Organismos alertan que demorar el nuevo sistema penal en Comodoro Py implicaría sostener la impunidad judicial.
A menos de dos semanas de la fecha límite para aplicar el Código Procesal Penal Federal (CPPF) en los tribunales de Comodoro Py, crecen las tensiones entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General. Diversas organizaciones advirtieron que una nueva postergación sería un retroceso institucional y una maniobra para preservar la impunidad en causas sensibles que afectan al poder político. Según informó Análisis Digital, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) denunció que no existen fundamentos técnicos para aplazar nuevamente la reforma.
El límite se cumple el 10 de noviembre y crece la presión política
El 10 de noviembre vence la prórroga “única y excepcional” otorgada en agosto por el Gobierno nacional para implementar el nuevo sistema acusatorio. Sin embargo, la Procuración General volvió a mostrar resistencia tras mantener una reunión con el Ministro de Justicia y fiscales federales que tramitan causas que involucran a funcionarios del Ejecutivo.
Desde el Inecip señalaron que “no hay razones técnicas, institucionales ni presupuestarias” para otra postergación y que cualquier cambio de fecha “solo puede leerse como una negociación de impunidad” en favor de determinados sectores judiciales y políticos.
Inecip: “Nada cambió desde agosto, salvo el avance de causas sensibles”
El informe del organismo sostiene que los argumentos utilizados por el Gobierno en la Resolución 530/2025 siguen plenamente vigentes. Entre ellos, destaca:
- El estancamiento de la reforma afecta la eficiencia del sistema judicial y compromete al Estado Nacional.
- La coexistencia de sistemas procesales distintos entorpece las investigaciones y debilita la persecución penal estratégica.
- Los problemas edilicios y tecnológicos no justifican demoras, ya que afectan a cualquier modelo procesal.
Para el Inecip, la única variable que cambió desde agosto es el avance de causas de corrupción y criminalidad económica que podrían quedar alcanzadas por el nuevo sistema.
El mito de la “falta de recursos”: Comodoro Py con la menor carga laboral
El documento “Radiografía de las fiscalías de Comodoro Py” derriba otro de los argumentos de la Procuración: la falta de personal.
Los fiscales federales de la Ciudad de Buenos Aires tienen hasta 64% menos casos que la media nacional, y si se contabilizan los auxiliares, solo atienden 36 expedientes al año por litigante.
Además, la ley prevé traspasos de personal desde los juzgados hacia las fiscalías y el nuevo sistema agiliza causas menores mediante audiencias orales y mecanismos de cierre rápido, lo que mejora la eficiencia y reduce la sobrecarga.
Un sistema colapsado y un mensaje a la sociedad
Los expertos recuerdan que el sistema inquisitivo actual está en crisis:
- 10 de las causas más emblemáticas de corrupción llevan más de seis años sin resolverse.
- Menos del 3% de los casos penales recibe una respuesta judicial efectiva.
- Causas como la de YPF acumulan décadas sin sentencia.
En provincias donde el sistema acusatorio ya funciona —como Rosario, Mendoza o Comodoro Rivadavia—, no hubo colapsos sino mejoras en la celeridad de los procesos. El problema, señalan, es la resistencia institucional a perder el control que otorga el modelo anterior.