El ejército de Estados Unidos confirmó la muerte de dos personas a las que calificó como «narcoterroristas» durante un nuevo ataque contra una embarcación en el Océano Pacífico oriental, elevando el saldo total de su campaña antinarcóticos a al menos 128 fallecidos desde septiembre.
Según informó el jueves 5 de febrero el Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses, la operación se llevó a cabo luego de que «la inteligencia confirmara que la embarcación transitaba por rutas de narcotráfico conocidas». Según DW.
La operación: Un video como anuncio
Como es habitual en este tipo de acciones, el Comando Sur anunció el ataque letal mediante un video difundido en sus redes sociales. En la publicación, la institución militar reiteró que la lancha estaba «involucrada en operaciones de narcotráfico» y aseguró que «ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido» durante el operativo.
Esta estrategia de comunicación busca dar transparencia a las acciones, pero también ha sido objeto de críticas por la espectacularización del uso de la fuerza letal.
Un debate sobre legalidad y consecuencias
La campaña militar de EE.UU., que se ha expandido desde el Caribe hasta el Pacífico, se enmarca en lo que Washington define como una guerra contra «narcoterroristas» que operan desde Venezuela. Sin embargo, y como señala el reporte de DW, el ejército estadounidense no ha proporcionado evidencia pública definitiva que vincule cada embarcación atacada con el tráfico de drogas.
Esta falta de pruebas contundentes ha suscitado un intenso debate internacional sobre la legalidad de las operaciones, que se realizan en aguas internacionales. La polémica se intensificó la semana pasada cuando familiares de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago, muertos en un ataque similar en 2025, presentaron la primera demanda por muerte negligente contra el gobierno de EE.UU. por estas acciones.
Con este último episodio, la cuenta de fallecidos en la ofensiva continúa creciendo, mientras persisten las preguntas sobre su efectividad real y sus fundamentos jurídicos.