La Universidad del Chubut fue sede de la reunión extraordinaria donde se discutió la ampliación participativa del Consejo de Discapacidad.
El Consejo Municipal de Discapacidad de Puerto Madryn ha iniciado un proceso de transformación estructural para adaptar su funcionamiento a las demandas sociales actuales. A través de una revisión profunda de sus normativas internas, el organismo busca no solo actualizar reglamentaciones que han quedado desfasadas, sino también abrir el juego a nuevos actores sociales y académicos, garantizando una representación más fiel de la comunidad madrynense.
Este camino de reforma se formalizó recientemente en una reunión extraordinaria llevada a cabo en las instalaciones de la Universidad del Chubut. Según La17, el objetivo central es la modificación de las Ordenanzas N° 11.621 y N° 11.903, piezas legales que regulan la estructura y las facultades del Consejo. Esta actualización responde a un diagnóstico compartido entre los miembros actuales sobre la necesidad de fortalecer el rol del organismo como un espacio de articulación real entre el Estado y la sociedad civil.
El desafío de representar a una comunidad en crecimiento
Uno de los argumentos de mayor peso para impulsar este cambio es el notable incremento de organizaciones dedicadas a la temática en la ciudad. Desde la sanción de las normas vigentes hasta hoy, el mapa asociativo de Puerto Madryn se ha transformado, dejando al esquema de representación actual en una situación de obsolescencia técnica.
La presidenta del organismo, Sandra Cardoso, fue contundente al respecto durante la sesión: “Es fundamental porque está fijada con el propósito de poder ir actualizando y modificando la ordenanza que rige al Consejo de Discapacidad”. Cardoso recordó que, al momento de sancionarse la normativa original, el número de asociaciones era significativamente menor. “Ese número se duplicó”, precisó, justificando así la urgencia de abrir las puertas a nuevas voces que hoy quedan fuera del sistema formal de participación.
Integración académica: el nuevo rol de las universidades
Una de las innovaciones más destacadas del proyecto normativo es la incorporación oficial de las universidades con sede en Puerto Madryn. La intención es integrar el conocimiento científico y la investigación académica a las experiencias territoriales de las organizaciones sociales, creando una sinergia que potencie la efectividad de las políticas públicas.
“En esta oportunidad también se hace la apertura hacia las universidades que tienen sede en la ciudad”, explicó Cardoso, quien añadió que el fin es “integrarlas al Consejo para que puedan hacer sus aportes y participaciones desde las universidades”. Esta mirada técnica promete elevar el nivel de los debates y aportar soluciones basadas en datos y estudios sociológicos sobre accesibilidad y derechos.
Un cambio que apunta al empoderamiento real
Para las autoridades del Consejo, esta revisión no es meramente administrativa. Se trata de una herramienta política para mejorar la incidencia del sector en la toma de decisiones municipales. El trabajo sobre el nuevo proyecto ya está en marcha y se construye de forma colaborativa, receptando las inquietudes de los delegados de cada asociación.
Cardoso concluyó que una mayor participación permitirá alcanzar “una visión más amplia para trabajar de manera conjunta sobre la accesibilidad y el empoderamiento de las personas con discapacidad”. Con esta reforma, Puerto Madryn busca posicionarse como una ciudad de vanguardia en la protección de derechos, donde la normativa sea un facilitador y no un obstáculo para la inclusión plena.