Régimen Penal Juvenil: dictamen en el Senado y baja de imputabilidad.
El escenario legislativo argentino dio un paso decisivo este jueves hacia una reforma estructural del sistema de seguridad. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció oficialmente que el oficialismo logró el dictamen para el nuevo Régimen Penal Juvenil. Tras obtener la media sanción en Diputados la semana pasada, el proyecto será tratado en el recinto de la Cámara Alta la próxima semana, donde el Gobierno confía en convertirlo en ley definitiva.
La iniciativa central de este nuevo régimen es la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Según Noticias Argentinas, el consenso alcanzado en las comisiones del Senado permite acelerar los tiempos para una normativa que busca reemplazar la ley vigente desde la última dictadura militar. «En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada», manifestó Bullrich a través de sus canales de comunicación.
El fin de la «puerta giratoria» para menores
La senadora Bullrich enfatizó que esta reforma responde a un reclamo histórico de justicia por parte de los ciudadanos. Bajo la premisa de que “se terminó mirar para otro lado”, la legisladora planteó que el sistema actual deja desprotegidas a las víctimas. “A las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó, se terminó mirar para otro lado”, sentenció con firmeza tras la firma del despacho.
El proyecto, que ya cuenta con el respaldo de bloques como el PRO, la UCR y diversos sectores federales, establece un marco de sanciones que va desde medidas socioeducativas hasta penas de 15 años de cárcel para delitos de extrema gravedad. Una de las prohibiciones taxativas de la nueva norma es la imposibilidad de aplicar la pena de prisión perpetua a menores de edad, estableciendo un límite punitivo claro pero riguroso.
Detalles del nuevo sistema y resocialización
La propuesta técnica del oficialismo no se limita únicamente al castigo, sino que diseña un régimen especial de minoridad. Se establece que los menores condenados deberán cumplir sus penas en establecimientos especializados, garantizando que permanezcan separados y alejados de los adultos criminales. Para aquellos delitos cuyas penas sean menores a tres años, se descartará la prisión efectiva, priorizando sanciones alternativas con enfoque social.
Para los delitos con penas de entre 3 y 10 años, siempre que no hayan ocasionado la muerte o lesiones gravísimas, se buscarán medidas complementarias de resocialización. Desde Estados Unidos, el presidente Javier Milei celebró el avance legislativo, considerándolo un pilar fundamental de su política de seguridad. Con este dictamen, el oficialismo se encamina a sancionar una ley que promete cambiar la dinámica judicial para los adolescentes en conflicto con la ley penal en todo el territorio nacional.
