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Embrujo

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A las 8.30 de la mañana de este martes, en la Sala 2 de la Oficina Judicial en Rawson, comenzó el juicio oral de la causa Embrujo, que tiene 12 imputados, y el más importante de todos es Diego Correa, el ex secretario privado del ex gobernador Mario Das Neves.

El Embrujo fue la primera causa penal que se originó luego del “sobre bomba” que de manera anónima fue dejado en la Legislatura con facturas de la emergencia climática y que comenzó con una serie de detenciones el 7 de marzo de 2018.

La causa tiene 12 imputados, entre ellos Diego Correa, quien está imputado como jefe de una asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles como funcionario público, y además por enriquecimiento ilícito en carácter de autor (se pretende recuperar bienes por más de 30 millones de pesos).

Esta mañana se inició el debate oral y público contra una docena de imputados: Diego Lüters, Federico Gatica, Natalia Mac Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos “Tato” Ramón, Giuliana Mac Leod, Darío Correa, Cristian Gisande, Rubén “Bedo” Reinoso y Jorge Godoy.

Tras conocer las acusaciones, pasado el mediodía se pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las a las 8:30 con el inicio de la presentación de los testigos. El primero será Juan Carlos Núñez, de la unidad anticorrupcion creada por la procuración general. Se espera que  declaren 14 testigos en total.

Fabián Gabalachis, abogado de Correa, explicó a ADNSUR, que “mañana miércoles tendremos los primeros testigos y veremos qué final tiene este juicio. Hay una objeción muy seria respecto de la incorporación de una prueba que consideramos de significancia”, dijo, y tendría que ver con las escuchas.

Luego, cuestionó que un juicio de esta magnitud se desarrolle en medio de la crisis que vive la provincia. “Hay un descontento social justificado de la actividad financiera de los políticos y este juicio trata de llegar a un resultado sobre esas circunstancias”, dijo Gabalachis.

Antes de esa fecha no se podría porque la jueza Marcela Pérez, una de las integrantes del tribunal de enjuiciamiento, tiene competencia en una causa por femicidio en Puerto Madryn. En las próximos días notificarían a todas las partes.

La causa investiga hechos de corrupción en el Estado provincial

se demoraría unos días mas el inicio del juicio oral y público debido a que la jueza Marcela Pérez, miembra del tribunal de enjuiciamiento, se encontrará competente en una causa de femicidio en la ciudad de Puerto Madryn en los próximos días.

Un mes y medio después de que el Tribunal de Enjuiciamiento resolviera por unanimidad rechazar los pedidos de probation para seis imputados de la causa «Embrujo», se realizará la audiencia para que los fiscales y las defensas argumenten ante los jueces de la Cámara Penal de Trelew los motivos a favor y en contra de la suspensión del juicio a prueba.

La necesidad de agilizar los procesos que esbozó el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, en la sesión especial en Legislatura sobre el balance 2018 del Poder Judicial, no tuvo su correlato en la decisión de los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Trelew, que convocó a una audiencia que se realizará 45 días después de la decisión de los magistrados que conforman el Tribunal de Enjuiciamiento de la causa Embrujo.

El 5 de abril de 2019, los jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez rechazaron las probation para las hermanas Natalia y Giuliana Mc Leod, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Jorge Godoy y Christian Gisande.

La Cámara Penal de Trelew integrada por los jueces Alejandro Defranco, Luis Luchelli y Adrián Barrios convocaron a una audiencia para el 20 de mayo, 45 días después de la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento.

Con esta demora, el juicio por la causa Embrujo, en la que está imputado Diego Correa, Diego Luthers, Federico Gatica, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Christian Gisande, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod y Darío Domingo Correa, llamativamente no comenzaría antes de las elecciones generales del 9 de junio.

En la audiencia del 20 de mayo, los fiscales y las defensas argumentarán ante los jueces Defranco, Barrios y Luchelli, los motivos por los cuales debería o no aplicarse la suspensión del juicio a prueba de seis de los doce imputados.

Luego de esa audiencia, los integrantes de la Cámara Penal de Trelew volverán a tomarse un tiempo para dictaminar sobre la cuestión de fondo planteada.

Desde Fiscalía aseguraron que es «prácticamente imposible» que el juicio oral y público comience antes de las elecciones generales.

 

 

El Chubut

Omar Rodríguez, Fiscal en la causa El Embrujo, se refirió al rechazo del tribunal al beneficio de la probation solicitada por las defensas para los imputados.

“La posición de la fiscalía fue siempre la oposición del otorgamiento de la probation por varias razones, el tribunal de juicio comunicó la decisión y resolvió que los doce imputados deberán ser juzgados en un juicio oral y público”, aseveró Rodríguez.

Esa decisión se basó en tres argumentos “una es la teoría del caso porque funcionó con la asociación ilícita, la otra con una pretensión punitiva y también el compromiso que asumió el estado argentino de combatir la corrupción, creemos que la probation estaría en contra de este propósito de sancionar esta conducta”, repasó el fiscal.

Rodríguez aclaró que esta decisión va a ser apelada y que tiene un plazo de cinco días “lo van a presentar ante la cámara de impugnación de Trelew y lo resolverá la cámara. Como las partes están pidiendo la suspensión del juicio, no se puede iniciar hasta que quede firme esa situación”.

Caso Gatica

En torno a la situación de Gatica, Rodríguez expresó que “la justicia federal se pronunció en tres oportunidades y lo rechazaron, porque el caso ya está avanzado, por otro lado las partes ya habían consentido que sea la justicia ordinaria la que juzgue el caso”.

Intento de traslado de la causa a la justicia federal

“Creo que lo perseguían era una cuestión estratégica porque no hemos accedido a ningún tipo de juicio abreviado o la probation, quizás la estrategia sea llevarla a la justicia federal para que sea más benévola. Nosotros estamos convencidos de que estos actos tienen que ser juzgados, la sociedad tiene que saber lo que pasó y podamos explicar cómo funcionó este grupo dentro de una estructura de poder”, comentó Rodríguez.

Evidencias

“Tenemos muchísima vivencia entre documentos recogidos en soporte papel en los distintos domicilios, como también en los expedientes que hemos recolectado en las oficinas del Estado, pero también tenemos muchos testimonios e información de los teléfonos“, se refirió a las evidencias.

Rodríguez apuntó a la relevancia del teléfono “es muchísimo más rico, en cuanto a la evidencia, el teléfono analizado en sí mismo que las escuchas telefónicas. Hay 26 mil contactos, entre mediados de 2016 hasta marzo de 2018”.

Ruta del dinero

Al ser consultado por la identificación de la ruta del dinero, el fiscal ofreció importantes detalles “llegamos hasta un punto donde logramos ubicar la mayoría de los bienes que fue producto del robo o la apropiación indebida de fondos del Estado que los fueron convirtiendo en bienes inmuebles o muebles. Diego Correa tiene un valor aproximado de 50 millones de pesos, el resto un poco menos, toda la organización funcionaba bajo la dirección y en pos de Correa”.

En ese sentido, acotó “Correa, antes de asumir como secretario, ya tenía movimientos dinerarios. Ahí empieza a trabajar con la empresa Dualcore, en donde figuraba su mujer como titular y una amiga íntima de ella, iban agarrando obras de manera irregular e ilícita, a partir de ahí empieza a generar ingresos mal habidos y los incrementa cuando llega al gobierno de Das Neves”.

Sobreprecios en la refacción de escuelas

El fiscal Omar Rodríguez fue asignado para investigar la denuncia respecto a los sobreprecios en la refacción de escuelas. “Esta semana el procurador general me asignó trabajar en el caso, vamos a empezar con las primeras medidas para establecer si existe un acto delictivo y posteriormente identificar el autor del delito. Son delitos complejos porque no se ve la conducta delictiva a simple vista, sino que hay que rascar para llegar hasta donde realmente nos muestren un hecho delictivo“, culminó.

 

lacienpuntouno

El fiscal general de Trelew, remarcó que hoy se planteó el pedido de suspensión de juicio a prueba por parte de la defensa, con la oposición de la fiscalía y la querella, marco en el cual indicó que se trata de una estrategia de la defensa de atacar y refutar la posición tomada por los funcionarios de fiscalía.

“Desde nuestra postura entendemos que es bastante claro en este caso particular, en función de la modalidad del caso, que es necesario el juzgamiento de todas las 12 personas y ahí el defensor ha puesto que no se puede hacer el juicio si se muere la mitad, lo que nos parece que es un disparate porque es obvio que no vamos a hacer un juicio con personas muertas”, enfatizó sobre lo que rodea a la causa ‘El Embrujo’.

Y agregó que “otra cuestión es que Argentina firmó convenios internacionales de combatir la corrupción y la probation no establece determinar responsabilidades porque, justamente, se suspende el juicio a prueba; es decir que no vamos a saber si fueron culpables o no y la Fiscalía entiende que hay un derecho de la sociedad a conocer la verdad. Por eso, es necesario hacer el juicio”.

“Entiendo que es distinto a las probation que se determinaron en la causa ‘Revelación’, creo que sí, por la particularidad del caso, esto es una asociación ilícita de un grupo bien conformado de miembros que actuaron desde 2013 hasta el día de la detención el año pasado, fueron cinco años operando de manera ilegal no solamente integrando ese grupo, sino los colaboradores que como satélite lo hacían indirectamente”, dijo en declaraciones reproducidas hoy por FM La Petrolera 89.3 MHz.

“Por eso es necesario que se juzgue a las doce personas, porque cada uno cumplía un rol específico dentro de la maquinaria de la corrupción. Ahí vamos a poder determinar cómo había un jefe, cómo distribuían las instrucciones, cómo cometían los hechos delictivos y cómo colaboraban estos participes que no tienen pena de expectativa alta, pero sí participaban directamente con Correa y el grupo”, agregó.

Rodríguez indicó que “entendemos que el ofrecimiento no podemos ni discutirlo porque entendemos que no reúnen los requisitos del cuarto párrafo ni para poder plantearlo, pero esto es una cuestión de la estrategia defensiva del caso. Nosotros lo sostenemos y lo vamos a sostener que deben ser juzgados la totalidad de los imputados”.

“El no ser funcionario público para el caso particular, no necesariamente se le puede otorgar la probation. No es un mecanismo automático, nosotros consideramos que en caso de ser juzgado y condenado, las penas van a ser de cumplimiento efectivo más allá de la facultad que tiene el Tribunal en su caso de otorgar alguna pena en suspenso, pero la totalidad de los imputados están en condiciones -en caso de un veredicto de culpabilidad- de recibir las penas de cumplimiento efectivo”, aseguró el fiscal.

La estrategia de la defensa

Por su parte el Dr. Fabián Gabalachis, abogado defensor de Diego Correa y otros imputados, dijo que “lo revisado se divide en cuatro contrataciones que ascienden a un monto de $33.600 el monto de la contratación es ese, no dice en ese caso si hay un perjuicio de esa magnitud.. Asumimos para la aplicación que en ese sentido se devolvería ese dinero”.

“En el caso de Natalia McLeod y Sandro Figueroa la fiscalía les atribuye ser accionistas de la empresa Dual Core y que en tal carácter se han enriquecido e ilegítimamente a través de la compra de un terreno en Trelew, un terreno en Lago Puelo, un vehículo Ford Ranger y 4.000 dólares que secuestran en la casa de McLeod”, explicó.

Y dijo que están un tanto limitados en el análisis de los hechos: “debo decir que es cierto que esto fue anterior a la asunción de Mario Das Neves, por lo tanto no pareciera que tuviera implicancia en la actividad que podría haber desarrollado o no Diego Correa”.

“El 25% de Dual Core en 2013 era de Natalia McLeod y en 2014 se lo cede a su tío, que es Sandro Figueroa. Quise poner de resalto que los hechos de corrupción que acá se están investigando son a partir de diciembre de 2015, por lo tanto poco importaba lo que sucedía antes de ese momento”, amplió Gabalachis.

Finalmente, dijo que “ambos ofrecen la realización de tareas comunitarias a coordinar con una oficina que hay en ese aspecto, que se llama Oficina de Ejecución de Probados, en la jurisdicción de cada oficina judicial”, y sobre si esos bienes se entregan con alguna finalidad, señaló que “la misma la dispone el Estado y tendrá sus canales para ver qué se hace con esos bienes”.

 

elcomodorense

Es porque uno de los delitos investigados es el de lavado de activos.

La causa Embrujo tiene como eje el desentrañar la acción de una organización ilícita instalada en el propio gobierno, en cabeza de Diego Correa, para favorecerse con dineros públicos.

Pero entre el cúmulo de delitos aparece la figura del “lavado de activos” es decir la forma en que los procesados blanqueaban el dinero mal habido transformándolo en “legal”.

“Si lo quieren pasar a la órbita federal nos vamos a oponer a muerte” prometió el fiscal Omar Rodríguez, quien sin embargo admitió que el planteo puede ser tranquilamente realizado y seguramente no faltará abogado defensor que lo esgrima, con lo cual todo se demorará posiblemente hasta un año, lo que tarda en que lo decida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para Rodríguez, si pasa a la instancia nacional será un “disparate” porque lo que se recupere de lo que se robó a la provincia del Chubut irá a parar a nación, aunque hay fallos que estuvieron para uno y otro lado de la línea divisoria, como el caso Glisud en Tierra del Fuego, recordó.

Radio Chubut

A las 13:15 en la Oficina Judicial de Rawson se sortearán los tres jueces y suplentes que están al frente del juicio oral y público de la causa «Embrujo». El mecanismo será a través de un bolillero, que primero definirá la circunscripción y luego a los magistrados.

El Superior Tribunal de Justicia presentó en noviembre a través de una acordada, un sistema novedoso con el objetivo de dar transparencia al proceso de los juicios orales y públicos en la provincia del Chubut.

La encargada del proceso será la directora de la Oficina Judicial de Rawson, Karina Breckle, quien durante todo el año, entre otras causas, llevó en forma prolija la organización de todas las audiencias vinculadas a casos de corrupción.

En el sorteo, que será público y transmitido a través de videoconferencia, participarán todos los jueces de las circunscripciones de Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Esquel.

En primer lugar, se sortearán las circunscripciones y posteriormente a los jueces de esas regiones seleccionadas.

Un dato de vital importancia es que los jueces que intervinieron en la causa de asociación ilícita que involucra a Diego Correa, Diego Luthers, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Federico Gatica, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Giuliana Mc Leod, Darío Domingo Correa, Jorge Godoy, Cristian Gisande y Rubén Darío Reinoso, no podrán integrar el tribunal de enjuiciamiento.

Frente a esto, Sergio Piñeda, César Zaratiegui, Mirta Moreno, Marcelo Nieto Di Biase y José García, entre otros, quedarán excluidos del sorteo.

Según pudo confirmar EL CHUBUT, en la circunscripción de Madryn hay cinco jueces habilitados para participar, en Trelew tres y en Comodoro diez.

Apertura. Marta Fracasso junto con su defensor, Emilio Galende, en la sala de la Oficina Judicial de Rawson.

A pedido del fiscal de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, la jueza Mirta Moreno autorizó abrir la investigación para tres comerciantes de Trelew sospechados de haber vendido mercadería al Estado para los afectados por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia sin entregarla.

Se trata de Marta Fracasso, de la Blanquería Matices, Guillermo Williams y César Hughes, de Thor SRL, cuyo nombre comercial era Casa Maza, donde meses atrás se encontró parte de los colchones que se habían adquirido para los vecinos.

Rodríguez adelantó que seguirán los trabajos para determinar si hay más implicados en las maniobras y no descartan sumar nuevos empresarios y comerciantes en la investigación. Según la estimación preliminar del contador de Fiscalía, las maniobras involucran hasta 45 millones de pesos. Rodríguez explicó que aparte de los dos decretos puestos en vigencia durante la emergencia, se asignaron fondos de otras áreas del Estado. “Hasta el propio Banco del Chubut compró materiales y colchones para la emergencia. De muchas otras fuentes también se pusieron recursos para paliar esta catástrofe”.

Rodríguez dijo que fueron “hechos graves” los protagonizados por comerciantes y funcionarios imputados, por el marco en que se dieron. “No son personas carenciadas sino que tienen posibilidad de salir adelante, de tener ingresos legítimos y lo que se muestra acá es que el móvil es la codicia”.

En cuanto al modus operandi para apropiarse de los fondos, Rodríguez aclaró que “la maniobra es la misma en todos: arreglaban con Diego Lüters, que tenía el contacto directo con los proveedores, y les daban facturas y remitos sin documentación, se armaban los expedientes y una vez que cobraban, retornaban esa plata de los proveedores a los funcionarios”.

La mayoría de la mercadería imputada “no estuvo, hay algunas que sí estuvieron como el agua y algunos bolsones de comida, que eran las unidades con sobreprecios”. La acusación incluirá el detalle de cuánta mercadería se sobrefacturó y cuál no se entregó. “En la hipótesis inicial tenemos que la mayoría de la mercadería no ingresó”, dijo el fiscal.

Sobre los nuevos comerciantes implicados se analiza si serán sumados como imputados o bajo la figura de concusión, es decir “víctimas de este apriete o extorsión de los funcionarios para que hagan algo, en este caso entregar facturas o remitos con mercadería inexistente”.

Ayer quedaron imputados en la causa de la emergencia climática los dueños de las empresas «Blanquería Matices» y «Thor S.R.L.». El fiscal Omar Rodríguez afirmó que los reproches en la acusación será más elevados porque «no se trata de personas carenciadas».

En la audiencia de apertura de investigación que se realizó en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza Mirta Moreno imputó provisoriamente como partícipes primarios por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a los dueños de ambas compañías.

A la titular de Blanquería Matices le imputan cinco hechos, de los cuales uno es en grado de tentativa. La defraudación estimada por los fiscales asciende a $ 2.911.385, vinculados a la venta de colchones, frazadas, toallas, mantas térmicas, luces led y botas de aguas, entre otros elementos.

A los dos dueños de Thor S.R.L. (Casa Maza), la imputación es de características similares y por una presunta defraudación de $ 2.100.000. En este caso, los fiscales denunciaron el pago de retornos por $ 210.000, según consta en las planillas confeccionadas por Diego Luthers y contrastado por una extracción en el Banco del Chubut de una partida idéntica.

«Estamos hablando de un hecho muy grave en la situación y el marco que se dio. Hay que recordar que no son personas carenciadas, que tienen posibilidad de salir adelante, de tener ingresos legítimos. Y lo que muestra acá, o el móvil de este tipo de maniobras, es justamente la codicia. Entonces, siempre el reproche es mucho más elevado», dijo Rodríguez ante una consulta de EL CHUBUT.

El fiscal explicó que la maniobra se repite en todos los casos: «Arreglaban generalmente con Luthers que era el que tenía el contacto directo con los proveedores, le daban facturas y remitos sin documentación alguna, se armaban los expediente y una vez que cobraban, los proveedores retornaban esa plata a mano de los funcionarios».

CONFORMARON FACTURAS ANTES DE QUE LLUEVA

Uno de los casos emblemáticos en la causa de la emergencia climática en la ciudad de Comodoro Rivadavia fue la confección de una factura solicitando colchones un día antes de que comenzara la catástrofe en la provincia del Chubut.

«Hay una venta antes de empezar a llover. Se trata de un remito de entrega de los colchones que fue el 28 de marzo de 2017, y el 28 todavía no había empezado a llover en Comodoro, comenzó el 29», sin embargo, «la entrega de mercadería en el marco de la emergencia tenía fecha del 28», relató el fiscal en conferencia de prensa.

El juez de garantías Sergio Piñeda resolvió otorgarle la morigeración a Tato Ramón solicitada por el defensor Omar López, la fiscalía se opuso a la medida. La querella presente, Fiscalía de Estado, estuvo representada por el Dr. Javier Dominguez quien acompaño al Ministerio Público Fiscal.

La rectificación de las imputaciones y las medidas de morigeración, fueron los principales ejes de la audiencia. El defensor Omar López, mencionó que son cuatro los hechos que pueden imputarle a mi defendido, y especifico, uno consumado y tres tentados.

Por su parte el Ministerio Público Fiscal, representado por los Dres. Alex Williams y Omar Rodríguez, defendieron su postura, “se metieron en el auto de elevación a juicio quiero dejarlo aclarado” dijo Rodríguez en su locución y Williams agregó, “si deberíamos tomar lo que solicita el defensor de Tato Ramón, ahora con este nuevo planteo cambia la plataforma fáctica, por lo tanto se estima una pena posible que iría de tres años a 16 años. La querella adhirió a lo solicitado por el MPF.

Al concluir los fundamentos de ambas partes el Juez Sergio Piñeda resolvió rectificar el punto seis del auto de elevación a juicio, por lo que le correspondería a Tato Ramón, la imputación por un hecho consumado y tres tentados, por lo que deberá cumplir con arresto domiciliario con custodia policial, y de esta forma preservar el derecho de legítima defensa, expuso el Juez en su veredicto.

Un vez más se llevó a cabo en la oficina judicial de Rawson otra audiencia por la causa denominada “Embrujo” tras varios intentos de morigeración el imputado Tato Ramón cumplirá arresto domiciliario custodiado por la policía.

Cabe recordar que Juan Carlos «Tato» Ramón es investigado por la conformación de una presunta asociación ilícita para defraudar al Estado chubutense y que tendría como cabecilla al exfuncionario de la Unidad Gobernador, Diego Correa.