Licencias de conducir truchas: el Municipio de Gaiman solicitó anular la probation en una tensa audiencia.
La causa judicial que investiga la emisión de certificaciones médicas falsas para la obtención de licencias de conducir sumó un capítulo de alta tensión en los Tribunales de Trelew. La Municipalidad de Gaiman formalizó un pedido para declarar la «nulidad absoluta» de la suspensión de juicio a prueba —probation— que había sido concedida el pasado 4 de mayo al imputado Diego Soto Payva. Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como la defensa rechazaron de plano los argumentos de la comuna.
El debate parlamentado ante el juez Fabio Monti expuso severas diferencias en torno a la calificación legal del fraude, el rol de las instituciones del Estado en los delitos contra la fe pública y el destino de las reparaciones económicas fijadas por la Justicia.
La postura de Gaiman: «385 hechos autónomos de falsedad ideológica»
El planteo de nulidad fue impulsado en el recinto por el propio intendente de Gaiman, Darío James, quien asistió a la audiencia acompañado por el asesor legal del municipio, Víctor Bezurnatea. El abogado argumentó que el acuerdo que benefició a Soto Payva se dictó de espaldas a la comuna, violando su derecho a ser convocada en carácter de víctima antes de homologarse la salida alternativa al juicio oral.
Desde la perspectiva del municipio, la Fiscalía aplicó un criterio erróneo al unificar el caso bajo la figura de delito continuado. Bezurnatea afirmó que la maniobra consistió en “385 hechos autónomos de falsedad ideológica” y objetó el bajo monto establecido en concepto de reparación económica. Asimismo, el letrado hizo eco de versiones periodísticas que sembraban dudas sobre presuntos lazos familiares entre el acusado y las autoridades del geriátrico Pedro Déttori, entidad designada por los jueces para recibir el resarcimiento de la probation.
Esta última acusación motivó la intervención en la sala de Mónica Soto, directora del hogar de ancianos, quien desmintió de forma tajante cualquier relación de parentesco con el imputado y aclaró que el único antecedente familiar en el lugar fue el paso de su madre como directiva entre los años 1970 y 1990.
El rechazo fiscal y la defensa de la legitimidad del acuerdo
A su turno, el fiscal jefe Omar Rodríguez, junto a la funcionaria Florencia Pallucchini, defendió el procedimiento y solicitó desestimar el recurso municipal por carecer de «legitimidad recursiva». El jefe de los fiscales cruzó con dureza las declaraciones públicas del intendente James, quien sugirió presuntos pactos espurios entre magistrados, defensores y fiscales. Rodríguez rechazó los cuestionamientos de manera «drástica y terminante».
En el plano estrictamente técnico, el Ministerio Público Fiscal argumentó que la Municipalidad de Gaiman no califica como víctima directa en términos penales, ya que el bien jurídico protegido en esta causa es la fe pública, la cual representa la confianza de la sociedad en general sobre los documentos estatales. Además, Rodríguez precisó que de un total de 157 hechos delictivos acreditados en la investigación general, solo 24 correspondían a trámites de licencias tramitadas en la jurisdicción de Gaiman.
El fiscal detalló que se tomaron más de cien entrevistas a ciudadanos involucrados y ninguno manifestó haber sufrido perjuicios individuales por la obtención de sus carnets, sugiriendo que cualquier reclamo resarcitorio por parte del municipio debe canalizarse por la vía civil o administrativa. En sintonía con la fiscalía, el defensor particular Fabián Gabalachis catalogó la presentación como improcedente y recordó que la etapa de acusación se encuentra formalmente cerrada, impidiendo al municipio presentarse como querellante.
Tras escuchar las réplicas de todas las partes involucradas, el juez de la causa, Fabio Monti, dio por concluido el debate de la jornada y anticipó que se tomará el plazo de ley para analizar las presentaciones, adelantando que comunicará su resolución definitiva durante la próxima semana.