Chile revisará el listado oficial de víctimas de la dictadura tras hallar con vida en Argentina a Bernarda Vera.
El gobierno de Chile, encabezado por el presidente José Antonio Kast, anunció este miércoles que someterá a revisión el registro oficial de detenidos desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La decisión se toma luego de que un examen de ADN confirmara de manera fehaciente que Bernarda Vera, una militante opositora incluida durante décadas en dicho listado como víctima de desaparición forzada, fue localizada con vida en la ciudad argentina de Miramar, en la provincia de Buenos Aires.
El caso de Bernarda Vera y la confirmación científica
El caso, que conmocionó a la opinión pública tras revelarse inicialmente a fines de 2025, llegó a su confirmación judicial el pasado 27 de julio, cuando una prueba genética ordenada por la justicia chilena arrojó una probabilidad de identificación superior al 99,9999%, certificando que la mujer de 80 años radicada en la costa bonaerense era efectivamente la ciudadana chilena dada por desaparecida.
Según los registros del emblemático Informe Rettig (elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación durante la gestión de Patricio Aylwin), Vera figuraba como detenida y desaparecida desde octubre de 1973. En aquel entonces, con 27 años y bajo el alias clandestino «Anita», integraba el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y participó en el asalto a un retén policial en la zona cordillerana de Neltume, un intento del movimiento guerrillero por resistir al golpe de Estado contra Salvador Allende.
De acuerdo con reconstrucciones posteriores, tras el fallido ataque y una condena a muerte dictada en rebeldía, Vera logró huir hacia la Argentina a través de la frontera montañosa a finales de 1973, residió temporalmente en Suecia y retornó a la región a finales de los años 90, perdiendo todo contacto con su núcleo familiar original en Chile, que durante décadas la consideró víctima fatal del régimen militar.
Revisión del registro y de las reparaciones estatales
Ante este hallazgo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó en declaraciones radiales que su cartera analizará minuciosamente la nómina oficial para garantizar que el registro histórico «no contenga errores». El documento elaborado en los años 90 estableció un total de 1.469 detenidos desaparecidos durante los 17 años de dictadura, que dejó un saldo superior a las 3.200 muertes a manos de agentes del Estado.
Asimismo, el ministro adelantó que el caso será remitido al Consejo de Estado con el objetivo de evaluar la situación administrativa en torno a las pensiones y beneficios económicos que la familia de Vera percibió a lo largo de los años en el marco de las leyes de reparación estatal: «No quiero calificar la buena o mala fe de quienes recibieron la pensión porque no me corresponde. Lo que estoy señalando es que no debió haberse pagado esa pensión», indicó Rabat.
Pese a los recortes presupuestarios impulsados por la actual administración, el Ministerio de Justicia aseguró que se fortalecerá operativamente el Plan Nacional de Búsqueda —iniciativa estatal creada originalmente en 2023 para esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos restantes— con el fin de auditar con rigor técnico las credenciales de las víctimas registradas oficialmente.