El departamento de Cristina Kirchner podría sumarse al decomiso en la causa Vialidad.
La fiscalía federal que interviene en la causa Vialidad analiza ampliar el pedido de decomiso e incluir el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.
La medida se encuentra en evaluación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes estudian una segunda etapa del listado de bienes involucrados en el proceso.
Información extraída de #La17.
La fiscalía analiza ampliar el decomiso en el caso Vialidad
El inmueble en cuestión, de aproximadamente 232 metros cuadrados, fue adquirido en 2010 por más de 300.000 dólares. Actualmente figura a nombre de Hotesur, la empresa familiar cuyos activos continúan embargados por otra causa de presunto lavado de dinero que involucra a Cristina Kirchner y a su hijo.
La decisión final recaerá en el Tribunal Oral Federal 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. La semana pasada, este mismo tribunal ordenó el decomiso de 80 propiedades pertenecientes a Lázaro Báez y sus compañías, además de un terreno de la ex presidenta en Santa Cruz y otros 19 inmuebles cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Objeciones de la defensa y alcance del decomiso
Fuentes vinculadas al expediente señalaron que “está bajo estudio” la incorporación del departamento al listado actualizado, en medio de nuevas objeciones por parte de las defensas. Los abogados cuestionaron el avance sobre los inmuebles cedidos a los hijos de Cristina en 2016 y remarcaron que la fiscalía aún no acreditó un vínculo directo entre cada propiedad y la maniobra investigada.
La ex presidenta pidió anular la ejecución de esos bienes y sostuvo que resulta ilegítimo avanzar sobre propiedades adquiridas antes de 2009, año en que se firmó el decreto que —según el fallo condenatorio— la vinculó a la estructura investigada. Sus hijos también rechazaron la medida, alegando que no mantenían relación alguna con el proceso penal.
Sin embargo, el tribunal reafirmó que el decomiso no requiere “una trazabilidad científica”, sino una coincidencia temporal y razonabilidad económica, destacando que su función es impedir que “el delito rinda frutos”. Además, aclaró que puede alcanzar bienes directos, ganancias derivadas, bienes mezclados o transformados, incluso si están en posesión de personas no condenadas.
Más propiedades bajo revisión y el rol de la Corte Suprema
Los jueces recordaron que, aunque Néstor Kirchner nunca fue condenado y murió antes del inicio de la causa, la reconstrucción de los hechos lo ubicó dentro de la maniobra a partir de múltiples negocios con Báez, lo que permitió considerar que los bienes heredados integraban la masa común de la sociedad conyugal.
El tribunal también dispuso el decomiso de un inmueble de 6.000 metros cuadrados adquirido por Cristina Kirchner en 2007 en El Calafate, así como de 19 propiedades de Máximo y Florencia en Río Gallegos y en el departamento Lago Argentino, donde se ubica el terreno destinado a la construcción del hotel Los Sauces.
Tras estas decisiones, la Corte Suprema quedó encargada de inventariar y tasar los bienes decomisados y de definir si serán destinados a utilidad pública o subastados. En su primera etapa, el decomiso incluyó 50 inmuebles de Lázaro Báez —49 en Santa Cruz y uno en Chubut— muchos de los cuales ya se encontraban bajo control judicial por la causa “Ruta del Dinero K”.
Si el valor total de los bienes resulta insuficiente, el tribunal anticipó que el proceso avanzará sobre el patrimonio de otros condenados, entre ellos Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich.
