El Gobierno impulsa cambios en la Ley de Glaciares para equilibrar protección ambiental y desarrollo productivo, con respaldo de provincias cordilleranas
El Gobierno nacional impulsa un proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares N° 26.639, con el objetivo de redefinir el alcance del ambiente periglacial, reforzar el rol de las provincias y establecer criterios técnicos que permitan compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo.
Cambios principales en la normativa
El proyecto, al que accedió Energy Report de Ámbito, introduce modificaciones clave:
- Artículo 1°: mantiene la preservación de glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua, pero incorpora el principio de equilibrio entre protección y uso racional de los recursos naturales.
- Artículo 2°: redefine el Inventario Nacional de Glaciares, limitándolo a geoformas con funciones hídricas comprobadas.
- Artículo 3° bis: aplica el principio precautorio, protegiendo geoformas hasta que se verifique su función hídrica.
- Artículo 5°: refuerza el rol de las provincias en la actualización del inventario, otorgando mayor seguridad jurídica.
- Artículo 6° y 7°: mantienen prohibiciones sobre minería e hidrocarburos en glaciares con función hídrica, pero habilitan evaluaciones técnicas caso por caso y participación ciudadana.
- Artículo 8°: asigna a las provincias la identificación de glaciares con funciones hídricas, consolidando el federalismo ambiental.
Apoyo de gobernadores cordilleranos
El proyecto cuenta con el respaldo de mandatarios de provincias cordilleranas, quienes enviaron una carta al presidente Javier Milei en representación de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. Los gobernadores sostienen que la adecuación permitirá preservar glaciares con función hídrica real, brindar previsibilidad jurídica y respetar las autonomías provinciales, condición necesaria para el desarrollo productivo y la generación de empleo.
Debate parlamentario
El texto será enviado al Congreso en sesiones extraordinarias, aunque no se descarta que el debate se postergue para febrero de 2026. La discusión será clave para definir si Argentina logra compatibilizar protección ambiental, federalismo y desarrollo productivo en una de las leyes más sensibles del entramado regulatorio nacional.
La adecuación de la Ley de Glaciares marca un cambio de paradigma: pasar de prohibiciones amplias a un esquema basado en criterios técnicos y evaluaciones ambientales rigurosas, buscando equilibrio entre preservación y desarrollo.