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Embrujo

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El fiscal Omar Rodríguez defendió la validez de los 29 CD´s con las escuchas telefónicas de la causa El Embrujo. Ese material fue cuestionado por los defensores, que advirtieron no saber “quién ni cómo hizo esas intercepciones”, se quejaron por la posible violación de la cadena de custodia y pidieron al juez Sergio Piñeda que las declare inadmisibles como prueba para el juicio oral y público.

Rodríguez explicó que “en este caso la cadena de custodia ya está incorporada en el CD con un código de seguridad que viene del organismo que graba en Capital Federal”. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sus responsables son los camaristas Martín Izurzun y Javier Leal de Ibarra, quienes elaboraron un protocolo de actuación.

“Cuando sale el oficio con la orden motivada del juez le informan a las empresas de telefonía, que habilitan el audio”, graficó el fiscal. “Un software graba en equipos especiales y una maquina imprime un código de barras al CD, un número correlativo, los datos de la causa y del juez o fiscalía que pide, fecha y el número de teléfono intervenido”. El código de barras también va al sobre.

El CD se puede retirar en Capital o, como sucedió en este caso, dos policías autorizados por el juez en una sede de esa Dirección en Comodoro Rivadavia. “Me los entregan, los pongo bajo custodia y hago copias para las partes antes de ponerlos bajo resguardo, bajo sello, rotulado y firmado, para cuidar los originales”.

El miembro de la Unidad Anticorrupción explicó que esta cadena de custodia no es la tradicional del procedimiento penal, que exige testigos y actas para dejar constancia de cada movimiento.

“Este CD viene encriptado con un sistema de seguridad y un código hash que si quiero adulterarlo o borrar una charla, por ejemplo, se desconfigura automáticamente todo el contenido”. Rodríguez enfatizó que los audios que reciben “son copia fiel de la intervención, lo que escuchó la máquina, y ese material original lo guardan durante años”.

“La tecnología superó los papeles –graficó-. Esto va a todos los juzgados y fiscalías del país de la misma forma y si no se admitiera salimos todos en la tapa del diario por ignorantes. Los defensores pretenden que venga un policía y haga un acta de entrego de CD. No hace falta porque no se puede alterar el contenido”.

Valor probatorio

-¿La causa sería lo mismo sin las escuchas?

-Las escuchas son la frutilla del postre. Tenemos toda la documental, las fotos, los chats del WhatsApp y los testimonios. Los audios cierran perfectamente la película: surge cómo  esconden una camioneta, cómo entorpecen la investigación, cómo Diego Correa pagaba Mezeta Consulting. Todas las piezas se corresponden y encajan. Sin las escuchas igual tenemos mucha prueba pero son fuertes porque se escucha el tono de las charlas y te das cuenta cómo operaba el grupo cuando tenían el poder.

Rodríguez se mostró “muy confiado” en que el juez Piñeda validará las escuchas. Los CD´s están hoy bajo llave. “Si las defensas no creían en los audios pudieron pedir copias para comparar y saber si los habíamos adulterado. En cambio, los usaron y valoraron”.

“Si alguien cree que una escucha es ilegal, lo debe hacer valer y extirpar del proceso en la primera oportunidad; no se puede tener un cliente preso y consentir una escucha ilegal. Por el papel que buscan ahora podrían haber preguntado hace 7 meses”, consideró el investigador. La decisión del juez Piñeda se conocerá este jueves en horas del mediodía.

 

 

 

Diario Jornada

Abogadores defensores de imputados en la causa Embrujo, por enriquecimiento ilícito defraudando al Estado chubutense durante la gestión del fallecido Mario Das Neves, solicitaron la nulidad de la escuchas telefónicas que el Ministerio Público Fiscal tiene como elemento de prueba contra los acusados para demostrar su participación en los hechos y en la conformación de una asociación ilícita.

Hay 29 CD´s con escuchas telefónicas.

Los defensores Damián D’antonio, Fabián Gabalachis y Omar López coincidieron en señalar que «no sabemos quién hizo las escuchas, ni dónde» y que por lo tanto «no puede ser admitida (como prueba), no es eficaz, ni eficiente», se argumentó.

«Natalia McLeod tuvo el teléfono intervenido. Hoy está imputada, pero en ese momento no. La prueba no la pudimos controlar y no puede ser admitida» indicó el abogado Gabalachis en la continuidad, este jueves, de la audiencia preliminar al juicio oral y público.

 

 

Radio 3

Esta mañana continúa la audiencia preliminar al juicio oral y público por la causa «Embrujo», que tiene a 12 personas imputadas.

Los fiscales, las querellas y las defensas comenzaron ayer a  fijar las «reglas de juego» para el juicio oral y público. Discutieron y revisaron las calificaciones legales de los acusados y las pruebas que se utilizarán. Hubo planteos de abogados sobre algunos delitos que le enrostran a sus clientes.

La audiencia preliminar de ayer se extendió durante cinco horas. En la primera etapa, los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, junto al funcionario de Fiscalía Lucas Koltsch, leyeron los hechos que le imputan a los 12 acusados de la causa Embrujo, que busca demostrar la conformación de una asociación ilícita que a través de empresas buscaban lavar fondos malhabidos, algunos provenientes de los retornos de la obra pública.

Los abogados defensores Fabián Gabalachis (representa a Diego Correa, Natalia Mc Leod, Giuliana Mc Leod, Darío Correa y Sandro Figueroa); Damián D’Antonio (patrocina a Daniela Souza y Jorge Godoy); Omar López (auxilia  a Juan Carlos «Tato» Ramón; Lisandro Benítez (defiende a Diego Luthers); Matías Cimadevilla (sponsorea a Cristian Gisande); y David Patricio Romero (está a cargo de Federico Gatica), plantearon algunos interrogantes que fueron saldados en gran parte por la parte acusatoria.

Posteriormente, acordaron la lista de testigos que presentarán cada una de las partes en el juicio oral y público. A través de escritos que fueron entregados la semana pasada, gran parte de los abogados defensores se opusieron a que las escuchas telefónicas sean reproducidas en el juicio, entendiendo que se violaron algunos artículos del Código Procesal Penal, principalmente por la degradación y vulneración que representan las conversaciones, muchas de ellas, de índole privada.
El único ausente en la audiencia de ayer fue Rubén Darío «Bedo» Reinoso, quien alegó que se encontraba en Buenos Aires.

 

 

El Chubut

La ONG Iniciativa Ciudadana por la Transparencia y contra la Corrupción en Chubut, esbozó penas más severas a las presentadas por el Ministerio Público Fiscal. Solicitaron que una pena no menor de ocho años para Diego Correa y por lo menos cinco años para el contador Federico Gatica.

El abogado Eduardo Hualpa de la ONG querellante solicitó penas más duras para los imputados en la causa «Embrujo».
En el caso del supuesto líder de la asociación ilícita, Correa, la querella pidió una condena no menor a ocho años y con el agravante de una multa de 10 millones de pesos.

En torno a Gatica, sindicado como encargado de lavar activos, Hualpa requirió una pena no menor a cinco años en prisión y también una multa económica de 10 millones de pesos.

Para Daniela Souza pidieron una condena no menor a cinco años; para Natalia Mc Leod una pena no menor a cuatro años y seis meses de prisión; para Juan Carlos Ramón una pretensión punitiva no menor a los cuatro años; a Giuliana Mc Leod una pena mínima de dos años; a Darío Domingo Correa una sanción de dos años y seis meses; para Rubén Darío Reinoso una condena dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos; para Crhistian Gisande dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos; y para Jorge Godoy una condena de dos años de prisión.

 

 

El Chubut

La esposa de Diego Correa, ex titular de la Unidad Gobernador considerado jefe de la asociación ilícita investigada en la causa Embrujo, Natalia Mac Leod –también imputada- se puso una original remera para participar ayer de la audiencia preliminar realizada en la Oficina Judicial de Rawson.

“Te obedecí hasta donde pude, mi genio amor”, decía en una gran inscripción frontal que alude, en realidad, a un tema de Los Redondos. La vestimenta no pasó desapercibida, teniendo en cuenta que su marido es el principal acusado.

Once de los doce imputados en la causa -siete de los cuales están con prisión preventiva- estuvieron presentes en la Oficina Judicial de Rawson ya que uno de ellos se encuentra en Buenos Aires. Se trata de Rubén Reynoso, quien tendrá su audiencia la semana próxima, por cuestiones médicas.

Están imputados en la causa Embrujo: Diego Correa, Diego Lüthers, Natalia Mac Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Federico Gatica, Rubén “Bedo” Reynoso (ex director de Logística), Christian Gisande (ex director de Viviendas Oficiales), Giuliana Mc Leod (cuñada de Diego Correa), Darío Correa (hermano de Diego Correa), Jorge Godoy (estuvo a cargo de la obra de la casa de Correa en Playa Unión).

Esperando las pruebas

En este contexto, el abogado de Diego y Darío Correa, Natalia y Giuliana McLeod, y Sandro Figueroa, Fabián Gabalachis informó al portal ADNSur que “la particularidad del proceso es que la mayoría de las calificaciones jurídicas que se han elegido son sumamente cuestionadas constitucionalmente”.

En tal sentido, planteó que “no hay jurisprudencia de la figura de lavado de dinero”. Consultado sobre la posibilidad de un juicio abreviado, indicó que “una vez que tengamos un dictamen judicial, empezaremos a ver si hay posibilidades de negociación con el Ministerio Público Fiscal para algunos de los cinco”.

“Donde tengo mayor complicación porque tiene mayor compromiso es con Diego Correa y luego, interpreto como una suerte de consecuencia, la intervención del resto. No perdamos de vista que son dos hermanas, un hermano y el tío de una de las hermanas, es decir que son todos familiares”, expresó Gabalachis.

Además, destacó que “la particularidad del proceso es que la mayoría de las calificaciones jurídicas que se han elegido son sumamente cuestionadas constitucionalmente. No quiero decir que no puedan llegar a prosperar, pero todas tienen un serio cuestionamiento constitucional. Hay una tendencia muy fuerte a atribuir la calificación de asociación ilícita a todas estas cuestiones, pero no veo que sea así”.

Luego, otra figura novedosa es el lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles. No estamos acostumbrados a escuchar por lo que seguramente habrá cuestionamientos al respecto”, indicó.

Consideró que “el cuestionamiento que se merece es que cuando algo no es nada, es asociación ilícita o lavado de dinero, pero no hay jurisprudencia de la figura de lavado de dinero. Una de las discusiones es si era competencia federal u ordinaria y se terminó dilucidando que era competencia ordinaria. Pero no hay prácticamente sentencia firme a nivel nacional para poder citar precedentes al respecto, por lo que todo esto será una linda contienda política en ese punto”.

Respecto a las pruebas, Gabalachis indicó que “nuestro Código tiene un sistema que establece la comparencia de todas las personas que intervinieron en la confección de instrumentales, pruebas y no puedo tener cuestionamiento al respecto en ese punto. Va a suscitar jornadas larguísimas, luego puede existir alguna intervención respecto a escuchas”.

Consultado sobre la posibilidad de un juicio abreviado, indicó que “el primer paso para hablar de un juicio abreviado es controlar la acusación. Una vez que tengamos un dictamen judicial, empezaremos a ver si hay posibilidades de negociación con el Ministerio Público Fiscal para algunos de los cinco” y agregó que “sobreseimientos totales no he pedido, sí por alguna calificación jurídica”.

Tras la probation otorgada a los empresarios imputados en la causa Revelación, Gabalachis indicó que “todas las personas que sean sometidas al instituto de suspensión de juicio a prueba ingresan a una calidad sui generis en relación a la prueba. Es decir que no son testigos, por lo que no pueden venir a juicio a declarar y siguen siendo imputados relativos porque están sujetos a pautas de conductas que de cumplirlas serán sobreseídos”.

“Me gustaría escucharlos en el juicio, pero entiendo que no concurrirán porque están sujetos a juicio a prueba, de manera que si la fiscalía quiere ingresar esas declaraciones nos vamos a oponer y por ahí pasa el punto”, concluyó.

 

 

El Patagónico

Los fiscales y los defensores de los doce imputados en la llamada causa “Embrujo” llegaron a un acuerdo en cuanto a los términos de las imputaciones contra quienes fueron investigados en la conformación de una asociación ilícita para hacerse de inmuebles y vehículos con fondos del Estado provincial. Fue en una parte de la audiencia que se realiza en la Oficina Judicial de Rawson.

Las acciones investigadas se relacionan a empresas propiedad de Diego Correa, pero que figuraban a nombre de personas cercanas, que él mismo contrataba desde el Gobierno para la refacción y construcción de diversas obras públicas. Las contrataciones eran directas o abiertas fraguadas con falsos competidores, en algunos de los casos. Con el dinero mal habido se compraron costosos vehículos además de inmuebles en Rawson, Trelew y en El Hoyo.

En la lectura de la imputación a Diego Correa, ex secretario privado de Das Neves y ex titular de la Unidad Gobernador, los fiscales le estimaron un patrimonio, entre inmuebles y vehículos, de 35 millones de pesos. Esos ingresos no se justifican con su cargo en el gobierno del Chubut, adscripto por su empleo en la AFIP.

A la audiencia preliminar asisten 11 de los 12 imputados. Está ausente Rubén Reinoso, no asistió por estar en la Capital Federal. Los fiscales formularon la calificación legal para cada uno de los imputados. La audiencia se extendería hasta el jueves inclusive.

Los fiscales encargados de la investigación y acusación son los integrantes de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez y Alex Williams. Además se presentaron como querellantes los diputados del FPV Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla. También son querellantes la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y la ONG Iniciativa Ciudadana.

Los doce imputados

Diego Correa, fue subsecretario de la Unidad Gobernador durante la gestión del ex gobernador Mario Das Neves. Para los fiscales está considerado jefe de la asociación ilícita, además se le imputa fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública. Se lo investiga por seis hechos consumados y veinticuatro en grado de tentativa.

Diego Luther, miembro de la asociación ilícita como partícipe primario o necesario se le imputa, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito. También se lo imputa de seis hechos consumados y veinticuatro en grado de tentativa.

Daniela Souza, acusada cómo miembro de la asociación ilícita, en concurso real con defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con enriquecimiento ilícito. Está involucrada en seis hechos.

Natalia Mc Leod, miembro de la asociación ilícita, en concurso real enriquecimiento ilícito en seis hechos consumados y veinticuatro tentados.

El contador Federico Gatica, está imputado de ser el autor de lavado de activos agravado por habitualidad.

Juan Carlos Ramón, miembro de la asociación ilícita en carácter de partícipe necesario en concurso real con defraudación por administración. Está investigado en seis hechos consumados y ocho tentados

Sandro Figueroa, acusado cómo miembro de la asociación ilícita, en concurso real con enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Jorge Aníbal Godoy está imputado de enriquecimiento ilícito.

Giuliana Mc Leod, se la acusa por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cuatro hechos consumados y dieciséis  tentados, los que concursan idealmente con negociaciones incompatibles.

Darío Correa, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Rubén Reinoso, imputado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Christian Daniel Gisande, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, dos hechos consumados y ocho en grado de tentativa.

El abogado penalista Fabián Gabalachis solicitó la semana pasada el sobreseimiento de Diego Correa y su pareja, Natalia Mc Leod. El defensor público Omar López hizo lo propio con su cliente Juan Carlos Ramón. El mismo planteo se extendió para el ex director de Viviendas Oficiales, Cristian Gisande y para el maestro mayor de obras, Jorge Godoy.

En el escrito de contestación de la acusación que recae sobre Correa y Mc Leod, Gabalachis ofreció pruebas y pidió el sobreseimiento de ambos en la causa «Embrujo».

La misma medida fue solicitada para «Tato» Ramón, sindicado en la causa como el responsable de armar presupuestos paralelos que le daban una imagen de «competitividad» a los concursos de precios en las licitaciones que participaban Dual Core y Sepat.

El encargado de Viviendas Oficiales del gobierno provincial, Gisande, también requirió el sobreseimiento. Gisande lideraba el área que estaba bajo la órbita de Unidad Gobernador (Diego Correa) y solicitó la reparación de casas oficiales, aunque en la descripción todas tenían el mismo incoveniente.

Por último, el abogado de Godoy -encargado de la construcción de la vivienda de Correa en Playa Unión y de los dúplex- también pidió el sobreseimiento por falta de pruebas.

 

 

El Chubut

En una sala repleta, comenzó en la Oficina Judicial de Rawson la audiencia preliminar al juicio de la causa que se conoce como “El Embrujo” por la cual exfuncionarios y sus familiares directos están acusados de asociación ilícita para defraudar al Estado y también enriquecimiento ilícito. Será hasta las 14 y continuará mañana y pasado.

La causa se hizo pública cuando en medio de una serie de allanamientos simultáneos a primera hora de la mañana del 7 de marzo de este año eran detenidos los, por entonces, secretarios privados de la Unidad del Gobernador, Diego Correa y Diego Lüters. También fue apresada la mujer de Correa, Natalia Mc Leod y su tío, Sandro Figueroa. Además se detuvieron a Carlos “Tato” Ramón y en los días siguientes a Daniela Souza y Federico Gatica. Todos ellos menos Daniela Souza, permanecen detenidos.

Además por esta causa están imputados el maestro mayor de obras, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod (hermana de Natalia), Darío Correa (hermano de Diego), Rubén “Bedo” Reinoso y Cristian Gisande.

Acciones investigadas

Las acciones investigadas se relacionan a empresas propiedad de Diego Correa, pero que figuraban a nombre de personas cercanas, que él mismo contrataba desde el Gobierno para la refacción y construcción de diversas obras públicas.

Se sumaron en este mismo escenario contrataciones de equipos de sonido e iluminación para eventos del Telebingo.

Los fiscales encargados de la investigación y acusación son los integrantes de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez y Alex Williams. Además se presentaron como querellantes los diputados del FPV Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla. También son querellantes la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y la ONG Iniciativa Ciudadana.

En relación a la audiencia de esta mañana, la diputada Marcilla reiteró que como querellantes adhirieron a todas las imputaciones de los fiscales en este caso y que si se mantienen, en el caso de Diego Correa, a quien se le atribuye ser el jefe de la asociación ilícita, y si se llega a una condena, será de cumplimiento efectivo.

 

 

Diario Jornada / Foto: @feldman_da

«Esto no puede llegar a una instancia penal como llegó», alertó el fiscal Omar Rodríguez, en clara alusión a la falla de los organismos de control en las causas de corrupción que se desataron en Chubut. Dijo que era «vox pópuli» que algunos funcionarios estaban «haciendo plata con la política».

Rodríguez lamentó que la causa «Embrujo» esté a punto de llegar al juicio oral y público, y puso especial atención en los organismos encargados de controlar estos actos.

«Esto se tendría que haber descubierto mucho antes. Un funcionario que ingresa al Estado con un vehículo usado no puede terminar con un auto de alta gama y una casa de grandes dimensiones a la vista de todo el mundo», disparó el fiscal.

En este contexto, no dudó en manifestar que «fallaron los controles, porque está a la vista de cualquiera. Era vox pópuli en la sociedad de quién o cuál estaba haciendo plata con la política».

Delineó que el resultado de la investigación del «Embrujo» muestra «una actividad corrupta» que se ha tornado «sistémica».
Puntualizó que en la investigación que llevaron adelante junto al fiscal Alex Williams no se trató «de un grupo de 4 ó 5 que se juntaron para cometer actos contra la administración pública, sino que cuadran dentro de lo que los estados están preocupados, que es el flagelo de la corrupción». Agregó que la corrupción «ha envenedado la democracia».

 

 

El Chubut

El dato fue confirmado por el abogado defensor del detenido Diego Correa, acusado de ser el líder de una supuesta asociación ilícita que se conformó en el ámbito del gobierno durante la gestión de Mario Das Neves para favorecerse con dineros públicos.
El penalista Fabián Gabalachis, quien defiende a Correa, recordó que la audiencia preliminar es el paso previo para el juicio oral y público, donde se establecerán las reglas de juego para el debate.

Gabalachis interpreta que tras la audiencia del martes, el juez de instrucción Sergio Piñeda deja de estar al frente de la investigación y cede el accionar en un tribunal que seguramente será el que presida las sesiones durante el juicio oral y público.

De paso, el abogado penalista aprovechó para aclarar que los empresarios que fueron favorecidos por la suspensión de juicio a prueba, no podrán ser testigos ni se les reconocerán como prueba sus dichos en esta etapa de la investigación.

Razona el penalista que si los empresarios acusados de pagar dádivas se acogieron a la probation, fue en clara recompensa por una delación, es decir que les morigeraron la pena a cambio de que acusen a otros.

 

 

Radio chubut