La esposa de Diego Correa, ex titular de la Unidad Gobernador considerado jefe de la asociación ilícita investigada en la causa Embrujo, Natalia Mac Leod –también imputada- se puso una original remera para participar ayer de la audiencia preliminar realizada en la Oficina Judicial de Rawson.
“Te obedecí hasta donde pude, mi genio amor”, decía en una gran inscripción frontal que alude, en realidad, a un tema de Los Redondos. La vestimenta no pasó desapercibida, teniendo en cuenta que su marido es el principal acusado.
Once de los doce imputados en la causa -siete de los cuales están con prisión preventiva- estuvieron presentes en la Oficina Judicial de Rawson ya que uno de ellos se encuentra en Buenos Aires. Se trata de Rubén Reynoso, quien tendrá su audiencia la semana próxima, por cuestiones médicas.
Están imputados en la causa Embrujo: Diego Correa, Diego Lüthers, Natalia Mac Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Federico Gatica, Rubén “Bedo” Reynoso (ex director de Logística), Christian Gisande (ex director de Viviendas Oficiales), Giuliana Mc Leod (cuñada de Diego Correa), Darío Correa (hermano de Diego Correa), Jorge Godoy (estuvo a cargo de la obra de la casa de Correa en Playa Unión).
Esperando las pruebas
En este contexto, el abogado de Diego y Darío Correa, Natalia y Giuliana McLeod, y Sandro Figueroa, Fabián Gabalachis informó al portal ADNSur que “la particularidad del proceso es que la mayoría de las calificaciones jurídicas que se han elegido son sumamente cuestionadas constitucionalmente”.
En tal sentido, planteó que “no hay jurisprudencia de la figura de lavado de dinero”. Consultado sobre la posibilidad de un juicio abreviado, indicó que “una vez que tengamos un dictamen judicial, empezaremos a ver si hay posibilidades de negociación con el Ministerio Público Fiscal para algunos de los cinco”.
“Donde tengo mayor complicación porque tiene mayor compromiso es con Diego Correa y luego, interpreto como una suerte de consecuencia, la intervención del resto. No perdamos de vista que son dos hermanas, un hermano y el tío de una de las hermanas, es decir que son todos familiares”, expresó Gabalachis.
Además, destacó que “la particularidad del proceso es que la mayoría de las calificaciones jurídicas que se han elegido son sumamente cuestionadas constitucionalmente. No quiero decir que no puedan llegar a prosperar, pero todas tienen un serio cuestionamiento constitucional. Hay una tendencia muy fuerte a atribuir la calificación de asociación ilícita a todas estas cuestiones, pero no veo que sea así”.
Luego, otra figura novedosa es el lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles. No estamos acostumbrados a escuchar por lo que seguramente habrá cuestionamientos al respecto”, indicó.
Consideró que “el cuestionamiento que se merece es que cuando algo no es nada, es asociación ilícita o lavado de dinero, pero no hay jurisprudencia de la figura de lavado de dinero. Una de las discusiones es si era competencia federal u ordinaria y se terminó dilucidando que era competencia ordinaria. Pero no hay prácticamente sentencia firme a nivel nacional para poder citar precedentes al respecto, por lo que todo esto será una linda contienda política en ese punto”.
Respecto a las pruebas, Gabalachis indicó que “nuestro Código tiene un sistema que establece la comparencia de todas las personas que intervinieron en la confección de instrumentales, pruebas y no puedo tener cuestionamiento al respecto en ese punto. Va a suscitar jornadas larguísimas, luego puede existir alguna intervención respecto a escuchas”.
Consultado sobre la posibilidad de un juicio abreviado, indicó que “el primer paso para hablar de un juicio abreviado es controlar la acusación. Una vez que tengamos un dictamen judicial, empezaremos a ver si hay posibilidades de negociación con el Ministerio Público Fiscal para algunos de los cinco” y agregó que “sobreseimientos totales no he pedido, sí por alguna calificación jurídica”.
Tras la probation otorgada a los empresarios imputados en la causa Revelación, Gabalachis indicó que “todas las personas que sean sometidas al instituto de suspensión de juicio a prueba ingresan a una calidad sui generis en relación a la prueba. Es decir que no son testigos, por lo que no pueden venir a juicio a declarar y siguen siendo imputados relativos porque están sujetos a pautas de conductas que de cumplirlas serán sobreseídos”.
“Me gustaría escucharlos en el juicio, pero entiendo que no concurrirán porque están sujetos a juicio a prueba, de manera que si la fiscalía quiere ingresar esas declaraciones nos vamos a oponer y por ahí pasa el punto”, concluyó.
El Patagónico