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El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que la ley de Solidaridad Social «sale hoy publicada» en el Boletín Oficial, ante la expectativa que hoy generó que no aparezca publicada esta mañana.

«La ley sale hoy publicada en el Boletín Oficial», dijo Cafiero respecto a la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Congreso aprobó el sábado y que hasta esta mañana aún no había sido publicada en el Boletín Oficial.

El jefe de Gabinete hizo estas declaraciones a la prensa luego de haber puesto en funciones a la nueva titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Camaño.

La ley contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y tiene que ser promulgada por el presidente Alberto Fernández y publicada en el Boletín Oficial para que comience a regir.

El Senado convirtió en ley, en la madrugada del sábado, el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, iniciativa oficial aprobada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención.El viernes, también a la madrugada, había sido aprobada por la Cámara de Diputados por 134 votos a favor y 110 en contra.

Por los jubilados más vulnerables

Santiago Cafiero, aseguró que el gobierno nacional está trabajando «fuertemente» por los jubilados que están en situación de mayor vulnerabilidad, que recibirán dos sumas fijas «en diciembre y en enero», en tanto que «en marzo va a haber un aumento a todos los jubilados, también con suma fija».

«Nosotros estamos trabajando fuertemente para que los jubilados que estén peor, estén mejor», dijo y agregó que se trata de «dos sumas fijas en diciembre y en enero» que recibirán los jubilados que cobran la mínima, y un «aumento», también de «suma fija», aunque aún a definir, para «todos los jubilados».

Dejó claro que lo que se ha suspendido fue «la fórmula» de cálculo de los aumentos, pero no los aumentos, y explicó que esa suma fija que tendrán los aumentos estará relacionada «con la evolución de los precios».

La norma del Ministerio de Salud y Desarrollo Social fue publicada este jueves en el Boletín Oficial. Formará parte del programa médico obligatorio, según una resolución firmada por Adolfo Rubinstein.

La Secretaría de Salud ordenó este jueves la cobertura total del tratamiento del cambio de sexo, a través de la resolución 3159/2019 publicada en el Boletín Oficial.

El texto dispone la actualización del listado de cobertura básica que brindan los agentes del seguro de salud, tal como está detallado en la resolución 201/02. Desde ahora, se incluyen aquellas drogas utilizadas en proceso de hormonización e inhibición de la pubertad.

Se trata del acetato de ciproterona, testosterona gel, 17ß-estradiol gel, valerato de estradiol, espironolactona, undecanoato de testosterona y triptorelina.

Pasan a estar cubiertos en un 100 por ciento para los «pacientes bajo tratamientos hormonales integrales que tienen por finalidad cambiar los caracteres secundarios que responden al sexo gonadal para adecuación de la imagen al género autopercibido».

La actualización responde, según la resolución 3159, a la necesidad de ir «incorporando nuevas alternativas para el cuidado del cuerpo y de la salud sexual y la salud reproductiva».

La Secretaría de Salud diferencia explícitamente este tratamiento hormonal de los «procedimientos estéticos». Estos tratamientos, afirma el documento, «se enmarcan en el acceso efectivo al derecho a la salud, es decir, en el proceso de constitución corporal e identitario, el libre desarrollo personal y el derecho a la vida».

La resolución lleva la firma de Adolfo Rubinstein, secretario de Salud, que fue criticado por la Iglesia y por sectores gubernamentales después de publicar este miércoles el protocolo para la atención de casos de interrupción legal del embarazo, texto que será derogado por el Gobierno. El secretario también recibió el apoyo de otras fuerzas políticas y de actores de la sociedad civil, informó Diario ADNSUR.

El gobierno nacional resolvió aplicar el incremento al impuesto a los combustibles líquidos postergado en cuatro oportunidades desde mayo último, lo que implica más presión para los precios, que se incrementaron el 5% la semana pasada.

El decreto 753/2019, publicado este lunes en el Boletín Oficial, modifica las fechas establecidas anteriormente, que determinó que «para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1 de setiembre y hasta el 31 de octubre últimos, deberán mantenerse los montos del impuesto que correspondan al 31 de agosto de 2019».

Anteriormente, ese plazo había sido fijado hasta el 30 de noviembre, y recién a partir del 1 de diciembre comenzaba a aplicarse la suba total del gravamen. Con la nueva decisión, se estableció que desde el 1 de noviembre último deberá considerarse el incremento total en los montos del impuesto.

Así, el incremento en los montos del impuesto será de $ 0,142 por litro para las naftas, y de $ 0,27 para el gasoil. Los productos alcanzados por la medida son nafta sin plomo, hasta y de más de 92 RON, nafta virgen, y gasoil.

El impuesto a los combustibles se previó que se actualizase por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), considerando las variaciones acumuladas desde enero de 2018, inclusive.

El Ejecutivo actualiza los montos del impuesto en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. Sin embargo, desde el 28 de mayo último postergó en cuatro oportunidades, hasta la actual aplicación del incremento.

El Gobierno nacional oficializó la implementación del nuevo sistema de Documento Nacional de Identidad (DNI) digital, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial de este miércoles y firmado por Mauricio Macri.

En el Decreto 744/2019, se autoriza a la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) a emitir «en forma adicional al Documento Nacional de Identidad en formato tarjeta» la credencial virtual para dispositivos móviles inteligentes.

Se trata de una «réplica exacta de los datos» del DNI tarjeta, su tramitación es opcional y tiene «pleno valor identificatorio en todos los actos públicos y privados».

La versión virtual del DNI se utiliza en la aplicación Mi Argentina y contiene un certificado encriptado y firmado digitalmente.

Se les ofrecerá a todas las personas que saquen un nuevo ejemplar del DNI físico.

«En estos cuatro años logramos una verdadera transformación del Estado en términos de transparencia, simplificación e innovación. Este lanzamiento es uno de los resultados de este largo proceso en el cual pusimos la tecnología al servicio de los ciudadanos», dijo Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y secretario de Gobierno de Modernización, en septiembre pasado, cuando se anunció la iniciativa.

El gobierno nacional amplió el Presupuesto para este año en $ 50.000 millones, a través de la decisión administrativa 847/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial.

A través de esta decisión administrativa se incrementaron las partidas del Poder Legislativo Nacional y de los ministerios del Interior, Hacienda, Defensa, Seguridad, Transporte y Salud, Cancillerías y las obligaciones a cargo del Tesoro Nacional.

En el caso del Ministerio de Salud, el incremento presupuestario fue para la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por $ 11.537.931.720.

También el Ministerio del Interior obtuvo un incremento por $ 11.639 millones, de los cuales $ 5.470 millones provienen de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Formento (BIRF), el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El resto, $ 6.169 millones, corresponden a los programas Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional; Planificación Territorial de la Inversión Pública, Infraestructura Urbana; Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano; Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo; Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas; Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria; Recursos Hídricos; Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Dirección Nacional de Migraciones.

La amplliación también otorgó una partida de $ 4.591 millones al Poder Legislativo Nacional para sus programas Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos; Defensa de los Derechos de los Ciudadanos; Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación; Asistencia Bibliográfica; e Impresiones y Publicaciones Parlamentarias.

Al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto le ingresaron $ 4.427 millones, de los cuales la mayor parte se destinará a atender el Desarrollo del Plan Antártico.

En el caso del Ministerio de Hacienda, si bien hubo un aumento presupuestario para la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por $ 904.690.456, también hubo un recorte en la Secretaría de Energía de la asistencia financiera a Integración Energética Argentina (Ieasa) por $ 3.426 millones.

Por su parte, el Poder Ejecutivo resolvió incrementar partidas con destino a la cancelación de deudas previsionales, y para ello otorgó $ 2.522.747.532 al Ministerio de Seguridad para la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina; y otros $ 3.360 millones al Ministerio de Defensapara el Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares.

En otro orden, en el Ministerio de Transporte se incrementó el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad en $ 3.539.253.774.

En tanto, las Obligaciones a Cargo del Tesoro en asistencia financiera a empresas públicas y otros entes de los ministerios de Producción y de Defensa, municipalidades y operadores privados de energía, sumaron $ 1.300 millones.

Además se incrementaron estas obligaciones del Tesoro Nacional en asistencia financiera a empresas públicas y otros entes del Ministerio de Transporte por 9.982 millones, de los cuales, $ 5.600 millones son para Aerolíneas Argentinas.

En tanto, el Tesoro registra recortes por $ 5.243.922.876 en jubilaciones y retiros; y otros $ 22.888.769.569 en partidas relativas a deudas con el sistema financiero.

Por último, Presidencia de la Nación incrementó una partida para la Secretaría General, específicamente para los programas Conducción del Poder Ejecutivo Nacional y Promoción del Deporte, por $ 452 millones.

El gobierno transfiere 3.000 millones de pesos a las obras sociales. La decisión fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial a través del Decreto 700/2019 firmado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Los 3.000 millones de pesos tiene como destino complementar el financiamiento de los Agentes del Seguro de Salud, enmarcados en las Leyes N° 23.660 y N° 23.661, sus modificatorias, reglamentarias y complementarias.

El Gobierno tomó esta decisión como «medida urgente» para «aliviar la carga económica» que, en la actual coyuntura de crisis económica, pesa sobre las obras sociales en cuanto al sostenimiento de la cobertura de salud de sus beneficiarios.

La Superintendencia de Servicios de Salud transferirá la suma prevista durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, dice la medida dictada por el jefe de Estado dos semanas antes de las elecciones presidenciales.

La suma establecida se distribuirá de manera directamente proporcional al número de afiliados de cada obra social controlada por los gremios y sindicatos que representan a los trabajadores formales.

El 90% de los recursos será destinado a aquellas Obras Sociales cuyo ingreso promedio por afiliado sea menor o igual a la suma de 1.450 pesos; y el 10% de los recursos restantes será destinado a aquellas cuyo ingreso promedio por afiliado sea mayor a esa suma.

El ingreso promedio por afiliado deberá calcularse a partir de los ingresos previstos en los incisos a) y b) del artículo 16 de la Ley Nº 23.660 y sus modificatorias, los ingresos provenientes de los Regímenes de Trabajo Especial y los afiliados mencionados en el artículo precedente, dice el decreto.

Los agentes del seguro de salud deberán destinar los recursos que reciban por aplicación del presente Decreto al otorgamiento de las prestaciones de salud de la población beneficiaria, agrega el decreto presidencial.

El gobierno nacional amplió en $ 150.855.455.584 el presupuesto para este año, a través del decreto de Necesidad y Urgencia 668/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial, que autorizó partidas para atender Emergencia Alimentaria, deuda pública para el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, obras de infraestructura portuaria, garantías para Aerolíneas Argentinas y compra de un buque logístico polar.

El mismo decreto determinó que resulta necesario autorizar al Poder Ejecutivo, a través del Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, a otorgar avales a favor de Aerolíneas Argentinas por US$ 100 millones destinados a financiar garantías para gastos de capital y refinanciación de deudas existentes.

También destacó que resulta necesario que el Ministerio de Hacienda pueda ampliar los alcances del Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera, e incorporar los créditos presupuestarios con el objeto de asistir financieramente al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, por $ 60.000 millones.

Además se avaló el pago de servicios por la colocación de deuda en moneda nacional a largo plazo por $ 69.105.244.459.

El decreto amplió el presupuesto en políticas alimentarias del Ministerio de Salud por $ 9.105.244.459.

Asimismo, se autorizó al Estado Mayor General de la Armada a realizar una operación de crédito público por US$ 195,5 millones, equivalentes a $ 9.038.333.333, para la adquisición de un Buque Logístico Polar, a los fines de contar con eficientes medios de apoyo a la actividad antártica, cumpliendo con los estándares internacionales y permitiendo a la Argentina sostenerse como país rector en materia de investigación científica y conservación del continente antártico.

También a la Armada se le otorgó una partida de $ 3.480 millones para la adquisición de aviones de patrullado marítimo Orión P-3C; y otra por $ 126.633.333 para obras de infraestructura en el Dique de Carena Número 1 del Arsenal Naval Puerto Belgrano, así lo reseña Télam.

El Gobierno promulgó la ley de emergencia alimentaria nacional, que «garantiza en forma permanente y de manera prioritaria el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población» en el país, mediante el decreto 667 publicado hoy en el Boletín Oficial.

El decreto, firmado por el presidente Mauricio Macri, dispone un «incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».

Además, se «faculta a partir del 1° de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia, al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».

Para eso, indica el decreto, se tomará «como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor y la variación de la Canasta Básica Alimentaria, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos».

Además, faculta al Poder Ejecutivo a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».

«Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad Servicios Sociales», dice.

El decreto recuerda que el «derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional que apruebe el Congreso de la Nación», así lo reseña Télam.

El gobierno nacional dispuso que hasta el 30 de abril de 2020 todo el sector público nacional sólo podrá invertir sus excedentes transitorios de liquidez mediante la suscripción de Letras precancelables emitidas a un plazo que no exceda los 180 días por el Tesoro Nacional.

Lo hizo a través del decreto de necesidad y urgencia 668/2019, publicado hoy en el Boletín Oficial, que precisó que la medida incluye a las jurisdicciones y entidades de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, así como la totalidad de las empresas, entes y fondos fiduciarios, y los fondos y patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos públicos.

Sin embargo, aclaró que esta disposición no será de aplicación a los bancos públicos, al Poder Legislativo y al Judicial.

Además indicó que en caso de que cualquiera de las entidades comprendidas dentro de los alcances del presente decreto esté sujeta a normas que restrinjan o limiten su capacidad para proceder según lo dispuesto en dicho artículo, deberá cumplir con la presente medida observando los límites o restricciones que le impone su marco legal.

También señaló que si cualquiera de las entidades alcanzadas por este decreto tuviera necesidades financieras en virtud de las cuales no le fuera posible cumplir lo dispuesto en esta medida, o si se constatara la existencia de causas fundadas por las cuales el cumplimiento de este decreto ocasionase desequilibrios financieros dentro del sector público nacional, provincial o de la ciudad de Buenos Aires, la entidad afectada deberá solicitar la dispensa del cumplimiento total o parcial a las secretarías de Hacienda y de Finanzas, así lo reseña Télam.

El Gobierno nacional publicó el jueves en el Boletín Oficial el decreto que oficializa el pago obligatorio de un bono de 5.000 pesos a trabajadores del sector privado.

Pero en el artículo 4°, el texto normativo aclara que «se encuentran excluidos los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario, regulado por la Ley N° 26.727, sin perjuicio de lo que puedan establecer los órganos competentes».

Fuentes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre) explicaron a La Voz del Interior que esta situación obedece a que el pago de este extra en realidad debe definirse, por ley, en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

Es decir, que no es que los trabajadores rurales no recibirán un bono, sino que en realidad su implementación será determinada por este órgano.

La CNTA tiene previsto reunirse este viernes, oportunidad en la que se planteará el tema. En principio, se adoptaría el pago de estos 5.000 pesos, que alcanzaría únicamente a peones rurales permanentes, y no a los que tienen un régimen transitorio o discontinuo.