La Justicia resolvió continuar con la prisión preventiva de Roberto Romero, imputado por el homicidio de Maximiliano Cifuentes, ocurrido en el barrio Laprida.
La decisión se tomó tras una audiencia de revisión realizada este martes, en la que el juez penal evaluó los riesgos procesales y el estado actual de la causa.
Durante la audiencia, el fiscal jefe Cristian Olazabal solicitó que se mantenga la prisión preventiva por el plazo de seis meses. El pedido se fundamentó en la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la autoría del imputado, la presentación de la acusación pública con una expectativa de pena de 20 años de prisión y el riesgo de fuga ante una eventual condena de cumplimiento efectivo.
El fiscal también advirtió sobre el peligro de entorpecimiento de la investigación, ya que aún no fue hallada el arma homicida. Según expuso, las circunstancias que motivaron la medida de coerción no han variado desde su dictado inicial. Información extraída de Ministerio Público Fiscal Provincia del Chubut.
Adhesión de la querella y planteo de la defensa
La querella, representada por el abogado Eduardo Stepa, adhirió de manera íntegra a lo planteado por el Ministerio Público Fiscal y solicitó que la prisión preventiva se extienda también por seis meses.
En contraposición, el defensor particular Guillermo Iglesias pidió la libertad de su asistido. Propuso medidas sustitutivas como la prohibición de acercamiento y contacto con testigos, presentaciones periódicas ante la autoridad judicial y la prohibición de salir de la ciudad. Además, cuestionó el origen del conflicto que derivó en el homicidio y sostuvo una versión distinta a la expuesta por la fiscalía.
Resolución judicial y fundamentos
Tras escuchar a las partes, el juez penal Miguel Caviglia resolvió mantener la prisión preventiva de Roberto Romero por el término de tres meses, o hasta la finalización de la audiencia preliminar del caso, prevista para el 16 de marzo de 2026. La decisión se basó en la persistencia de los elementos de convicción y en los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
En la audiencia estuvieron presentes el imputado, las partes intervinientes y familiares de la víctima, quienes contaron con el acompañamiento de una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).