Cuatro exfuncionarios de ENARSA reconocieron un fraude en la contratación de una empresa para inspecciones, recibiendo condenas en suspenso.
Cuatro exfuncionarios de Energía Argentina S.A. (ENARSA), durante la gestión kirchnerista, admitieron ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) su participación en una maniobra fraudulenta mediante un juicio abreviado. El juez federal Néstor Costabel homologó los acuerdos, otorgando condenas de dos años y dos años y medio de prisión en suspenso.
En 2018, el juez federal Julián Ercolini procesó al ex presidente de ENARSA, Exequiel Espinosa, y a otros directivos de la empresa estatal creada por el ex presidente Néstor Kirchner bajo la supervisión del ex ministro de Planificación Julio De Vido. Fueron acusados y enviados a juicio oral por delitos de administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles con la función pública.
Contratación irregular de empresa vinculada a directivos
La investigación determinó que la maniobra consistió en contratar sin licitación a una empresa propiedad de uno de sus directivos, por dos millones de pesos.
La ingeniera Marcela Tagle, encargada del área de Logística y Comercialización de Combustibles de ENARSA, hizo contratar a la compañía P&D Control Group SRL, propiedad de Claudio Miguel Fernández y su esposa Paula Gabriela Merlo, para inspecciones en las plantas de Campana y Dock Sud.
Además, Tagle y otros cobraron honorarios por esas inspecciones que, según la investigación, “incluso se duda si se hicieron”.
Se identificó que Claudio Miguel Fernández, Juan Carlos Teso, Marcela Tagle y Rodrigo Maximiliano Palacios participaron de la maniobra al contratar a la firma denunciada para realizar las inspecciones de plantas refinadoras.
Calificación legal y prescripción de otros imputados
Según el acta del juicio abreviado a la que accedió Clarín, la calificación legal sobre los acusados es administración fraudulenta.
El Ministerio Público, representado por Diego Luciani, afirmó: “Nos remitimos a las claras y contundentes valoraciones de los hechos y las pruebas realizadas por el juez de instrucción”.
Además, se decretó la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento de Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola y Juan Fernando Giovachini, imputados por delitos de menor gravedad relacionados con violación de los deberes de funcionarios públicos.
Durante la investigación se constató que emitieron solicitudes y órdenes de compra a favor de la empresa cuestionada “con posterioridad a la emisión de la orden de compra referida y se amplió el objeto del supuesto concurso de precios para la prestación de servicios en otra planta -Destilería Argentina de Petróleo S.A.”
Pagos sin respaldo documental
Entre las conductas reprochadas, se señaló que se hicieron los pagos a P&D Control Group sin que se acreditara la efectiva prestación de los servicios.
Los documentos de la contratante mostraron que “no se localizaron registros de inventario ni reportes diarios de stock emitidos por P&D Control Group, sumado a que se detectó que la mayoría de los certificados de servicios emitidos por esa empresa no se encontraban en los correspondientes legajos de pago y, en otros casos, no contaban con la conformidad de un representante de la planta refinadora ni del responsable del sector solicitante del servicio”.
