La Fiscalía Federal solicitó este jueves que el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) avance con el proceso de decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, dentro de la Causa Vialidad.
El fiscal Mario Villar rechazó el pedido de la defensa de la expresidenta y del empresario Lázaro Báez de trasladar la ejecución al fuero Civil y Comercial, argumentando que el decomiso “busca eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas de manera ilícita” y debe mantenerse bajo el ámbito penal.
Según detalló R3, Villar remarcó que la medida no equivale a una indemnización civil, sino que constituye una herramienta del Estado para recuperar bienes derivados de delitos de corrupción.
La defensa de Cristina Kirchner cuestiona el monto y la metodología
La exmandataria había solicitado frenar la medida al considerar que el monto fijado —684 mil millones de pesos— fue calculado con un método arbitrario. Su defensa planteó que el valor debía actualizarse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, lo que reduciría la cifra a unos 42 mil millones de pesos.
Sin embargo, el fiscal Villar sostuvo que la suma se desprende de “la manipulación ilícita de los procesos licitatorios y de los sobreprecios en los contratos de obra pública”, hechos ya juzgados y con autoridad de cosa juzgada.
El funcionario judicial insistió en que el tratamiento del decomiso debe continuar en Comodoro Py, a cargo del TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Casación deberá resolver los recursos pendientes
Mientras tanto, la Sala IV de la Cámara de Casación, conformada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, deberá resolver los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner y Báez.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya habían solicitado avanzar con la ejecución de una veintena de propiedades vinculadas a la familia Kirchner. No obstante, el TOF 2 decidió esperar la resolución del tribunal superior antes de proceder con las medidas.
Casación, por su parte, avaló el uso del índice de precios al consumidor (IPC) para actualizar los valores, al considerar que permite mantener el valor real del beneficio ilícito frente a la inflación. También recordó que el decomiso es una consecuencia obligatoria de una condena penal, según lo establece el Código Penal argentino y las convenciones internacionales contra la corrupción.
Una decisión clave en el cierre del caso Vialidad
La resolución del tribunal superior podría marcar un punto final en el largo proceso judicial de la Causa Vialidad, que investiga presuntos hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas. De confirmarse el decomiso, el Estado buscará recuperar los bienes y fondos vinculados a los delitos ya comprobados en sede penal.
El fallo de Casación se conocería en los próximos días y podría reconfigurar el escenario judicial de la expresidenta, quien continúa apelando las decisiones en su contra.