La Justicia federal intensificó una investigación paralela que apunta directamente al accionar de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Según información publicada por Ambito, el juez Daniel Rafecas ordenó una serie de medidas para esclarecer cómo el empresario Sergio Mastropietro –una pieza clave en la causa por corrupción en la ANDIS– logró eludir el secuestro de su teléfono celular al ingresar al país, un hecho que podría obstruir la investigación principal.
El protocolo fallido y las medidas ordenadas por la Justicia
El episodio ocurrió el pasado 15 de noviembre cuando Mastropietro regresaba de Miami en un avión privado. A pesar de una orden judicial, los agentes de Migraciones y la PSA no pudieron concretar el secuestro del teléfono en el Aeroparque Jorge Newbery. El empresario alegó que «ya no lo tenía encima» y que «no lo encontraba», según fuentes de la causa. El dispositivo, considerado clave por la fiscalía, habría salido del aeropuerto sin ser incautado.
Ante este fallo, el juez Rafecas dictó varias medidas. Solicitó formalmente a Migraciones el «Protocolo de actuación» para estos casos y pidió que se informe sobre las facultades del organismo para demorar personas y retener pertenencias. Además, requirió todas las imágenes de las cámaras de seguridad del recorrido de Mastropietro tanto en Aeroparque como en el aeropuerto de Tucumán –donde hizo una escala– y el listado de llamadas de su línea telefónica.
Mastropietro, el operador financiero en el entramado de la ANDIS
La relevancia del celular radica en el rol central que la fiscalía le asigna a Mastropietro en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. El fiscal Franco Picardi lo describió como el «operador financiero y persona de confianza» del empresario Miguel Ángel Calvete, presunto articulador de un circuito ilícito para direccionar contratos y recaudar dinero de droguerías proveedoras del Estado.
Según la investigación, Mastropietro, vinculado a la firma de aviación privada Baires Fly S.A., habría emitido facturas por la «compra de kilómetros» a empresas de Calvete. Esta maniobra, sostiene el fiscal, podría encuadrar en un esquema para disimular el origen y destino del dinero obtenido de manera irregular, constituyendo un presunto lavado de activos.
Con la investigación en marcha, la Justicia busca determinar si existió negligencia, falta de coordinación o algo más grave en el procedimiento que permitió la desaparición de una prueba crucial. El resultado de esta causa paralela podría tener un impacto directo en el avance de la megacausa ANDIS, uno de los casos de corrupción más resonantes de los últimos tiempos.