ANMAT prohíbe un aceite de oliva Nucete falsificado en todo el país.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) formalizó este jueves una medida drástica para proteger la salud de los consumidores argentinos. A través de la Disposición 510/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo prohibió la venta y distribución de un lote específico de aceite de oliva que intentaba hacerse pasar por una de las marcas más reconocidas del mercado. La alerta se encendió tras detectarse irregularidades físicas en los envases que circulaban en diversos puntos de venta, lo que derivó en una investigación inmediata sobre la procedencia del contenido.
La medida afecta exclusivamente a la versión apócrifa que imitaba al producto original. Según EQS Notas, el proceso de investigación se centró en verificar la legitimidad del rótulo y los registros sanitarios presentados en las etiquetas, los cuales resultaron ser fraudulentos. La normativa establece la prohibición de elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, extendiéndose también a cualquier plataforma de venta en línea, donde este tipo de productos suele filtrarse con mayor facilidad ante la falta de controles presenciales.
Los detalles del lote ilegal detectado por salud
La ANMAT fue muy precisa al identificar el artículo para que la población pueda reconocerlo en sus hogares o comercios. Se trata del producto falsificado rotulado como: “Aceite de oliva virgen extra, Clásico, marca Nucete, Cont. Neto 500 ml, L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026. Elaborado y Fraccionado por San Juan de los Olivos. RNE 18-002065 – San Juan – Argentina. Para: Agro Aceitunera S.A, RNE N° 12000041, RNPA N° 18-012138. Expectación F. de Avila S/N – Aimogasta – La Rioja – Argentina”.
La investigación se inició ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) tras una denuncia que ponía en duda la «genuinidad del producto». Los peritos observaron que, aunque a simple vista parecía original, el envase presentaba diferencias sutiles pero determinantes con el diseño oficial de la firma. Esto llevó al Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional a contactar directamente a la empresa titular de la marca para realizar un cotejo técnico.
La confirmación de la empresa Agro Aceitunera S.A.
La intervención de la firma legítima fue fundamental para cerrar el círculo de la investigación. El elaborador oficial informó a las autoridades que el producto investigado no es fabricado por la empresa y que desconoce por completo su procedencia y el tipo de contenido que se encuentra dentro de las botellas. Al comparar ambos ejemplares, la compañía enumeró una serie de discrepancias notorias en la calidad de la impresión, el tipo de tapa y los grabados del vidrio que el falsificador no pudo replicar con exactitud.
Al no contar con el respaldo de una planta habilitada ni controles de calidad, el producto se encuentra en infracción por ser falsificado y carecer de registros sanitarios reales. Está «falsamente rotulado al consignar en su rótulo la marca y los registros de establecimiento y de producto pertenecientes a la firma Agro Aceitunera SA», lo que representa un riesgo potencial para quienes lo consuman, ya que se desconoce si el líquido es apto para el consumo humano o si ha sido adulterado con otros aceites de menor calidad.
Acciones legales y vigilancia alimentaria
Tras confirmarse el fraude, el INAL notificó el Incidente Federal en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA). La ANMAT recordó que, al tratarse de un artículo que no puede ser identificado de forma fehaciente en un establecimiento determinado, se lo considera un producto ilegal. Por esta razón, no podrá ser comercializado ni expendido en ninguna jurisdicción de la República Argentina.
Las autoridades sanitarias recomiendan a los consumidores que, en caso de poseer una unidad con los datos de lote y vencimiento mencionados, se abstengan de utilizarlo y lo entreguen a las autoridades bromatológicas de su municipio. La falsificación de alimentos es un delito que no solo afecta la propiedad intelectual de las marcas, sino que vulnera la seguridad alimentaria de toda la población.