El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo a finales de 2025 que involucra a empresas petroleras extranjeras y miles de millones de dólares.
Se trata del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino, donde las empresas Rockhopper Exploration Plc (Reino Unido) y Navitas Petroleum (Israel) pretenden iniciar el desarrollo del proyecto sin autorización de la autoridad competente argentina. El presidente Javier Milei ratificó este jueves el enérgico rechazo del Gobierno a cualquier actividad unilateral en aguas bajo disputa de soberanía.
Un yacimiento gigante: 1.700 millones de barriles de petróleo en juego
Según estimaciones, el campo Sea Lion “contiene en total 1.700 millones de barriles de petróleo, lo que lo vuelve varias veces más grande que Rosebank, el mayor desarrollo planificado para el propio Mar del Norte del Reino Unido, que se estima que contiene 300 millones de barriles”. El Reino Unido planeaba extraer 500 millones de barriles de las Islas Malvinas, lo que podría generar ingresos millonarios para el gobierno isleño.
La empresa israelí Navitas Petroleum se encargará de la perforación y explotación en Sea Lion, mientras que Rockhopper Exploration Plc es la socia británica del proyecto. Ambas compañías ya fueron sancionadas por Argentina: Rockhopper fue declarada clandestina y suspendida por 20 años mediante resoluciones de 2012 y 2013, mientras que Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022 por operar sin autorización.
El rechazo argentino: “Actos unilaterales de efectos potencialmente irreversibles”
A finales de 2025, la Cancillería argentina expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de las empresas sobre la pretendida “Decisión Final de Inversión” para iniciar el desarrollo del yacimiento. En un comunicado, el Gobierno recordó que toda exploración o explotación unilateral de recursos naturales en áreas sujetas a disputa de soberanía contraviene las resoluciones 2065 (XX), 31/49 y concordantes de Naciones Unidas, que reconocen la disputa entre Argentina y el Reino Unido e instan a ambas partes a abstenerse de realizar modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución negociada.
El Gobierno afirmó que los nuevos anuncios constituyen un “acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles”, dado que involucran recursos no renovables, y aseguró que profundizará su plan de acción para adoptar todas las medidas necesarias conforme al derecho internacional.
Las leyes argentinas que prohíben operar sin permiso nacional
Argentina extendió su rechazo a todos los actos asociados al avance hacia la fase productiva, desde la adopción de normativas isleñas hasta la contratación de proveedores, por tratarse de actividades “ilegales e incompatibles con el ordenamiento jurídico argentino”, especialmente con las leyes 26.659 y 26.915, que prohíben operar en la plataforma continental sin permiso nacional.
El Gobierno advirtió que toda persona física o jurídica que participe directa o indirectamente en estos emprendimientos quedará expuesta a medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en fueros nacionales e internacionales.
Milei ratificó el reclamo: soberanía o explotación ilegal
Este jueves, en el marco del acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei ratificó la postura argentina y puso el foco en el yacimiento Sea Lion como un ejemplo de la explotación ilegal que el Reino Unido y sus socios intentan llevar adelante en aguas bajo disputa de soberanía.
Argentina reafirmó sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El petróleo de Sea Lion es, hoy, uno de los puntos más calientes del conflicto.