Tras analizar la falta de consensos en el Congreso, la Casa Rosada resolvió focalizar sus negociaciones en dos prioridades legislativas para el mes de agosto: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la reforma electoral.
En los despachos oficiales reconocen que la iniciativa para restringir el gasto público mediante el bloqueo presupuestario no cuenta con margen político ni con un texto definitivo. Ante ese escenario, en Balcarce 50 admiten que el proyecto probablemente no prospere en esta etapa.
Sin consenso para el «shutdown» y reordenamiento de prioridades
La propuesta para aplicar una parálisis parcial del Estado ante la falta de presupuesto formaba parte del paquete de medidas estructurales impulsadas por la gestión de Javier Milei. Sin embargo, la complejidad técnica y las dudas jurídicas sobre qué áreas considerar esenciales llevaron al Ejecutivo a enfriar la discusión.
Fuentes del Gobierno nacional evaluaron las dificultades operativas del tratamiento parlamentario y el estado actual de la norma:
“No está el texto final y tampoco hay mucho margen para tratar algo así”, expresaron desde Nación sobre las posibilidades reales de avanzar con la iniciativa en el corto plazo.
Asimismo, en el oficialismo estiman que una reforma de tal envergadura quedará supeditada a un eventual tratamiento posterior a las elecciones legislativas, supeditado a un cambio en la correlación de fuerzas dentro del recinto.
La reforma del Banco Central como eje central en agosto
Al relegar el shutdown, la administración nacional centrará sus fichas en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, un proyecto que consideran en la Casa Rosada con mayor madurez técnica y política para ser tratado en agosto.
Los objetivos principales de la reforma del BCRA abarcan:
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Fin de la asistencia al fisco: Prohibir o limitar de forma estricta el financiamiento directo e indirecto al Tesoro Nacional, restringiendo el uso de adelantos transitorios, utilidades contables y Letras Intransferibles.
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Estabilidad monetaria: Reestablecer como mandato prioritario y excluyente del organismo la preservación del valor de la moneda.
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Independencia institucional: Fortalecer la gobernanza de la entidad mediante requisitos más exigentes para la remoción de sus autoridades y la aplicación de sanciones a funcionarios que avalen emisión para cubrir el déficit fiscal.