La jueza penal Ivana González dispuso que una docente de la escuela N°210 de Los Aromos, Roxana Ortega, sea llevada a juicio por abuso sexual infantil agravado.
La querella calificó la decisión como «decisiva». Este fallo involucra a tres niños. Según la acusación, estos menores sufrieron los hechos en más de una oportunidad.
Por otra parte, la abogada Gladys Olavarría, quien representa a las familias, brindó detalles clave. Ella aseguró que el expediente judicial cuenta con «elementos de prueba muy fuertes». Además, destacó que los relatos de los menores son «coherentes y no inducidos».
La solidez de los testimonios y las pruebas profesionales
La audiencia preliminar superó las dos horas y media de duración. Tras un extenso debate, la jueza Ivana González tomó una decisión clave: ordenó que la causa avance a juicio por los tres hechos que se le atribuyen a la docente.
En este contexto, la abogada Gladys Olavarría resaltó un punto fundamental: la consistencia en los relatos de los niños. «Los relatos no solo son coherentes en el tiempo, sino también en las circunstancias de modo, lugar y autoría», afirmó la letrada.
Este aspecto se vio reforzado por el trabajo de un equipo de profesionales. Psicólogos, médicos y peritos analizaron los testimonios. Todos sus informes llegaron a una misma conclusión: los relatos de los menores no fueron construidos o sugeridos por otras personas. Por el contrario, surgieron de sus propias experiencias vividas.
Sobre la situación legal de la acusada, la querella adoptó una postura específica. No pidió la prisión preventiva porque no encontró riesgos de fuga ni de obstrucción a la investigación. No obstante, Olavarría fue clara en otro punto. Insistió en la necesidad de acelerar los trámites para llegar pronto al debate oral.
La abogada incluso hizo una estimación temporal. Considerando la agilidad con la que suele trabajar la Oficina Judicial de Trelew, calculó que el juicio podría realizarse durante la primera mitad de 2026.
La pena solicitada y el impacto en las familias
La calificación legal con la que el caso llega a juicio es abuso sexual infantil agravado por la calidad de encargada de la educación, en concurso real de delitos. La querella solicitó una pena de dieciséis años de prisión, aunque Olavarría aclaró que, al tratarse de un concurso real, la legislación establece que se suman los mínimos de cada hecho, lo que podría elevar sustancialmente la condena.
La noticia de la elevación a juicio generó una respuesta emocional intensa en las madres de las víctimas. La abogada describió «lágrimas de alivio porque la justicia escuchó la voz de sus hijos», pero también angustia por el largo camino judicial que aún resta. El equipo de acusación, que presentó una abundante prueba documental y testimonial, se mostró confiado, aunque reconoció que la decisión final está en manos de la Justicia. Según la información publicada por Jornada, el juicio se realizará ante un juez unipersonal, ya que la normativa no permite el juicio por jurados en casos de concurso de delitos.
