El país atraviesa un debate histórico. Tras más de 40 años de discusión, existe un consenso poco frecuente en la Argentina sobre la necesidad de modernizar el régimen laboral.
Tanto sindicalistas como empresarios, dirigentes políticos y especialistas coinciden en que es urgente atacar problemas profundos: los altos niveles de empleo no registrado, las dificultades para generar nuevos puestos de trabajo, una elevada litigiosidad y una normativa desactualizada ante los cambios tecnológicos. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Modernización Laboral que el Gobierno envió al Congreso el 11 de diciembre de 2025 genera fuertes críticas por, según algunos análisis, no atacar de manera sustancial los problemas que promete resolver. Según Noticias Argentinas.
Según la opinión del abogado laboralista Julio Simón, citada por la Agencia Noticias Argentinas, existe una «clara desconexión» entre el diagnóstico compartido y las soluciones que propone el proyecto oficial. Los cuestionamientos se centran en que la iniciativa parece orientada más a restringir derechos de los trabajadores y organizaciones sindicales, sin demostrar cómo estas medidas ayudarían a reducir la informalidad o generar empleo. Mientras el gobierno de Javier Milei se prepara para retomar las negociaciones legislativas la próxima semana con el objetivo de aprobar la reforma en febrero, el debate se intensifica.
Los puntos críticos: el Fondo de Asistencia Laboral y los trabajadores de plataformas
Dos aspectos del proyecto se encuentran bajo la lupa por considerarse especialmente problemáticos. El primero es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo financiado con una contribución del 3% de los salarios que reemplaza en igual medida una reducción a las contribuciones patronales al sistema previsional.
Críticos señalan que, si el objetivo declarado es reducir el costo del empleo registrado, crear este nuevo fondo no representa una baja real e inmediata para los empleadores, especialmente para las pymes donde se concentra el 80% del empleo informal. Peor aún, análisis del diputado Guillermo Michel estiman que este esquema desfinanciaría al ANSES en unos 3.000 millones de dólares anuales, transfiriendo recursos de la seguridad social a un fondo para indemnizaciones.
El segundo eje de controversia es la regulación propuesta para los trabajadores de plataformas digitales (como repartidores de Rappi o conductores de Uber). El proyecto los considera «repartidores independientes», excluyéndolos del amparo de la Ley de Contrato de Trabajo y limitando su protección a un seguro de accidentes.
Para los sindicatos del sector, como la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM), esta figura consagra la «inseguridad laboral» y desconoce el mandato protector del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El Gobierno, en cambio, argumenta que el régimen busca «promover el desarrollo de la economía de plataformas» asegurando la independencia de los trabajadores, quienes tendrían libertad de horarios y para aceptar o rechazar pedidos.
La búsqueda de consenso en un escenario de urgencia social
El desafío político es enorme. Por un lado, el empleo se ha convertido en «LA preocupación» principal de los argentinos, superando incluso a la inflación, según reflejan las encuestas. Existe, además, un consenso mayoritario en la sociedad sobre la necesidad de flexibilizar las leyes laborales para generar más oferta de trabajo. Por otro lado, cualquier reforma debe moverse dentro del marco constitucional, que en su artículo 14 bis pone el foco en la protección de los derechos de los trabajadores.
El Gobierno aspira a ordenar las negociaciones en las próximas semanas para lograr su primera victoria legislativa del año. Sin embargo, expertos y actores sociales advierten que una modernización laboral genuina y duradera solo será posible si surge de un amplio consenso político y social. De lo contrario, se corre el riesgo de que las reformas, en lugar de solucionar los históricos problemas del mercado laboral argentino, terminen por profundizarlos.