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En las próximas horas se va a conocer si la exmujer y los hijos del millonario sindicalista lucifuercista, Héctor Rubén González, terminan presos o no, por la causa de narcotráfico en la que el propio juez les endilga un concurso de graves delitos, por la plantación de marihuana que les descubrieron en la casa.

Es muy factible que el magistrado termine mandándolos a juicio, pero lo que no se sabe a ciencia cierta es si dejará que aguarden el proceso oral en libertad o si ordenará sus inmediatas detenciones.

Hay algunos especialistas del Derecho, acostumbrados a litigar en el fuero federal de Rawson, que no desestiman la posibilidad de que el juez los procese con prisión preventiva ante un peligro de fuga, teniendo en cuenta la pena a varios años de cárcel que si son hallados culpables podría caberles. Los delitos que se les enrostra a la exmujer de González y sus hijos tienen una escala punitiva que va desde los 5 a los 15 años de encierro.

No hay que olvidar que el magistrado cree que cultivaban marihuana para producir estupefacientes a metros de una escuela, en esa imponente mansión de la calle Cangallo y Belgrano, que en su momento fue domicilio particular de “El Gordo” Héctor González; el capo máximo del gremio de Luz y Fuerza de la Patagonia, hoy también millonario y dueño del diario Jornada de Trelew.

En ese lugar de la zona sur de la ciudad, la policía descubrió el pasado 19 de mayo un patio poblado de plantas de marihuana, plantines y de varios cactus “San Pedro”, una especie de la que se extrae una sustancia altamente alucinógena y adictiva, quizás, más potente que el “cannabis sativa”.

Así fue como se comenzó a sustanciar la causa que hoy tanto preocupa y complica a los González, y de la que –extrañamente—nunca habla el ministro de Seguridad de la provincia Federico Massoni, pese a que se la pasa declamando sobre narcomenudeo y de su particular lucha contra el narcotráfico, paradójicamente con el subjefe de Policía, Néstor “El Tero” Gómez Ocampo, amigo de un narcotraficante condenado a 9 años de prisión.

Causa:

¿Cuándo se podría conocer el dictamen del juez en la causa del bosque de marihuana de los González? Es muy probable que la semana que viene, y si el abogado de ellos decide apelarlo –que es muy factible– el caso iría a Comodoro Rivadavia para que allí lo resuelva la Cámara Federal de Apelaciones, y eso haría indudablemente que el proceso se empantane, que tal vez es lo que va a intentar buscar el defensor.

Causa:

A la expareja y dos hijos del influyente “Gordo” González les atribuyen los delitos de “comercio de estupefacientes”, “almacenamiento de semillas”, “cultivo de plantas para la elaboración de estupefacientes” y hasta “ejercicio ilegitimo del arte de curar”.

Causa:

 

El juez Alejandro Soñis presidió este sábado la audiencia de control de detención del camionero que atropelló y mató al trapito Cristian Soto el último martes. El magistrado dejó abierta la investigación procesal, lo imputó por pedido de la Fiscalía y le dictó prisión preventiva, pero solo 15 días. Estos fueron sus argumentos.

A pesar que el Ministerio Público Fiscal pidió un mes de prisión preventiva para el camionero Sebastián Pinto, imputado por el accidente donde perdió la vida el trapito Cristian Soto, el juez Alejandro Soñis le otorgó solo 15 días de prisión preventiva.

La medida no fue aleatoria sino que responde a ciertos argumentos, basados en los hechos y la declaración del imputado en la audiencia de control de detención que se realizó este martes, que abrirá paso a nuevas líneas de investigación.

Se debe recordar que uno de los elementos que se tiene en cuenta para el dictado de una prisión preventiva es el peligro de fuga y entorpecimiento de una investigación. En ese sentido, el juez Soñis destacó que el imputado no tiene arraigo en la zona, “que pueda cautelar el proceso para que el mismo pueda desenvolverse con normalidad”.

Y explicó que tuvo en cuenta la declaración del camionero. “Dice el señor Pinto, al contrario de lo que manifiesta el testigo, que esa persona solo le hizo una seña y luego siguió su camino. Entonces él se bajó y revisó el camión. Pero sorpresivamente al acercarse al primer control policial, el mismo imputado manifiesta que les preguntó si había pasado algo. Existió la aplicación del sentido común y la lógica, y el mismo sentido común me lleva a preguntarme por qué habría pasado algo y por qué le preguntó si había pasado algo, si desconocía las circunstancias del hecho anterior y los controles son absolutamente corrientes porque están relacionados con esta situación del Covid -19. Entonces por qué le llamó la atención que estuviesen parando y por qué habría de preguntar si había sucedido antes».

«Esto me lleva a entender que el imputado Pinto lo que ha intentado es mejorar su situación procesal y solo le da mayor credibilidad en esta instancia al testigo en cuanto manifestó que no solamente lo interceptó y se dirigió al señor Pinto y le hizo saber que instancias antes podría haber participado en un hecho que resultó en la muerte de una persona. En esas circunstancias que este proceso indefectiblemente debe cautelarse”, detalló.

Sobre la falta de arraigo, Soñis, sostuvo que “esta materializada, no es una procesión”, ya que el imputado vive en otra ciudad y la sede de la empresa también está en otra urbe. A esto se suman los controles de Covid -19 que impiden los traslados en una u otra ciudad que puedan entorpecer que la investigación siga su curso.

Por esa razón, teniendo en cuenta la probabilidad de su autoría y el peligro procesal de fuga le dictó la prisión preventiva. Sin embargo, consideró que el plazo solicitado por la Fiscalía es excesivo y le dio solo 15 días de preventiva. Aunque “adelanto que esta situación podría morigerarse si el imputado hubiera tenido o habría presentado algún domicilio en la ciudad”.

Es una de las figuras delictivas que les endilgó al indagarlos en las últimas horas junto a una sucesión de otros graves cargos a los que una fuente cercana al despacho del magistrado enumeró como: “comercio de estupefacientes”, “almacenamiento de semillas” y hasta “ejercicio ilegitimo del arte de curar”.

Este último delito que en otras palabras es “ejercicio ilegal de la medicina”; estaría vinculado, según se presume, a la supuesta venta de aceite de cannabis.

Es importante aclarar que el concurso de delitos que les atribuye el juez tienen un agravante y que es: ser cometido por tres personas y en las inmediaciones de un establecimiento educativo, como lo es la escuela primaria que funciona a metros de la mansión de los González.

El comercio de estupefacientes a gran escala es una figura muy grave que está severamente castigada en el Código Penal Argentino con penas que van de 15 a 20 años de cárcel, clarificó un abogado que dijo haberse enterado de algunos pormenores del llamado a indagatoria que les hizo el magistrado a los hijos y la exmujer del sindicalista Héctor Rubén González, un hombre con mucho poder –por lo que dicen—en el sindicalismo argentino y dueño ahora de una cadena de medios de comunicación que tienen sus sedes en Trelew, Chubut, tales como el diario Jornada y unas emisoras de frecuencia modulada llamadas “Tiempo”.

¿Qué va a suceder ahora? ¿Después de este notable avance que ha tenido la investigación del caso del “bosque de marihuana” de Trelew? El juez tiene 10 días hábiles para decidir si procesa o no a los imputados. Y, a partir de este miércoles 15 de julio comienza a correr ese plazo.

¿Qué puede pasar si decide procesarlos? Un conocido penalista de la zona, acostumbrado a litigar en la Justicia Federal, no descarta que pueda ordenar detenciones ante la posibilidad de que –de acuerdo a la expectativa de la pena que pueda recaer sobre los imputados—estos decidan profugarse. Puede pasar.

Si ocurre lo contrario es muy probable que los embargue por una suma millonaria, que no les permita salir de la ciudad y que esperen el juicio en libertad. En cualquiera de los dos escenarios, es altamente posible también que el abogado de los González, Federico Ruffa apele el veredicto y que todo vaya a Comodoro Rivadavia, a la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal.

El secretario general de ATECh, Santiago Goodman se refirió al pedido de prisión de la fiscal María Florencia Gómez, quien adelantó hace días que pedirá una pena de cinco años para el líder del sindicato docente por los incidentes que se desataron el año pasado en la Legislatura y Casa de Gobierno.

En este sentido, Goodman consideró que el pedido de la funcionaria es “una fábula” y coincidió con la Regional Sur del Gremio docente al afirmar –en diálogo con Diario Crónica– que “están criminalizando la protesta”. Además, habló sobre otros temas de actualidad en la Provincia. Fue sumamente crítico con el Gobernador Arcioni y resaltó que, pese al duro contexto que afronta Chubut, los docentes continuarán el plan de lucha contra el Gobierno.

El martes 17 de septiembre de 2019, Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar perdieron la vida en la ruta luego de participar en una marcha para reclamar por sus salarios. Las dos mujeres eran docentes y murieron cuando volvían manejando desde Rawson a Comodoro Rivadavia. El hecho conmovió a toda la provincia, desatándose luego distintas manifestaciones en distintos puntos de Chubut, con un mensaje que se repitió durante días: “el Gobierno es responsable por sus muertes”.

Ese martes por la noche, la furia de los docentes se hizo sentir en Rawson, luego de enterarse de lo que había sucedido con las dos maestras comodorenses. En la Legislatura y en la Casa de Gobierno se produjeron incendios y manifestaciones de los trabajadores que estaban en la capital de la provincia. El resultado fue una causa en la cual hay cuatro principales involucrados: Santiago Goodman, Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro.

El comienzo de los incidentes

“El día de los incidentes, nosotros tuvimos un plenario de delegados provincial, vinieron delegados de toda la Provincia. Eso transcurrió entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde. En ese plenario decidimos hacer un acampe en la Legislatura, a fin de exigir la sanción de la Ley Tributaria Extraordinaria y el pago del salario de los trabajadores en tiempo y forma. En ese marco, a las cinco de la tarde, yo empiezo a llevar todo lo que necesitábamos. Nosotros podríamos haber interpuesto los fueros, pero no lo hicimos. Ahora, con el período de investigación concluido, estamos los cuatro imputados. Sin embargo, la fiscal Gómez dijo que no pudo corroborar ni identificar quiénes fueron los que encendieron el fuego, pero me imputa a mí como responsable. Lo de la fiscal es una fábula”, dijo el sindicalista de ATECh.

En esta línea, el líder gremial de los docentes resaltó nuevamente lo que para él son discordancias dentro de la causa: “desde las cinco de la tarde, a mí se me ve descargar una serie de elementos, la policía filmó videos en donde se me ve bajando una garrafa de gas, un calentador, ollas, harina, fideos, verduras, palets de madera, parlantes de sonido, un grupo electrógeno, un bidón de nafta y más cosas. Después, dicen que me ven bajando gomas de la camioneta, eso es verdad. También que me ven en cercanías de Casa de Gobierno y luego siendo perseguido a los tiros por la policía. Éramos cientos de trabajadores y la policía salió a tirar balas de goma luego de que se prendió fuego todo. Durante el incendio, la policía no salió en ningún momento. Supuestamente, para la jueza somos responsables por esto. Hubo cientos de personas al principio y miles hasta las tres de la mañana”, relató.

Crónica de algo ya anunciado

Ese mismo día, se confirmó algo que ya se venía comentando por la mañana: el Gobernador Arcioni había enviado un proyecto de ley para quintuplicar su salario. En la vereda de enfrente, los trabajadores estatales continuaban su reclamo para percibir sus haberes en tiempo y forma, rechazando por completo la modalidad de pago escalonado.

“Hicimos un acampe y armamos una choza. Guardamos todas las cosas adentro, porque sabíamos que no nos íbamos a quedar dos días ahí. El problema en todo esto, es que la fiscal no tiene forma de saber quién inicia el fuego, pero responsabiliza al sindicato y sus dirigentes, con el detalle de la irresponsabilidad del gobierno, que vio desde un primer momento lo que estaba pasando y no hizo absolutamente nada. Los bomberos nunca vinieron. Enfrente de la Legislatura está la Jefatura de Policía, pero nadie salió. Cerca de las ocho de la noche nos enteramos del accidente de Jorgelina y María Cristina. Eso desató la furia de los trabajadores”, recordó Goodman.

Luego, con un tono bastante crítico, el secretario general de ATECh acusó al Gobierno de querer desviar la atención de cuestiones de corrupción que se denuncian dentro del aparato estatal.

En este sentido, citó el caso de la ahora ex ministra de Familia, investigada por la justicia en una causa por corrupción. “El cambalache continúa, el Gobernador y sus ministros quieren desviar la atención de ciertos temas. Ahora, la ex diputada y ministra Torres Otarola está siendo investigada por los fiscales Williams y Rodríguez. Ellos necesitaban una noticia que corriera el efecto de la cámara para otro lado. Mientras tanto, la fiscal presenta la denuncia e, inmediatamente, al otro día ya se podía descargar el archivo PDF de esto en todos los portales de noticias de la Provincia. ¿Cómo explican esto, señora fiscal? ¿Quién se lo dio a la prensa? ¿Usted, el Ministerio Público Fiscal, la justicia? Todo esto me parece una locura”, señaló el entrevistado.

“Los que nos gobiernan, aparte de ser brutos ocupan cargos públicos”

Otro de los temas que analizó Santiago Goodman fue la reestructuración de la deuda provincial, algo en lo que el Gobierno pretende avanzar en breve. Al respecto, se mostró crítico y comparó el contexto que tiene el Gobierno Nacional con el que tiene el provincial. “Quieren buscar mejores condiciones de pago para los acreedores. Quieren que en 2023, cuando se empiece a pagar de nuevo, estos tipos ganen más guita. Es algo inentendible”, disparó el sindicalista.

“Lo que quieren hacer con la deuda de la provincia es algo inexplicable, quieren hacer lo que haría cualquier persona sin estudios. Y lo voy a decir así, porque pareciera ser que las personas que nos gobiernan son brutos. Ojo, yo respeto mucho a los que son brutos, pero estos tipos, además de ser brutos ocupan cargos públicos. Suspender el pago de la deuda para volver a pagar en 2023, dando mejores condiciones de pago a los acreedores, reconociéndoles mejores condiciones, es una brutalidad muy grande”, sostuvo Goodman.

En este sentido, el gremialista planteó que hay “un entongue económico con los acreedores” al destacar que todos los meses los acreedores cobran lo que tienen que cobrar de la deuda.

Entonces, Goodman puso sobre el tapete un interrogante que de seguro varios deben tener en este momento en la Provincia: ¿por qué deberían otorgarse mejores condiciones de pago a los acreedores de la provincia? Hablando puntualmente de la “letra chica” de la deuda, el entrevistado destacó que, cuando se dan situaciones como la que se vive por estos días (pandemia y crisis financiera en Chubut) se pueden plantear algunas salvedades para oxigenar la deuda, tales como quita de intereses y suspensiones de pago.

“Este problema es mundial, no de Chubut ni de Argentina. Muchachos, la pandemia está ocurriendo en todo el mundo. La Argentina ha conseguido con su deuda quita de intereses y suspensiones de pago, a partir de, justamente, tener como fundamento válido el COVID-19”.

“No logro entender por qué en Chubut es al revés. Quieren buscar mejores condiciones de pago para los acreedores. Quieren que en 2023, cuando se empiece a pagar de nuevo, estos tipos ganen más guita. Es algo inentendible. Hace poco, un compañero explicó en un informe que, este mes, con los veintiún millones de dólares que van a entrar de regalías a la provincia no va alcanzar para pagar la deuda, entonces va a haber que poner más plata encima.

“Y no hay que perder de vista el hecho de que todavía no sabemos adónde fue el dinero de la deuda”, indicó.

Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de los Kirchner, apareció sin vida tras estar más de un día desaparecido. Su cuerpo estaba envuelto en una sábana, con golpes en su cabeza y heridas de arma blanca. La hipótesis que maneja el juez y el rumbo de la investigación.

El hallazgo se concretó este sábado por la mañana en los fondos de una casa de esa localidad turística ubicada a unos 250 kilómetros de Río Gallegos. De acuerdo a los primeros análisis realizados por los médicos forenses que revisaron el cuerpo, presentaba golpes, principalmente en la cabeza, y un corte en el cuello.

«Yo no tengo el móvil político dentro de las hipótesis que estoy trabajando», dijo Carlos Narvarte, juez de instrucción penal de El Calafate en declaraciones a A24.

El magistrado que investiga el crimen aseguró que el cuerpo fue encontrado enterrado y envuelto en una sábana en la vivienda de uno de los cuatro sospechosos detenidos y que presentaba al menos un golpe en la cabeza y lesiones de arma blanca.

Además, aseguró aún aguarda distintos peritajes «importantes para la causa», como por ejemplo el de los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la pesquisa, entre ellos el de la víctima y de los cuatro detenidos.

Según los investigadores, todo comenzó el viernes al mediodía, cuando se recibió una denuncia sobre la desaparición de Gutiérrez, quien no contestaba las llamadas y no había sido hallado en su domicilio.

Los pesquisas de la Policía de Santa Cruz determinaron luego que, durante la noche previa, Gutiérrez había sido visto con un joven de unos 20 años que era conocido suyo, por lo que los investigadores se dirigieron a su domicilio.

Ese joven, de apellido Saeta, quedó demorado y el juez ordenó de urgencia otros tres allanamientos durante la madrugada en los que fueron detenidos otros tres sospechosos, todos ellos de entre 20 y 25 años.

Facundo Zaeta, de 19 años, fue arrestado por orden del juez como sospechoso de la, entonces, desaparición de Gutiérrez y deberá enfrentar a la justicia por el asesinato.

Los otros acusados fueron identificados como «Juanca Monzón», un tercero de apellido Gómez y el cuarto es el hermano de Facundo Zaeta, cuyo nombre de pila no trascendió, que fue arrestado el sábado por la madrugada cuando intentaba escapar a bordo de una camioneta. Además, este último tenía en su poder elementos que pertenecerían a Fabián Gutiérrez.

Tanto el primero de los detenidos como los otros tres confesaron más tarde ante la Justicia que habían estado con Gutiérrez y que lo habían atacado a golpes con intenciones de robarle dinero.

La Política y los Kirchner

Gutiérrez, quien fue encontrado muerto en la casa de uno de sus presuntos asesinos en la ciudad santacruceña de El Calafate, militó de adolescente en las filas del peronismo de Río Gallegos donde su madre, Teresa García, fue durante muchos años la interventora de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz.

En 1995 comenzó a trabajar junto a Néstor Kirchner en su segundo mandato como gobernador de Santa Cruz y con el correr de los años se convirtió en uno de los hombres de confianza del mandatario patagónico, por lo que trabajó en la campaña presidencial de 2003 y así llegó a ocupar un cargo en la Rosada.

Gutiérrez, quien siempre mantuvo negocios empresariales paralelos a su actividad pública, se desempeñó mayo de 2003 y 2005 como secretario de la Presidencia de la Nación y fue secretario adjunto de la Presidencia entre diciembre de 2007 y enero de 2010.

Luego de distanciarse del entorno de la expresidenta, el exsecretario privado tuvo varios emprendimientos en Santa Cruz y también en la provincia de Buenos Aires, donde instaló una concesionaria de autos de alta gama en el municipio de San Isidro.

La causa de los Cuadenos

El nombre de Fabián Gutiérrez llegó a Comodoro Py por primera vez en la declaración del exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, quien había señalado a Gutiérrez como quien le dio las órdenes de movilizar el dinero con el que fue detenido en un convento bonaerense en 2016, pero luego el exsecretario presidencial lo desmintió.

En noviembre del año pasado, el juez federal Claudio Bonadio había procesado a Gutiérrez como supuesto coautor del delito de lavado de dinero en el marco de un expediente vinculado con la llamada causa de los Cuadernos.

Gutiérrez, a quien el fallecido juez le trabó un embargo por 900 millones de pesos, fue procesado junto a una decena de empresarios, en su mayoría de Santa Cruz.

Un año antes, Gutiérrez había decidido convertirse en uno de los arrepentidos ante el fiscal Carlos Stornelli, en la causa que se puso en marcha con las fotocopias de las supuestas anotaciones de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta que describió en sus escritos el presunto funcionamiento de una red para cobrar coimas vinculadas con la obra pública.

El juez penal Marcelo Nieto Di Biase resolvió este martes por la tarde disponer el rechazo al acuerdo juicio abreviado presentado por las partes en el marco de una causa en la cual se acusa a tres jóvenes por el delito de abuso sexual simple, en un hecho ocurrido en Playa Unión durante septiembre del año 2012.

El doctor Nieto Di Biase, entre los fundamentos centrales de su resolución, indicó que teniendo presente el artículo 355 del Código Procesal Penal (CPP) considera que resulta necesario un mayor conocimiento de los hechos, como así también que resulta exigua a criterio del magistrado la pena acordada en orden a la propia plataforma expuesta en el acuerdo; en particular las circunstancias de realización del hecho y la extensión del daño en la víctima, sumado a considerar que aún con lo relatado y doctrina imperante, la calificación propuesta resulta errónea.

A criterio del juez, se pretendía la imposición de una pena de tres años en suspenso -mínima para la escala elegida por las partes- siendo que de aplicarse correctamente la norma, conforme lo sostiene vasta doctrina, se debería pensar en una calificación que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión, lo que no puede pasar por alto.

En cuanto al consentimiento expuesto por la víctima en la audiencia, Nieto Di Biase lo consideró condicionado, lejos de la forma en la que pretendía que fuera tomado por las partes, dado que se le hizo mención al magistrado de la existencia de un acuerdo reparatorio, cuyos términos se reservaron las partes a tener de un «pacto de confidencialidad».

A continuación y en el texto de la resolución el magistrado sostuvo de manera enérgica:

“Soy Juez, no mediador. Y como juez no puedo aceptar que por acuerdo extrajudicial de partes se me diga lo que puedo o no decir en el marco de una sentencia, dado que resulta inadmisible”.

En el mismo tono, indicó que “por más respeto que me merece el interés de la víctima, más aún de un hecho de abuso sexual, cierto es que a partir del propio diseño constitucional que rige la actividad fiscal, se establecen límites específicos, en cuanto a la discrecionalidad que pueda adoptar, no encontrándose los delitos analizados en la presente causa dentro de ese margen de discreción (Cfr. Art. 71 del Código Penal y 44 del CPP)».

“Para que quede claro, no puedo tolerar, que cuanto menos en el marco de mi competencia, exista una justicia que tenga resultados diferentes, dependiendo del poder adquisitivo de los imputados; lo que de por si solo resultaría repugnante y claramente violatorio al artículo 16 de la Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad ante la ley” menciona la resolución, notificada a las partes durante la tarde de este martes.

Fuente: Agencia de Comunicación Judicial

¿Llevaran a juicio a la ex y a los hijos del sindicalista dueño del diario Jornada? Se habla de que hay muchas presiones para favorecerlos con el fallo.

Se viene la resolución del juez en la causa del “bosque de marihuana” en la mansión de los González

La semana que viene se cumplirían los diez días hábiles que tiene el juez para resolverle la situación procesal a la exmujer y los hijos del millonario sindicalista Héctor González, en la causa del “bosque de marihuana” que les encontraron en la casa, con aquel allanamiento que hizo la policía el pasado 19 de mayo en la zona sur de Trelew.

¿Qué dispondrán en la Justicia Federal de Rawson?,¿El procesamiento y el envío a juicio de los González?, ¿Les dictaran la prisión preventiva?.

Se comentó estos días en los pasillos de los tribunales –entre el abanico de rumores que ha generado esta causa—que habría “muchas presiones” para que el fallo favorezca al dueño del Grupo Jornada y a sus hijos.

Aunque al juez se le haría muy difícil justificar que tres personas que convivían con más de cien plantas de cannabis sativa (marihuana) y una decena de cactus “San Pedro”, otro alucinógeno, no tuvieran nada que ver con eso o no supieran de su existencia.

También sonaría a ridículo y nadie lo creería, si se dijera que a esa plantación la tenían para producir aceite de cannabis o que el millonario sindicalista Héctor González no tuviera conocimiento del verdadero “bosque de marihuana” que había en el patio de esa mansión de la calle Cangallo y Belgrano, en donde él vivió durante mucho tiempo.

Era por eso, quizás, que se decía que en la Justicia querían escuchar lo que dijera “el gordo” González en una declaración que hasta el momento no se habría concretado o si ocurrió se llevó a cabo en el más estricto secreto.

Capaz que eso pudo haber generado aquella confusa versión que circuló en las últimas horas y que muy pocos creyeron asegurando que habían ordenado la captura del “capo” del sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia.

El hermetismo en la causa continua: desde el Juzgado Federal de Rawson no dejan que trascienda absolutamente nada de las diligencias que se han estado efectivizando. Tampoco se ha filtrado la calificación que ha escogido el juez para caratular el expediente; algunas fuentes hablaban de tenencia para comercialización, otras de “acopio” de marihuana. En cualquiera de los dos casos la pena que prevé el Código va de los 3 a los 6 años de cárcel.

El juez Martín Alesi afirmó que se siente “triste e indignado” por el sufrimiento de los chubutenses. “Tengo reuniones online con muchas personas, y como todos, me doy cuenta que vivimos ahogados en una angustia colectiva profunda, provocada por la clase dirigente”, declaró a FM Sonyk de Rawson.

“Más allá de la responsabilidad de los políticos, hay un dolor en el pueblo porque votamos mal. Cometimos un acto de violencia terrible contra nosotros mismos”, analizó Alesi, quién ha ganado una enorme popularidad en ascenso desde que anunció su intención de volcarse a la política cuando finalice su etapa como juez.

El posible candidato a Senador Nacional en 2021 explicó que “los chubutenses votamos con fe y esperanza, y luego nos damos cuenta que hemos sido inmaduros, no exigimos a los candidatos que nos digan qué harán por nosotros si llegan al gobierno. Y ahora pagamos las consecuencias, porque nos defraudaron y ya les entregamos la suerte de nuestra familia, nuestros trabajos, las jubilaciones y la obra social, la educación de los hijos”.

Agregó que los políticos de siempre y los grandes empresarios siempre salen bien parados en la crisis, mientras que al pueblo le toca sufrirla.

Alesi disparó duro contra varios diputados provinciales. “Hay algunos legisladores que tienen mucha capacidad, pero otros no están a la altura. No pueden resolver problemas prácticos derivados de las medidas de fuerza del sindicato de trabajadores de Legislatura, como la falta de un taquígrafo en la sesión, el corte de los micrófonos o de la luz. Son como los pollos, les apagás la luz y se duermen”.

Al respecto, el juez dijo que “varios diputados se quejan, pero no les escuché una sola propuesta de acción o medida de gobierno para aliviar el sufrimiento que sentimos. Están dedicados al conventillo y no aportan ninguna solución”.

Subrayó que se precisa un gobierno provincial eficaz, que coloque a los chubutenses como prioridad y centro de la gestión, aunque en lo inmediato Nación debe brindar ayuda financiera. “El gobierno federal no puede limitarse a dar adelantos o préstamos que no alcanzan, porque Chubut no está en condiciones de devolver el dinero en unos meses. Necesitamos directamente aportes del tesoro nacional (ATN), no reintegrables, que los entrega el Ministerio del Interior, y también los fondos que maneja el Ministerio de Educación destinados por leyes nacionales a garantizar el pago de salarios de los docentes”.

Sobre el papel de algunos diputados y senadores nacionales, manifestó que cuando aterrizan en Buenos Aires y van al Congreso, se ponen a trabajar en políticas nacionales, olvidándose que tienen que tramitar un dinero no reintegrable para aliviar el sufrimiento del pueblo chubutense que los votó, como lo prevé la propia Constitución nacional. “Pidan de una vez lo que necesitan los chubutenses, empaticen con nuestra angustia”, reclamó Alesi.

Pidió que “Nación ayude y aporte más dinero, porque el gobierno federal tiene responsabilidades con lo que ocurre en Chubut, los chubutenses somos argentinos”.

Se mostró alarmado porque “los pobres son más pobres, y la clase media se está convirtiendo en los nuevos pobres. Si esto sigue así, algunos barrios de localidades de Chubut parecerán verdaderos campos de refugiados”.

Finalmente reflexionó: “Estoy convencido que vamos a salir adelante. La resiliencia es la capacidad de una persona de sobreponerse a una tragedia. Creo en una resiliencia colectiva, en que como sociedad no volveremos a equivocarnos con el voto, porque con esta crisis aprenderemos a votar bien, eligiendo a un candidato a partir de que nos convence su plan de gobierno, no porque le tenemos fe o cae bien. Hay que ejercitarnos, participar activamente en espacios de diálogo y debate, para saber bien qué medidas concretas necesita Chubut, y exigirlas en las propuestas electorales de los candidatos”.

Fuente: FM Sonyk de Rawson

Llegó en 2007 a Chubut desde la ciudad de La Plata. Durante más de 12 años revolucionó el derecho de familia desde su juzgado. Sus fallos son estudiados en todo el país, y los profesores universitarios y colegas le reconocen la brillantez de su razonamiento creativo.

Alesi no sólo se dedicó al derecho de familia para resolver conflictos. Introdujo en los expedientes el estudio de la neurociencia para resolver casos familiares, investigó sobre la inteligencia emocional, y ha sido un permanente transmisor de la resiliencia, convencido que la capacidad de las personas de superar circunstancias traumáticas puede ser enseñada y aprendida.

Su vida como juez no fue fácil en la última etapa. El reconocimiento nacional motivó la envidia y el odio visceral de los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Le fabricaron un inexistente incidente en un restaurant (a un juez de la corte no le gustó cómo Alesi lo saludó), y decidieron suspenderlo e iniciar un proceso de destitución irregular, declarado inconstitucional por el Consejo de la Magistratura.

Alesi sigue hoy suspendido. Pero algo falló en los planes de los que quieren destruirlo.

La campaña de desprestigio dirigida por el Superior Tribunal de Justicia generó el efecto contrario.

Alesi goza de un enorme apoyo popular. Luego de varias ofertas de partidos políticos para que se sume como candidato, decidió formar su propio espacio, “Hagamos que Suceda”.

“No quiero participar en ningún partido político que destruyó la vida y los sueños de los chubutenses. Así que prefiero ir con un partido propio, nuevo, formado por personas calificadas, con amor a Chubut, y odio a la corrupción”, afirmó el juez.

Varios medios de comunicación de Chubut informaron esta semana que el partido de Alesi se habría convertido en la segunda fuerza electoral de la provincia, superando incluso a la UCR, según la intención de voto que emerge de los sondeos encargados por el gobierno.

Alesi es un comunicador experto. Sabe cómo llegar a la gente. Además de su muro personal de Facebook, tiene una página dedicada a enseñar litigación en el fuero de familia. En uno meses, se convirtió en un influencer. El flujo de visitantes es enorme: más de 110 mil personas en el último mes.

Un conocido de la política chubutense, actualmente funcionario en el gobierno provincial, lo define así: “No está contaminado por la política, ha propuesto varias acciones de gobierno audaces e interesantes, y su trayectoria como juez valiente y trabajador lo colocan en el primer plano político. Tiene un lenguaje claro y docente, y su mensaje es directo. No es el político tradicional. Hay muchas expectativas por escucharlo en su primer discurso político, cuando en unos meses se retire de la función judicial”.

El funcionario fue más específico: “Alesi canaliza como nadie el hartazgo de la gente con la política. Cada palabra suya refleja la bronca de los chubutenses. Su forma de comunicar, sin filtros, lo convierte en un referente. Lo que genera preocupación en los políticos, casi temor diría, es el enorme carisma que tiene. Cuando sale a la calle en Trelew, la gente le pide selfies, o lo saluda diciéndole que se postule como Gobernador en 2023. Antes de la crisis del coronavirus, si entraba en un restaurant, varias personas le sonreían, y hasta se le acercaban para tomarse fotos y palmearle la espalda”.

“Es posible que estemos ante un futuro fenómeno electoral. No me asombraría que con los niveles de conocimiento e intención de voto de Alesi, pueda ganar una elección de gobernador contra el aparato del justicialismo. Y de ahí a la Casa Rosada, queda a un paso”.

El gobierno de Mariano Arcioni trata de sacarlo del camino político. El tema de esta semana en Chubut es el rumor de que será propuesto como ministro del Superior Tribunal de Justicia. Sí, la misma Corte integrada por sus archienemigos, que acuden a todas las artimañas para destituirlo como juez de Familia.

El supendido juez de Familia de Rawson fue noticia esta semana. Luego de que el Gobernador Arcioni insinuara a través de un diario que se evalúa enviar su pliego para integrar el STJ, Alesi no ahorró calificativos con los actuales ministros de la Corte Provincial.

“Nefastos”, “narcisistas”, “impresentables”, “perseguidores de jueces”, “inmorales”, “destructores del Poder Judicial”, y varias frases más.

Junto a un nutrido grupo de militantes que lo impulsan, se dice que Alesi será candidato a Senador Nacional en 2021, y probablemente, disputará la Gobernación en 2023.

Los partidos que lo impulsan, a pesar de la cuarentena por el coronavirus, ya están preparando un amplio frente que contenga a los votantes.

El entusiamo flota en cualquiera de los referentes que apoyan a Alesi. Su trayectoria de más de 12 años como juez habla por sí misma. Desde la defensa férrea a las personas vulnerables, como mujeres víctimas de violencia, pasando por sentencias duras que incomodaron al Gobierno de Arcioni, y hasta críticas sin filtro a la ineficacia de la justicia chubutense.

Los sondeos informales revelan que Alesi tiene una alta intención de voto, y no es descabellado pensar que podría arrebatarle el segundo puesto a la UCR como fuerza electoral de Chubut.

“El capital más grande de Alesi es que no viene de la política, y es muy conocido por ser un juez valiente y brillante. ¿A cuántos jueces la gente los identifica con nombre y apellido? Pocos. Alesi es uno de ellos”, reconoce un fuente de la política, conocedor de los pasillos de Casa de Gobierno y varios municipios.

Mientras tanto, las operaciones en contra de Alesi están a la orden del día. El jurado de enjuiciamiento que pretende destituirlo en forma irregular, cajoneó el expediente del jury, aparentemente con la intención de que no se pueda presentar como candidato en la justicia electoral.

“La incógnita es si le da para para conseguir una masa importante de votos”, tiró un político retirado. Pero enseguida rectificó: “Lo vi en un restaurante de Madryn, antes del aislamiento oblitagotorio, y más de tres de personas se acercaron a su mesa para sacarse una selfie y abrazarlo. Diría que le sobra carisma”.

El dato, cierto o no, asustó a más de un candidato que podría competir con Alesi en 2021 o 2023.

“Alesi es un problema real. Si llega a obtener más de 70 u 80 mil votos en 2023, por lo menos, se convierte en un peso pesado. Te mete concejales, algún intendente, varios diputados. Y el tipo es un duro, no va transar con nadie. No cuenten con el para los “códigos de la política”.