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Los trabajadores de la salud dependientes del Hospital Zonal de Trelew, en su mayoría nucleados en el Sindicato de la Salud Pública (SiSaP), realizaron ayer en la mañana una manifestación frente al establecimiento hospitalario, haciendo sentir una serie de reclamos, en sintonía con los trabajadores de los hospitales públicos de toda la provincia.

La acción de los trabajadores estuvo relacionada «ante la falta de respuestas concretas a los distintos reclamos formales que venimos haciendo a las autoridades sanitarias en el marco de la contingencia de la pandemia COVID 19 y de la Emergencia Sanitaria», dijo a EL CHUBUT en secretario general del gremio, Carlos Sepúlveda.

Reclamos  

En el escrito entregado a nuestro diario, los manifestantes, señalan, «que se garanticen todos los elementos de bioseguridad, por la precarización laboral, por el ingreso de recurso humano en áreas críticas, por el pago de nuestros sueldos en tiempo y forma, contra los abusos de poder y maltratos por parte de ciertos directivos y jefes, por la falta de convocatoria a los representantes gremiales al comité de emergencia, en reclamo que se respeten las dispensas de orden nacional (considerandos de la Resolución 207/2020), por la falta de diálogo y abordaje a nuestros reclamos por parte del Gobierno, entre otros puntos», indica el texto difundido durante la manifestación.

El titular de Seguridad del Chubut, valoró el comportamiento de la ciudadanía en cumplir con las normas establecidas.

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, remarcó en conferencia de prensa desde el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno que se ha notado claramente “una disminución en la cantidad de detenciones” a lo largo y ancho de la provincia.

“Notamos una disminución importante en la cantidad de detenciones, y en la cantidad de secuestros de vehículos. Tenemos un número importante de detenciones en la Provincia del Chubut desde el comienzo de la cuarentena hasta el día de hoy; 4.585 personas las que han sido detenidas e imputadas por el delito establecido en el artículo Nº 205 y 239, y son 777 vehículos secuestrados”, informó Massoni.

Asimismo, el Ministro agregó que “cuando uno hace un análisis en relación a la cantidad de habitantes que tenemos, no llega al 1 por ciento, esto nos da una pauta de que hay un 99 por ciento de la ciudadanía que es cumplidora efectiva de lo que establecen las normativas emitidas tanto a nivel nacional como provincial, con el fin de salvaguardar la salud de nuestros comprovincianos”.

“Ese 1 por ciento que es reacio, quiso probar suerte a ver si podían salir y realizar actividades las cuales estaban vedadas. En forma permanente cada vez que interviene la fuerza policial se da conocimiento al Juez Federal con el fin de llevar adelante los procedimientos, los cuales son establecidos por el decreto nacional”, expresó el titular de Seguridad del Chubut.

Vehículos secuestrados

En cuanto a los vehículos secuestrados por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Massoni mencionó que “quedan secuestrados y a disposición del Juzgado Federal. Si la persona demuestra y acredita de la necesidad que tiene para dar utilización a ese vehículo, tiene que demostrar que es una necesidad, que lo utiliza para realizar determinada tarea o tiene que llevar a sus padres mayores, tiene que demostrar cuál es la necesidad que tiene respecto a ese vehículo, en algunos casos se están devolviendo”.

Fue en inspecciones realizadas en distintos puntos de la ciudad. Las mismas abarcaron comercios mayoristas, supermercados, autoservicios y mercados de barrio.

La Municipalidad de Trelew, a través de las áreas de Defensa al Consumidor e Inspecciones Generales, labró en lo que va de la semana, 31 actas de infracción a distintos establecimientos comerciales por la presunta infracción a la Resolución Municipal 1429/20 de Precios Máximos y al Artículo 4° de la Ley 24.240, por falta de exhibición de precios.

Las inspecciones se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad a comercios mayoristas, supermercados, autoservicios y mercados de barrio, en el marco de varias medidas que buscan evitar abusos en el contexto de la emergencia sanitaria dispuesta a nivel nacional para prevenir la expansión del Coronavirus (COVID-19).

“Muchas de las actuaciones se realizaron de oficio, como producto del control diario de los inspectores y otras en base de denuncias de los propios vecinos, ingresadas a través del sitio dispuesto por el Municipio para tal fin: trelew.denuncias@trelew.gob.ar”, indicó el titular de la Oficina de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Trelew, Fabio Prato.

El funcionario aseguró que “todas las denuncias son corroboradas”, aunque recomendó a los vecinos que de ser posible “adjunten fotos”, con el objetivo de facilitar la prosecusión de las actuaciones.

Prato adelantó que las intervención, es continuarán durante el resto de esta semana e informó que las mismas se realizan, a menudo, en conjunto con la Coordinación de Inspecciones Generales y la Dirección General de Defensa al Consumidor de la Provincia.

El titular de la Oficina de Defensa al Consumidor recordó que una versión en pdf del listado de precios máximos dispuestos para la Provincia del Chubut por las autoridades nacionales, puede bajarse directamente desde el sitio web oficial del Municipio: https://bit.ly/3brQU8z

Argentina ya admitió que no se cumplirá el plazo inicial del 31 de marzo para reestructurar su deuda. Ahora los acreedores y los funcionarios del gobierno están considerando un pago de US$1.400 millones que vence el 7 de mayo como una fecha más urgente para llegar a un acuerdo.

Tras una serie de conversaciones entre los bonistas y los funcionarios del gobierno en Buenos Aires en las últimas semanas, se da cuenta de que el pago de la deuda de mayo será la prueba para saber si se puede llegar a un acuerdo para evitar el default, según personas con conocimiento directo de las reuniones.

Aunque los bonos denominados en dólares conocidos como Bonars con vencimiento en 2024 se vendieron bajo la ley local, lo que facilita la extensión unilateral de la fecha de pago de mayo, un nuevo perfil forzado enviaría una mala señal a los acreedores que esperan llegar a un acuerdo de reestructuración de aproximadamente US$69.000 millones de notas extranjeras con precios menores en medio de la venta global.

La fecha de mayo representa uno de los mayores pagos en divisas del país este año. Tanto el presidente, Alberto Fernández, como el ministro de Economía, Martín Guzmán, admitieron que las conversaciones se extenderán más allá del 31 de marzo, que originalmente fue establecido como una fecha límite por el gobierno en su cronograma del proceso. El brote de la pandemia de coronavirus también se suma a los retrasos y un roadshow programado para explicar una eventual oferta a los acreedores en persona probablemente se realice mediante teleconferencias, dicen las personas involucradas en el proceso.

Un portavoz del Ministerio de Economía no respondió a una solicitud de comentarios. “Pensar que Argentina va a considerar un período de tiempo tan corto es pura ciencia ficción”, dijo Patrick Esteruelas, jefe de investigación en Emso Asset Management, con sede en Nueva York, en referencia a la fecha del 31 de marzo. “Argentina tiene un enorme stock de deuda en muchas manos diferentes”.

Aunque muchos gerentes de cartera de mercados emergentes sanan sus heridas de una venta histórica durante la semana pasada, no todos se centran en sus tenencias en Argentina en este momento.

Argentina necesita elaborar un plan de reestructuración creíble y razonable para que los acreedores eviten un default total al mismo tiempo que negocian pagos retrasados con el Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora, no se han publicado detalles de una oferta, aunque se han contratado bancos para asesorar en el proceso.

Alejo Costa, un estratega de BTG Pactual, dijo en una nota a los clientes que un default total ahora parece ser el escenario “de referencia”.

Al mirar más de cerca los vencimientos este año, el gobierno debe a los bonistas US$14.800 millones en pagos en leyes locales y extranjeras durante el resto de 2020, según la consultora 1816 Economía y Estrategia, con sede en Buenos Aires. Esta cifra excluye todas las deudas en pesos.

Con vencimientos de US$235 millones en marzo y US$644 millones en abril, estos meses son menos difíciles debido a las reservas del banco central que ascienden a US$44.800 millones, de los cuales aproximadamente US$13.400 millones están plenamente disponibles, según la consultora Eco Go.

“Aunque Argentina tiene controles de capital autoimpuestos, las reservas netas son bajas”, dijo Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de Eco Go. El gobierno “no puede retrasar las negociaciones de la deuda por demasiado tiempo”.

Guzmán, el ministro de Economía, ha dicho que algunas reservas pueden ser asignadas para pagar intereses, pero no por mucho tiempo. Argentina tendrá que pagar intereses sobre tres bonos en dólares con ley de Nueva York el 22 de abril. El único pago de capital de derecho extranjero este año es una obligación de US$432 millones adeudada en francos suizos de un bono global con vencimiento en octubre, según datos compilados por Bloomberg.

“La próxima gran pregunta es si el gobierno seguirá pagando los cupones de bonos globales durante 2020 si la negociación de la deuda no se cierra en marzo”, dijo Ezequiel Zambaglione, jefe de estrategia en Balanz Capital Valores en Buenos Aires.

Si bien aún no se ha presentado una propuesta oficial de endeudamiento, el Fondo Monetario Internacional ha señalado que respalda un plan que apoye un alivio significativo de la deuda. En febrero, el fondo dijo que la carga de la deuda del país era “insostenible” y que los acreedores privados tendrían que hacer una “contribución significativa” para que el país recupere su equilibrio.

“No es crucial tener un acuerdo con el FMI antes que un acuerdo de deuda con los bonistas privados, pero creo que ayuda”, dijo Esteruelas. “Fernández heredó una importante cantidad de deuda sin credibilidad ante el mercado. Y esa credibilidad es extremadamente difícil de crear”.

Lo denunció la titular del sindicato de docentes Privados, Carolina Rubia, a pocos días del inicio de las clases en Chubut.

Este martes el Sindicato Argentino de Docentes Privados, en Chubut (Sadop), decidió llevar a cabo un paro por 24 horas por los reclamos contra la falta de pago de salarios. En el marco de las asambleas que juntarán a los trabajadores de la educación durante la medida de fuerza, la titular del Sadop expresó en el aire de A Tiempo en Verano (Cadena Tiempo), que “ingresan alumnos en las aulas más allá de las cantidades permitidas”, en referencia a la sobredemanda de cupos que asedia a las instituciones privadas en Chubut.

La secretaria general del Sadop indicó que “el sector privado viene padeciendo el incumplimiento en materia salarial desde el año pasado al igual que sucede con los docentes estatales” y apuntó duramente contra los administradores de las instituciones del orden privado: “Los empleadores dicen que no pueden pagar salarios, y se sacan las responsabilidades de encima echando culpas al gobierno”.

Además -insistió Rubia- “La Secretaría de Trabajo del Estado hace la vista gorda: cuando les pedimos que intervengan en los problemas no lo hacen, porque ellos son amigos de los empleadores”.

En base a los exámenes de control que el Ministerio de Educación provincial realizará a las instituciones públicas de gestión privada, Rubia dijo que si las auditorías van más allá de la cuestión del dinero sería genial, hay algunas que hace años que no presentan balance y nadie dice nada”- explicó la sindical y agregó: “No me queda claro cómo es el manejo del dinero propio y el ajeno, que es el que viene del Estado provincial”.

El juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase resolvió enviar a juicio oral y público la causa penal en la que se encuentra imputado Cristian Eguillor por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública al otorgar cuando era titular de la obra social SEROS un aumento en las prestaciones médicas que benefició entre otros prestadores a la empresa de diagnóstico por imágenes TESLA en la que era contador además de ser amigos de sus socios.

El fiscal general Omar Rodriguez anticipó que en caso de ser hallado culpable pedirá para el contador Eguillor una pena de tres años de prisión. A la vez el juez Nieto Di Biase pedirá a la Oficina Judicial la realización del juicio a la mayor brevedad habida cuenta de lo dilatado del tiempo –dos años- en que el imputado se encuentra sometido a distintos procesos penales en algunos de los cuales ha resultado sobreseído y que desprenden todos de la denominada causa “Embrujo”.

La audiencia preliminar se realizó este miércoles en la Oficina Judicial de Rawson y el imputado fue defendido por el abogado Federico Ruffa. Mientras que las partes estuvieron de acuerdo en las pruebas ofrecidas tanto por el Ministerio Público Fiscal como de la defensa, el debate se extendió en cuanto a la descripción del hecho que consta en la acusación y que serán los debatidos en el juicio oral.

Amigos

El fiscal general Rodriguez –titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones- fue quien realizó la descripción del hecho y dio cuenta de la resolución que el imputado tomó para determinar un aumento en las prestaciones en beneficio de la empresa Tesla dedicada al diagnóstico por imágenes con sede en la ciudad de Trelew de propiedad de Pablo Mamet y Juan Blasco a los que consideró “amigos” de Eguillor que además oficiaba de contador a través de una persona que mencionó de apellido San Martín, dependiente además del imputado en la obra social que presidía en el año 2016. “Hubo una clara intención de beneficiar a esa empresa y a sus amigos y puso su interés particular por encimo del interés público. La actitud de Eguillor fue parcial, infiel y poco transparente”, dijo Rodriguez.

La defensa de Ruffa

Al momento de argumentar el defensor de Eguillor pidió su sobreseimiento. Dijo que en la descripción de los hechos “no está claro” en qué se benefició Eguillor porque “no torció la voluntad administrativa para otorgar ese aumento” y que además “fue avalado por unanimidad por el directorio y por los órganos internos técnicos” de esa obra social. Dijo también que el día del aumento a Tesla, se dio un aumento “generalizado a todas las prácticas médicas” en el marco de una actualización de montos a raíz de la inflación.

Ruffa fue aún más puntilloso en su argumentación y mencionó a tres integrantes del directorio de SEROS de apellidos González, Hernández y Schulman “entre otros más”, que también avalaron aumentos en las prestaciones siendo también prestadores de esa obra social. “Están en igual situación y el Ministerio Público Fiscal no los persiguió. Se trata de una conducta atípica y no significa que esté mal”, manifestó Ruffa.

Al momento de la contrarréplica el fiscal general Rodriguez ratificó la necesidad que el caso Eguillor sea elevado a juicio oral y público y que en tal caso “si es necesario y la amerita iniciaremos una actuación de oficio” respecto de los nombres mencionados por Ruffa.

La resolución del juez

Al momento de resolver el juez Nieto Di Biase indicó que el aspecto considerado “subjetivo” por el defensor Ruffa referido a la “intencionalidad de Eguillor de beneficiar a sus amigos” deberá probarse en el juicio “sobre la base elementos objetivos. Es allí donde se probará si solo queda en un reproche ético, o si en realidad se cometió un delito, tal como lo postula la fiscalía”.

El candidato a gobernador por el justicialismo, Carlos Linares, afirmó hoy que el “gobernador Mariano Arcioni volvió a incumplir su palabra al no pagar el retroactivo comprometido para el viernes”.
En ese contexto, Linares reiteró su preocupación ante la endeble situación financiera de la Provincia y dijo que “Chubut está en estado crítico y el gobierno nos dice que no pasa nada”.
De recorrida por Cholila, Linares dijo que los empleados del Estado provincial “son burlados constantemente por una administración que le promete pagar en cuentagotas y, encima, no les cumple”.
“No es que ya no resisten un archivo de hace un año, no resisten un archivo de hace 15 días, cuando (el subsecretario de Coordinación Financiera, Luis) Tarrío dijo que el 17 los empleados iban a tener todo depositado. Todo depende de un hilo”, agregó.
El candidato compartió varios encuentros con vecinos y anunció que, de ganar las próximas elecciones del 9 de junio, trabajará “para normalizar el calendario de pagos como lo hacemos en Comodoro, cuando todos los empleados cobran su salario el primer día hábil del mes”.

Se establece multas y sanciones.

Con preocupación del incumplimiento de la ley de quienes se presentan como representantes del pueblo se realiza un llamado de atención público.

La Ley 26.571 establece los tiempos de promoción de campaña proselitista , donde claramente en su artículo 31 regula que , los tiempos de publicidad para las campañas electorales son desde 30 días antes de la fecha de los comicios . Quien expresó con preocupación esta situación, es Germán Martinelli por un sector del radicalismo de Puerto Madryn y dijo : «Entendiendo que en Chubut el 7 de abril se realizarán las PASO y el 9 de junio las generales , la publicidad de campaña debería comenzar el 7 de Marzo y no como varios sectores de distintos colores políticos han hecho . Muchos candidatos con pretensiones a ocupar un escaño público , han incumplido con esta Ley».

Quien también agregó , que «un dirigente político, que aspira a representar al pueblo , debe demostrar su aptitud en su actitud».

«Ser respetuoso de las leyes que preservan los derechos de los ciudadanos es esencial en un renovar dirigencial ; si contaminamos el espacio visual con publicidad proselitista incumplimiento las reglas y vulnerando los derechos de quienes no desean ser invadidos ¿quien nos asegura, que no tenga esa misma conducta en un cargo de servidor publico?»

Anunció así también, que el sector del radicalismo que él integra , está analizando realizar una pronta presentación formal ante el tribunal electoral provincial con las debidas pruebas de los hechos , pero que en principio, se intentará persuadir mediante una difusión mediática , intentando evitar producir daño por sanciones a quienes actúan en contra de lo establecido en la Ley y así desistan de querer sacar alguna ventaja y respeten a sus rivales políticos y a sus vecinos , que tienen derechos a no ser invadidos con publicidad audiovisual de agrupaciones o precandidatos fuera de los tiempos legales .

La ley establece multas y sanciones a quienes la incumpla , responsabilizando tanto al precandidato como al responsable económico de contratar publicidad fuera de lo reglamentado .

«Se han realizado desde ya hace algún tiempo publicidades en redes , pero ahora salen audiovisualmente en medios locales , algo totalmente en contra de la presente Ley . También hemos notado que realizan acciones con estandartes con nombres de candidatos , se plotean vehículos en distintos puntos de la provincia , se ponen escaparates y hasta se producen pintadas , sin que nadie les ponga un freno . Entonces creemos que es necesario ser respetuosos y exigir ser respetados para producir un cambio perdurable en la sociedad y para ello un botón sobra de muestra”.

Política Chubut