El Ministerio para el Servicio Penitenciario emitió un comunicado en el que explicó que se evaluó la situación de cada detenido «caso por caso». Es la liberación más grande en lo que va del año.
Mientras Estados Unidos continúa con sus tareas de asfixia contra Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro decidió liberar a 99 presos políticos detenidos en el marco de las protestas por los resultados de las elecciones de 2024.
Desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario informaron que el Gobierno y el Sistema de Justicia resolvieron la excarcelación de 99 ciudadanos detenidos en el contexto de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024. Según indicaron, se evaluó «caso por caso».
Sin embargo, la organización no gubernamental Foro Penal ofreció cifras parciales. Su presidente, Alfredo Romero, y el vicepresidente, Gonzalo Himiob, señalaron a través de la red social X que la ONG tiene registro confirmado de al menos 45 personas liberadas durante las úlitmas horas quienes permanecían detenidas en Venezuela. Según informó C5N.
La liberación de estas personas representa la excarcelación más numerosa registrada en lo que va del año. Anteriormente, en agosto, sectores de la oposición habían informado la puesta en libertad de 13 activistas políticos, entre ellos el exdiputado Américo De Grazia, el dirigente Pedro Guanipa y el exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez.
Pese a esta excarcelación masiva, organizaciones de derechos humanos sostienen que aún hay cientos de presos políticos en Venezuela. Con fecha del 20 de diciembre, Foro Penal contabilizaba 902 personas detenidas en esa condición, incluyendo casos de 2024 y de años anteriores.
Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro continúa enfrentando presiones internacionales específicamente desde Estados Unidos, en un contexto en el que la oposición venezolana denuncia una “represión quirúrgica” por parte del Gobierno.
Venezuela sancionó una ley que castiga con 20 años de cárcel a quien apoye la campaña militar de EEUU
El Parlamento de Venezuela aprobó este martes una ley para penalizar con hasta veinte años de prisión a aquellas personas que desde el territorio nacional promuevan o respalden la campaña militar de Estados Unidos contra el régimen local de Nicolás Maduro.
La iniciativa fue aprobada de manera unánime por el chavismo, que tiene mayoría propia en la Asamblea Nacional, a través del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otros grupos afines al régimen de Maduro. Esta nueva normativa es una amenaza directa a aquellos ciudadanos que respalden abiertamente la campaña militar que lleva adelante Washington contra Caracas, en la que ya fueron asesinadas 106 personas en los ataques en aguas internacionales y dos buques petroleros fueron incautados por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas.
“Desde 2024 hemos tenido también una represión jurídica, es decir, se ha reforzado una arquitectura legal contraria a los principios de la Constitución para profundizar el clima de represión interna, inhibir la crítica, acallar las voces disidentes y evitar a toda costa que la gente hable del conflicto político”, aseguró Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educacion-Acción en Derechos Humanos (Provea), en diálogo con el medio TN.
Esta normativa, que busca evitar el apoyo a la campaña militar estadounidense para forzar la salida de Maduro en Venezuela, no fue la única que se aprobó durante este martes. Además, el Parlamento dio luz verde a la «Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio frente a la Piratería, Bloqueos y Otros Actos Ilícitos Internacionales».
La última ley mencionada se redactó en el contexto de que las Fuerzas Armadas norteamericanas ya incautaron dos buques petroleros venezolanos y se encuentran en la persecución de un tercero. Esta normativa advierte que toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo marítimo, espionaje que afecten la navegación incluida la intercepción de naves u otros actos ilícitos internacionales (…) será sancionada con prisión de 15 a 20 años».
Además, esta normativa establece el pago de una multa equivalente a u$s1.2 millones y la confiscación de todos los bienes personales.