El histórico derrumbe del producto bruto interno (PBI) el año pasado tuvo su correlato directo en el mercado laboral argentino. En un contexto que estuvo marcado por una inédita pandemia y las restricciones de circulación definidas para contenerla, el desempleo aumentó casi puntos en un año y cerró 2020 en 11%.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec difundió estimó que, al cuarto trimestre del año pasado, hay en la Argentina 2,2 millones de desocupados (eran 1,8 millones en 2020), unos 360.000 más que un año atrás si se proyectan los datos que miden los técnicos del organismo estadístico a todo el país. Sin embargo, en el país hay hoy, según los propios datos oficiales, 1,1 millones de ocupados menos.

Por la baja de la tasa de actividad que pasó de 47,2% a 45% en un año, muchas personas que se quedaron sin trabajo y no salieron a buscan activamente por las diversas cuarentenas fueron contadas como inactivas y no como desempleadas. Por otro lado, la subocupación creció en un año de 13,1% a 15,1%.

Con relación al trimestre previo, la desocupación se desaceleró siete décimas por el impacto de la mejora del empleo en algunos sectores, sobre todo industria y construcción. Sin embargo, los especialistas en el mercado laboral suelen tomar sólo datos interanuales debido a la alta estacionalidad del mercado laboral.

El último dato del Sistema Integrado de Previsional Argentino (SIPA) -que incluye sólo a trabajadores registrados- había estimado que el total de personas asalariadas se contrajo en 2020 un 2,1% (-202.100 trabajadores). Esta baja se compone de retrocesos del 3,4% en el sector privado (-202.100 empleados) y del 3,9% en el trabajo en casas particulares (-19.200 personas), mientras que el sector público presentó un alza de 0,6% (19.300 empleados). El SIPA no incluye el trabajo no registrado asalariados ni independiente.

En general, los analistas privados estimaron que las cuarentenas extendidas y rígidas del segundo trimestre del año pasado afectaron más a los trabajadores más precarizados, entre los que están los informales, los independientes o cuentapropistas y los de casas particulares. Para los desempleados y monostributistas de las primeras categorías, el Gobierno impulsó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Además, para sostener los salarios de los empleados registrados implantó el programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Ninguno de los dos está contemplado en el Presupuesto 2021.

Por otro lado, además de créditos a tasa 0% para autónomos y monotributistas de otras categorías, el Ministerio de Trabajo mantuvo una prohibición por decreto de despidos y la doble indemnización. Esta estrategia sí se extendió, con algunas modificaciones, para este año.

Aquellos que miden las expectativas de contratación, sobre todo en el sector privado, estimaron que -gracias a la mejora de algunos sectores, y siempre y cuando no vuelvan las cuarentenas estrictas- es probable la necesidad de trabajadores vuelva al nivel prepandemia, lo que implicaría una recuperación de empleos, pero en un nivel que ya venía estancado hace años.

Días atrás, el presidente Alberto Fernández anunció -como ya lo habían hecho Domingo Cavallo o Carlos Tomada en el pasado- un nuevo régimen para incentivar el empleo basado en la baja de contribuciones patronales en las provincias del Norte Grande (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán). La propuesta implicaría una rebaja gradual y temporaria de esos impuestos por las nuevas relaciones laborales, durante un periodo de 3 años, en sectores económicos determinados de esas provincias orientados a la producción de bienes. La condición es que, para acceder al beneficio, los empleadores deberán producir incrementos en su nómina de personal.