Tras cerrar 2025 con el Presupuesto y la Inocencia Fiscal, el Ejecutivo convocará sesiones extraordinarias en febrero para tratar la regla fiscal, glaciares, el Código del Trabajo y el nuevo Código Penal.
Tras el éxito legislativo que significó la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, el gobierno nacional ya tiene la mira puesta en los próximos desafíos parlamentarios.
Según Noticias Argentinas (NA), el Poder Ejecutivo planea realizar un segundo llamado a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero, con el objetivo de avanzar en la sanción de otros cuatro proyectos emblemáticos: la Ley de Compromiso Fiscal, la reforma de la Ley de Glaciares, la reforma laboral y la actualización del Código Penal.
Estas iniciativas, que conforman el corazón de la agenda reformista para el primer semestre del 2026, tienen diferentes estados de avance. Mientras las primeras tres ya cuentan con dictamen de comisión, el nuevo Código Penal requerirá un proceso más extenso de debate y análisis en ambas cámaras del Congreso.
La «regla fiscal» y la reforma de la Ley de Glaciares
El primer bloque de proyectos que el oficialismo buscará aprobar en febrero incluye dos normas que apuntan a modificar la relación entre el Estado, las provincias y el sector productivo.
La llamada Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, o simplemente «regla fiscal», busca institucionalizar el principio de equilibrio presupuestario que rige desde el inicio de la gestión. El proyecto establece un esquema de sanciones para funcionarios o directivos de bancos públicos que generen gasto innecesario o mecanismos distorsivos de emisión monetaria, con el objetivo de asegurar que el Estado «no gaste más de lo que ingresa».
Por otro lado, la reforma a la Ley de Glaciares propone una descentralización clave. La iniciativa busca transferir a las provincias el control y la regulación de las explotaciones mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares (cercanas a glaciares), manteniendo la protección sobre los glaciares mismos pero removiendo las restricciones para las áreas adyacentes. El argumento central es reconocer el dominio originario de los recursos naturales que las provincias tienen según la Constitución Nacional.
La gran apuesta: la reforma laboral
Sin duda, el proyecto más esperado y complejo es la reforma laboral, bautizada por el gobierno como de «modernización». La jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, ha fijado como fecha tentativa para su tratamiento el 10 de febrero. Se prevé que a mediados de enero comiencen las reuniones de aproximación, en un debate que, según Bullrich, no será «a libro cerrado» y estará abierto a propuestas.
La iniciativa es amplia y toca aspectos sensibles de la relación laboral:
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Financiamiento sindical: Establece que las cuotas sindicales deben contar con un consentimiento expreso del empleado, siendo voluntarias.
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Convenios colectivos: Propone poner fin a la ultraactividad (la vigencia automática de un convenio vencido) y priorizar los acuerdos por empresa sobre los de actividad.
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Indemnizaciones: Busca excluir ítems como vacaciones y aguinaldo del cálculo de las indemnizaciones por despido.
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Nuevos regímenes: Introduce figuras como el banco de horas y el fraccionamiento de las vacaciones, y propone bajar las contribuciones patronales para empresas que aporten a un Fondo de Asistencia Laboral.
La reforma integral del Código Penal: un proyecto para más adelante
El cuarto pilar de la agenda es la reforma integral del Código Penal, una norma que data de 1921. Este proyecto, presentado en octubre por los entonces ministros Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, es el que requiere un camino más largo. Aún no ha ingresado formalmente a ninguna cámara y se desconoce su itinerario específico.
El texto propuesto pasa de 316 a 920 artículos e incorpora cambios profundos. Incluye la imprescriptibilidad para delitos gravísimos como homicidios y lesa humanidad, un endurecimiento general de penas (especialmente para corrupción y narcotráfico) y la creación de un capítulo dedicado a delitos informáticos, abarcando desde el acoso cibernético (grooming) hasta la creación de contenido sexual falso con inteligencia artificial.
Con esta agenda, el gobierno busca mantener el impulso reformista en el Congreso. Febrero se presenta como un mes legislativo clave, donde el diálogo y la capacidad de construcción de consensos serán determinantes para convertir estos proyectos en ley.