El gobierno provincial de Mariano Arcioni se apresta a iniciar la renegociación de la deuda en dólares de Chubut. La propuesta beneficia claramente a los bonistas internacionales, con el agregado de una evidente falta de transparencia.

Además de mantener la cesión de las regalías como garantía para el pago de los vencimientos ahora se incluirán también los fondos recibidos por la Coparticipación Federal de Impuestos. Renuncia a la soberanía para litigar, no plantea quitas a priori y el único beneficio para la provincia sería la obtención de tres años de gracia solamente en los pagos de capital. Abonaría por comisiones a la Unión de Bancos Suizos (USB) casi 3 millones de dolares. 

El gobernador Arcioni envió a la Legislatura un proyecto de ley para habilitar la renegociación de la deuda en dólares de Chubut, que asciende a 879 millones de dólares comprendidos por los bonos BOCADE y BOPRO emitidos en 2016.

El Ejecutivo está en condiciones de renegociar por su cuenta sin pasar el proyecto por la Legislatura provincial, pero de alguna manera está buscando que la aprobación le otorgue una fortaleza política con la que hoy no cuenta como consecuencia de su crisis crónica. Intentará convencer -no se sabe muy bien con qué propuesta concreta- al 75% de los tenedores de bonos.

En otras palabras, intenta «sumar» con su aval a los legisladores, en especial a los de la oposición. Así lo hizo el gobierno nacional enviando la propuesta de renegociación a la Cámara de Diputados y al Senado antes del inicio de la pandemia.

A priori no se observan definiciones de fondo que beneficien al Estado provincial y al pueblo duramente golpeado por la multiplicidad de la crisis. Por el contrario, todo el articulado busca garantizar el pago a los bonistas y permitirles seguir obteniendo enormes ganancias con los títulos emitidos en el 2016 por la gestión de Mario Das Neves y el propio Arcioni como vicegobernador.

El aspecto más grave del proyecto en cuestión es la continuidad en la «cesión» de regalías petroleras, ahora con el agravante de que se pretende sumar a los fondos que Chubut recibe por el concepto de Coparticipación Federal de Impuestos; tal como si se tratara de una nueva garantía de pago para los acreedores.

Las fluctuaciones internacionales del precio del barril de petróleo han mostrado una inmensa volatilidad, y en los tiempos que corren se mostraron como insuficientes para hacer frente a los vencimientos con las regalías petroleras.

Por eso, la administración de Arcioni busca garantizar los pagos de la deuda con otros rubros de los ingresos provinciales, como los ingresos por Coparticipación. Inclusive posibilita la utilización de cualquier otro fondo provincial que sea de libre disponibilidad.

De esta manera habilita al uso de todos los fondos provinciales para garantizar el pago de la deuda en dólares, cuando hasta la actualidad solamente se encuentran «cedidas» las regalías petroleras para tal fin.

El proyecto expresa taxativamente que «la afectación en garantía, cesión en pago y/o en propiedad fiduciaria de los fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o el régimen que en el futuro lo reemplace, y/o de las regalías hidrocarburíferas y/o el canon extraordinario de producción, y/o los recursos propios de libre disponibilidad, en todos los casos netas de coparticipación a los municipios».

Tres años de gracia: ¿A qué tasa de interés?

Si bien la renegociación de la deuda se propone obtener un plazo de gracia de tres años para comenzar a pagar durante el desarrollo de 2023, no especifica en qué mes volvería a efectuar pagos ni tampoco si seguirán las cancelaciones de intereses sin plazo de gracias o por cuánto tiempo se extenderían los nuevos vencimientos. No especifica tampoco qué tasa de interés se propondría para los pagos posteriores.

El proyecto indica que «la primera cuota de amortización de capital que deba afrontar la Provincia no se produzca con posterioridad al ejercicio 2023» y dejándose librado a que las cuotas por intereses puedan pagarse inclusive antes de ese período; por lo que podría suponerse que seguirían efectuándose cancelaciones de intereses más allá de la renegociación.

Los tres años de gracia para las cancelaciones de capital serían el único aspecto relativamente positivo para sacar de la asfixia actual a las cuentas públicas chubutenses. Lo cierto es que transfiere el problema de la deuda a la próxima gestión provincial.

Surge como una incógnita enorme la tasa de interés que se le propondrá a los bonistas para la nueva emisión que hará Chubut para reemplazar los bonos existentes, los que cuentan con una tasa del 7,750% en el caso del BOCADE (PUL26) y del 8,875 en el caso del BOPRO (PUY23).

Vale tener en cuenta que desde mediados del mes de marzo pasado la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) estableció una tasa de interés en dólares que ronda entre el 0% y el 0,25%; por lo que cualquier otra oferta chubutense que se posicione por encima de esos porcentajes sería extremadamente perjudicial para la provincia y ampliamente beneficiosa para los bonistas.

Lo más nocivo del proyecto enviado a los diputados es la ausencia de una propuesta de quita para la amortización y los intereses que Chubut debe pagar en la actualidad por la deuda en dólares.

A ese punto se debe sumar que los nuevos bonos que se piensa emitir seguirán estando regidos por la legislación internacional, permitiéndole a los bonistas litigar en el extranjero, lo que implica la renuncia a cualquier tipo de soberanía en torno de los nuevos bonos a emitir.

El articulado presentado indica contundentemente sobre este aspecto de litigiosidad que «la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, la determinación de la ley aplicable a las operaciones de crédito público autorizadas por la presente norma incluyendo leyes extranjeras, la renuncia a cualquier inmunidad soberana y/o defensas de no justiciabilidad, y/u otros compromisos habituales para operaciones con títulos en los mercados internacionales».

¿Cuál sería la quita?

El proyecto del Ejecutivo no hace ninguna mención a una posible reducción del capital y los intereses, por lo que habría de suponer que no se va a intentar ninguna quita que aminore el peso de la deuda.

Más allá de que se especifica que no se determina nada en cuanto a las posibles quitas, el proyecto sostiene que se autoriza al Ejecutivo a efectuar «todas las emisiones necesarias para instrumentar dichas operaciones, los canjes y/o las reestructuraciones de los títulos públicos existentes y sus garantías a efectos de mejorar los montos, plazos y/o intereses de las operaciones para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública».

Si Chubut se atara a las negociaciones de la deuda que viene desarrollando el Gobierno nacional con la deuda externa, donde propuso quitas del 5,4% para las amortizaciones de capital y un 62% de reducción para los intereses; la deuda provincial podría reducirse en 146 millones de dólares.

Sobre un total de 879,8 millones de dólares pendientes de pago en la actualidad por la provincia de Chubut, 705 millones corresponden a capital y otros 174,8 millones ingresan en los pagos de intereses previstos hasta el 2026.

Efectuando una quita igual a la propuesta por Nación, el capital debería reducirse en 38 millones de dólares y los intereses en 108,4 millones de dólares; para de esa manera llegar a una propuesta de quita que rondaría los 146,4 millones de dólares.

Si fuera así la propuesta, Chubut pasaría a tener que pagar por amortizaciones e intereses un total de 733 millones de dólares, 83 millones más de los que tomó de deuda en 2016. En ese caso le dejría a los tenedores de la deuda provincial un 12,7% de rentabilidad en moneda estadounidense, lo que es llamativo teniendo en cuenta que en la actualidad la tasa interés de la FED se encuentra en 0%.

De lo contrario y sin quita Chubut se endeudó por 650 millones de dólares en 2016 y pasaría a pagar 879,8 millones; lo que representaría un 35,2% más de lo emitido y demostraría ser un gran negocio de rentabilidad en dólares para los bonistas.

Comisiones por 2,8 millones de dólares

Aunque todavía no se oficializó por parte del gobierno de Arcioni cuáles serían las comisiones a pagar a la Unión de Bancos Suizos (UBS) por la renegociación de la deuda provincial, el diputado Manuel Pagliaroni -Juntos por el Cambio- reveló que en la teleconferencia que mantuvieron los líderes de los bloques legislativos con el gobernador se les informó que dichas comisiones rondarían entre el 0,32 o 0,33% del total de la operación a concretar.

Si se tiene en cuenta que la deuda a ser renegociada asciende a 879 millones de dólares sin ningún tipo de quita, es de presuponer que esas comisiones a cobrar por la UBS ascenderían a los 2,8 o 2,9 millones de dólares respectivamente.

El diputado Pagliaroni indicó sobre el particular que «esto será un tema que observaremos, más allá de que le hice la consulta porque el Gobierno nacional ha dispuesto pagar 0,10 en comisiones, pero hay una explicación técnica que podría ampliar en la Legislatura. Es un tema a conversar en la reunión del día martes».

De ser tal como lo expresó el legislador opositor, Chubut triplicaría en el pago de comisiones por la renegociación de la deuda a las que pagará el Gobierno nacional y cuesta entender los motivos que propiciarían tamaña diferencia a favor de la UBS; porque el desfasaje ronda los 2 millones de dólares en comisiones.

A priori la propuesta de renegociación de la deuda provincial seguirá esperando a que se desarrollen las tratativas de Nación con los bonistas privados, que quedaron en suspenso hasta el nuevo plazo del 3 de junio. El país quedó en default técnico o en variables semánticas como «light» o «blando», porque Argentina no pagó el pasado 22 de mayo los 503 millones de dólares de vencimientos.

¿El martes habrá explicaciones?

Desde el Ejecutivo provincial se tendrán que ampliar las explicaciones el martes venidero en la teleconferencia que el ministro de Economía Oscar Antonena mantendrá con los diputados provinciales. Sin embargo, varios diputados señalaron a EES que no esperan novedades por la deuda de Chubut durante los próximos 60 o 90 días.

Lo cierto es que Antonena y Arcioni deberían transparentar las negociaciones por la deuda, cosa que no hacen con el manejo de los fondos públicos provinciales. Deberían asumir la responsabilidad de hablarle al pueblo chubutense con la verdad y hacer pública la propuesta que pretenden presentar ante los bonistas.

Existen muchos ítems poco claros sobre los términos de la renegociación provincial y las comisiones abultadas que la provincia pagará a la Unión de Bancos Suizos.

La deuda es una pesada carga para Chubut y sus habitantes, y resulta opaco el destino de los fondos que de ninguna manera se tradujeron en mejoras en la calidad de vida de los chubutenses.

El no pago y la revisión de la misma no está en los planes del gobierno provincial.

Si además se despilfarran ingresos públicos en comisiones y no se renegocia a favor del Estado, la falta de transparencia y las crisis cíclicas se convierten en una constante que seguirá perjudicando al pueblo chubutense.