según la Carta de las Naciones Unidas que establece las reglas internacionales de la guerra, para reclamar una acción defensiva “hay que demostrar que fue necesaria y proporcionada”.
“Si estás admitiendo que podrías haber interceptado, ¿cómo fue necesario hacer una explosión?”, dijo esta persona.
Y quizás lo más importante, dijeron expertos y asesores del Congreso, es que hasta ahora la administración ha proporcionado pocos detalles fácticos.
Sobre las 11 personas en el barco que respalden su evaluación de que eran un objetivo militar legítimo.
RUBIO Y TRUMP
Rubio y Trump ofrecieron evaluaciones contradictorias sobre el rumbo del barco: Rubio inicialmente dijo que las presuntas drogas a bordo “probablemente” se dirigían a Trinidad.
U otro país caribeño, mientras que Trump afirmó que el barco se dirigía a Estados Unidos.
Rubio declaró posteriormente que Estados Unidos tenía información de que el barco “se dirigía, eventualmente, a Estados Unidos”.
Aunque el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el miércoles que el Gobierno sabía exactamente quiénes estaban en el barco y qué hacían.
Y Trump dijo que Estados Unidos tiene grabaciones de ellos hablando, el Gobierno no ha revelado la identidad de ninguna de las personas fallecidas.
Las fuerzas armadas y la CIA han sido criticadas en el pasado por muertes por error de civiles a quienes creían terroristas.
DERECHO INTERNACIONAL
El derecho internacional prohíbe dar muerte de manera deliberada a civiles, incluso en el contexto de un conflicto armado. Por su parte, la legislación nacional prohíbe matar de forma unilateral y premeditada a objetivos no militares
“Existe una palabra para el homicidio premeditado de personas fuera del contexto de un conflicto armado”, dijo Finucane. “Esa palabra es asesinato.
La administración no ha demostrado que Estados Unidos esté en conflicto armado con el Tren de Aragua (TDA) ni ha argumentado que estén regidos por el derecho de la guerra”.
CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.
