Un verdadero terremoto político e institucional promete sacudir las bases del Poder Judicial en los próximos meses.
En una movida estratégica orientada a recortar cargos y reestructurar el fuero más sensible del país, el Poder Ejecutivo nacional avanza con un plan de fondo para achicar organismos clave y reorganizar la distribución de recursos en los tribunales federales.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció una reforma para reducir los juzgados de Comodoro Py y la Cámara de Casación, en el marco de un ordenamiento integral de la Justicia Federal.
Reducción de estructuras y eliminación de vacantes en fueros clave
En declaraciones periodísticas, el titular de la cartera judicial precisó el alcance de las medidas en las que trabaja el equipo oficial: «Estamos analizando una posible reducción de los jueces de la Cámara Federal de Casación y una reducción de los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py», sostuvo Mahiques para explicar el proceso de optimización presupuestaria.
El proyecto de ley en carpeta no solo apunta a los tribunales de Retiro, sino que también contempla una poda de vacantes en diversos fueros nacionales golpeados por la ineficiencia:
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Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Cámara Laboral).
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Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (Cámara del Crimen).
Pliegos al Senado y prioridad absoluta para el interior del país
Mahiques aprovechó para defender con firmeza el criterio desplegado por la gestión del presidente Javier Milei en el nombramiento de magistrados, rechazando las acusaciones de politización. «No buscamos una justicia afín», aseveró el funcionario, subrayando que las postulaciones se definen estrictamente por antecedentes y trayectoria técnica.
Asimismo, ponderó que en poco más de cuatro meses la Casa Rosada giró 178 pliegos a la Cámara de Senadores para destrabar puestos clave. Finalmente, ratificó que la urgencia principal de la gestión pasa por reforzar los juzgados federales de las provincias, donde el elevado nivel de subrogancias complica el funcionamiento cotidiano de los procesos judiciales.