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Magdalena Espósito Valenti y su novia, Abigail Páez, fueron halladas culpables del delito de homicidio agravado y abuso sexual. El nene fue asesinado a golpes cuando tenía 5 años.

El pasado 2 de febrero, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, en La Pampa, halló culpables a Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio Dupuy, y a su novia Abigail Páez del homicidio agravado del niño de 5 años, cuyo crimen ocurrió en noviembre de 2021.

Este viernes, a las 12, los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié darán a conocer las penas que recibirán las asesinas: la expectativa se centra en saber si los magistrados aplicarán el “tiempo indeterminado” a la condena a prisión perpetua que ya les cabe por la gravedad del delito que les endilgaron.

Durante la audiencia de cesura del debate oral que se realizó este lunes 13 de febrero, la fiscal Verónica Ferrero pidió que las dos acusadas fueran condenadas a prisión perpetua porque, frente a los delitos cometidos, el Código Penal prevé solamente esa pena.

En tanto, el abogado querellante que representa a la familia Dupuy, José Mario Aguerrido, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal, pero le añadió el requerimiento de que la pena sea de reclusión por tiempo indeterminado, Sus fundamentos, entre otras razones, se basaron en la extensión del daño provocado a “un chico absolutamente vulnerable”, agregando que el crimen de Lucio fue el final de un proceso de maltrato infantil.

Por su parte, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez, le solicitó al tribunal que cuantificara la pena que le correspondería a Páez, por entender que si se aplicase la prisión perpetua —con las normas vigentes hoy en el país— “solo saldrá de la cárcel con su muerte, ya que actualmente la pena perpetua es material y literalmente perpetua”.

El miércoles de la próxima semana, en horas del mediodía, se conocerá el veredicto en el juicio oral que mantiene como imputados a la ex ministra de Educación, Graciela Cigudosa; Raul Care y Ariel Hueichán, para quien éste último el fiscal general Omar Rodríguez pidió la absolución; en tanto para los dos primeros solicitó se declare su culpabilidad.

En la etapa final en el juicio oral y público por presuntas ilegalidades y sobreprecios en la adjudicación a empresas para la reparación de escuelas de la zona en el año 2019, que tiene a los tres imputados mencionados en el párrafo anterior, se escucharon los alegatos finales a manera de conclusión de las partes tras haberse escuchado testigos y exhibirse prueba documental referida a los hechos investigados.
Como conclusión de su exposición, el fiscal general Omar Rodríguez pidió la absolución para Ariel Hueichán y que se los declare culpables a Graciela Cigudosa y Raúl Care. Expresó que todas las empresas que competían, eran empresas que manejaba (Daniel) Schmid. «Era todo falso, una puesta en escena de competencias en las adjudicaciones. Las cotizaciones, supuestamente distintas, tenían todas los mismos errores ortográficos, es decir que las hacía una sola persona. Las hacía (Jorge) Santucho, un maestro mayor de obras empleado de Schmid», apuntó.
El funcionario fiscal se refirió a las conversaciones levantadas de los celulares secuestrados a los imputados, en donde se acuerdan acciones para acordar las cotizaciones y luego la ejecución de las obras, además del escrito que intentó ocultar Schmid, cuyos datos, para Rodríguez, terminaron coincidiendo con lo ventilado en juicio.
«Cigudosa tenia conocimiento»
Para el fiscal, quedaron probados los sobreprecios en la reparación de caloramas y de tubos fluorescentes. «Cigudosa tenía conocimiento de estas situaciones. Sabía de las siete empresas creadas por Schmid para simular las compulsas de precios», expuso.
Dijo que el pago del 50% de anticipo que debió realizar cada director de escuelas, no estaba avalado por ninguna resolución.
«Estamos frente a un fraude a la administración pública, que se produce desde adentro por un funcionario que tiene como responsabilidad administrar bienes ajenos», expresó Rodríguez. «Si la ley no se hubiese violado, se hubiesen obtenido mejores precios», expresó, y concluyó que «hemos alcanzado un estado de certeza de que Cigudosa tenía conocimiento y que ha estado acreditado la actuación de Care».

Este lunes, tras la condena a los rugbiers por el homicidio de Fernando Báez Sosa, la defensa a cargo de Hugo Tomei, tiene preparada la apelación que presentará en casación.

Cuáles son los puntos que advierten

Según informó Infobae, Tomei, junto a su equipo de abogados y Emilia Pertossi, consideran que el juicio fue “ilegal” porque los jóvenes imputados no habían tenido la audiencia de indagatoria. La misma está definida en el artículo 308 del Código Procesal.

Cabe destacar que esa misma iniciativa había pedido durante el desarrollo de las audiencias. Pero siempre fueron rechazadas.

Por otra parte, hacen hincapié en la figura de alevosía. En este sentido, la alevosía estaría descrita dentro del plan de premeditación para cometer el crimen. En el documento se habla de “un plan para matar a la víctima sin que pueda defenderse”, pero si el plan no se probó, la alevosía tampoco.

De esta manera, sostienen que la imputación de los jóvenes fue por cinco jóvenes golpeando a la víctima. Pero en el juicio, se habló de ocho personas atacando.

Por otra parte, si no logran ser escuchados prevén ir a la Corte Suprema de Justicia  y no descartan organismos internacionales.

Qué pasará con los condenados a prisión perpetua

En la audiencia final,  Máximo Thomsen, Ciro Pertossi,  Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi recibieron una sentencia de prisión perpetua.

Sin embargo, según el articulo 13 del Código Penal, los rugbiers podrían pedir la libertad, luego de 35 años de cárcel. En este sentido, gozarían de ese pedido si el servicio penitenciario confirma su buena conducta.

Asimismo, existe una reforma judicial, del artículo 14 del Código Penal. se llama “Ley Petri” dictada en el año  2017.Allí se plantea que para homicidios agravados, se los excluye de esa posibilidad.

En este sentido, a través de una apelación, un tribunal podría declarar inconstitucional ese artículo.

Es importante aclarar que la Corte Suprema, nunca se expresó por un fallo, sobre la cuestión de la cadena perpetua real en un homicidio agravado.

«Hay precedentes de inconstitucionalidad en este artículo y por diferentes delitos. Viola el principio de progresividad de la pena que deriva del artículo 18 de la Constitución Nacional, en cuanto a que las cárceles no son para castigo sino para readaptación», reveló una fuente clave en Dolores.

Respecto al plano internacional, un reconocido jurista argentino sostuvo que: “Una verdadera pena de prisión perpetua sin posibilidad de liberación anticipada sería contraria al derecho internacional de los derechos humanos: violaría la prohibición del Estado de imponer penas o tratos inhumanos o degradantes”.

En qué penal pasarán los rugbiers su condena

Según se informó, hasta el momento los rugbiers habían estado separados de otros presos y cuidados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) , a través del RIF (Resguardo de Integridad Física).

«Quiero aclarar que en la cárcel no estamos como dicen los medios, que dicen que tenemos aire acondicionado, que tenemos ventiladores, que somos presos VIP cuando en realidad estamos toda la noche escuchando lo que nos dicen otros presos, que nos gritan que tienen precio nuestras cabezas, que Burlando los va a defender, que nos quieren violar. Nos gritan de todo por la ventana», sostuvo Thomsen en 2020.

Sin embargo, siempre estuvieron protegidos y nunca fueron atacados por otros presos.

Primero estuvieron en la Unidad N°6 de Dolores y también en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero.

Asimismo, esta tarde fueron trasladados a Melchor Romero. Sin embargo, tras la condena podrían ser separados en distintos penales.

En este sentido, el SPB tomará la decisión tras los pedidos de cupo que hagan los magistrados.

Este lunes, Máximo Thomsen se desmayó, tras escuchar la sentencia por el crimen de Fernando Báez Sosa, en la audiencia realizada en el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de la ciudad de Dolores.

El joven de 23 años se descompensó tras escuchar que era condenado a prisión perpetua, junto a Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi.

El momento en el que se desmaya Máximo Thomsen

Tras el incidente, la lectura del veredicto final, estuvo interrumpida por varios minutos.

Asimismo, tras la reanudación, Thomsen no se encontraba en la sala.

Por otro lado, Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz, por ser partícipes secundarios fueron condenados a 15 años de prisión.

Cabe destacar que tras el incidente, los periodistas que estaban en la audiencia, fueron desalojados y mientras abandonaban el lugar, vieron a los padres de los condenados romper en llanto y decir: «Todo es culpa de ellos».

Este lunes se conocerá la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal. Fernando murió de una brutal golpiza el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. Qué condena podrían recibir.

Los ocho rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell conocerán si son culpables o no del crimen del joven y en caso afirmativo se sabrá las penas que les corresponderán a cada uno.

En caso de ser hallados culpables de este delito, con solo uno de los dos agravantes que posee la causa, la pena será prisión perpetua.

Los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García y el particular damnificado, encabezado por los abogados Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, sostuvieron esa carátula en sus alegatos.

En caso de que ese delito no sea contemplado, existen otros que también podrían recaer sobre Máximo Thomsen (23 años), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), Luciano Pertossi (21), Ciro Pertossi (22) y Lucas Pertossi (23), más allá que el abogado defensor, Hugo Tomei, pidió la absolución de todos.

En caso de ser condenados, se estima que los rugbiers serían trasladados al Penal de Sierra Chica, aunque eso no está aún confirmado, mientras que el entorno de los acusados buscaría que los lleven al penal de Campana para estar más cerca de sus familiares para cuando sea el día semanal de visita.

Los ocho acusados se encuentran en la Unidad 6 de Dolores desde el 1 de enero pasado por el inicio del juicio, en el que hubo 87 testigos en 13 audiencias, mientras que durante todo este tiempo estuvieron en Melchor Romero.

El miércoles pasado los rugbiers recibieron la última visita en Dolores antes de conocerse el veredicto.

La sentencia por el espantoso crimen de Lucio Dupuy será leída en pocas horas en la sala de audiencias N°8 de los tribunales de Santa Rosa.

Será el final de un largo camino judicial para la familia del nene de 5 años, pero también un corolario para una historia de torturas, maltratos y violencia que comenzó en agosto del 2020 y se extendió hasta el 26 de noviembre del 2021, cuando el chiquito fue asesinado por, según sospecha la justicia, su madre y la novia de ella.

Los investigadores comprobaron que fueron 15 meses de vejaciones, golpizas y violaciones.

La jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora encabezará a las 12 la audiencia de cesura, en la que resolverán si las acusadas son «culpables» o «no culpables» del delito de «homicidio calificado y abuso sexual ultrajante».

La pena no se dará a conocer hoy, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF), la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua, lo que hará irrelevante la segunda parte del juicio de cesura.

En cambio, en caso de que el Tribunal valorara las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.

Todavía no está confirmado si las acusadas estarán presentes en el tribunal pampeano o si aguardarán la decisión en el penal de San Luis donde están detenidas, agregaron los voceros.

 

La causa por el crimen de Lucio Dupuy está a solo semanas de tener sentencia contra las imputadas Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, madre del menor y su pareja.

más de un año del asesinato, el jueves 2 de febrero los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, pertenecientes al Tribunal de Santa Rosa, La Pampa, darán a conocer si son culpables o no las dos mujeres por el brutal crimen a golpes y el abuso sexual que sufrió Lucio.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió a dirigentes del peronismo nacional y bonaerense que «tomen el bastón de mariscal, militen, hagan política y salgan a la cancha para defender el proyecto nacional y popular» de cara a las elecciones presidenciales de 2023, en el marco de una cena que compartieron anoche en Ensenada, luego de que se conociera su condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Luego de conocerse el veredicto que pronunció el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa Vialidad y de su discurso en el que afirmó que no será “candidata a nada” en el 2023, la Vicepresidenta participó de una cena con un nutrido grupo de funcionarios, ministros nacionales, provinciales, intendentes, dirigentes sindicales y de los movimientos sociales en la localidad de Punta Lara, en Ensenada.

Varios de los dirigentes presentes en ese encuentro confiaron a Télam que, pese al fallo adverso, vieron a la expresidenta “muy entera” y con la firme convicción de que hay que “dar una batalla” contra lo que considera una persecución judicial pergeñada entre un sector de la Justicia, de la oposición y de los medios hegemónicos.

Además, todos coincidieron en que Fernández de Kirchner les pidió “usar el bastón de mariscal, militar, hacer política y dar las peleas que haya que dar para defender al modelo y las banderas del peronismo” de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

“Cristina hizo un llamado a la organización y a que tengamos una cuota relevante de coraje ante este verdadero ataque a la democracia. El mensaje que Cristina le dijo a la militancia y a la dirigencia es ‘llevan el bastón de mariscal en la mochila, empúñenlo’”, contó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los presentes en la cena de anoche.

“Fue un llamado al activismo para que se entienda la importancia que tiene una proscripción al peronismo y a la persona más importante del peronismo”, dijo el mandatario bonaerense en declaraciones a la radio El Destape que realizó esta mañana.

Fuentes partidarias explicaron que se trata de la octava reunión entre dirigentes y referentes de distintos espacios que se reúnen una vez por mes, con la particularidad de que, en este caso, la Vicepresidente decidió participar.

Según varios de los participantes, la Vicepresidenta planteó que “existe un desafío colectivo que la trasciende a ella para enfrentar la crisis actual y que va más allá del proceso electoral, por lo que hay que buscar definiciones de fondo”.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló este martes por tercera vez en el Juicio por la Obra Pública y cuestionó que se considere una asociación ilícita a un Gobierno elegido tres veces «democráticamente» mientras que “en Comodoro Py no se considera que mi muerte, mi asesinato, puede ser un acto de conmoción pública”, dijo.

Al brindar sus últimas palabras ante el Tribunal que la juzga por la denominada causa Vialidad, afirmó que «Entonces se suma una causa por acá, otra por allá y nada de asociación ilícita», en relación a la investigación del intento de magnicidio cometido en su contra el 1 de septiembre pasado, al hablar ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2 desde su despacho en el Senado Nacional, en la última instancia antes de fijar fecha para el veredicto.

Además, afirmó que «Comodoro Py ha tenido una actividad disciplinadora de la clase política» y agregó que “este pelotón de fusilamiento tiene por objeto estigmatizar a un espacio político y a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio”.

«Hoy el partido judicial cumple el rol de condicionar, obturar, posibilidades de expresión y estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina», sostuvo la Vicepresidenta, al remarcar que «la sentencia estaba escrita» y considerar que «la estigmatización es para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos como pagarle al Fondo, recuperar las AFJP y también YPF».

El Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el próximo 6 de diciembre el veredicto en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz que se sigue a 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy pronunció sus palabras finales, según se anunció al finalizar la audiencia.

Este mediodía se conocerá la sentencia integral para Víctor Cisterna, Diego Correa, Alejandro Pagani, Juan Martín Bortagaray, Pablo Oca, Diego Luthers y Gonzalo Carpintero Paterson, para quienes los fiscales solicitaron condenas de efectivos cumplimiento.

Los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales son los responsables del tribunal, que días pasados clausuró la instancia de debate en la Causa Revelación, y hoy dará a conocer la sentencia integral de la causa, incluidas las condenas a aplicar a los ocho imputados.

Del otro lado del estrado se encuentran los exfuncionarios provinciales Víctor Cisterna, Diego Correa, Alejandro Pagani, Juan Martín Bortagaray, Pablo Oca, Diego Luthers y Gonzalo Carpintero Paterson, para quienes los fiscales solicitaron condenas de efectivos cumplimiento y también inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Para el caso del empresario Martín Castillo, el único de los condenados que no revestía el carácter de haber sido funcionario público, se pidió una pena de 2 años de prisión.

La investigación está referida a maniobras de corrupción que involucran a exfuncionarios provinciales durante el último gobierno de Mario Das Neves

La causa llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio.