El miércoles de la próxima semana, en horas del mediodía, se conocerá el veredicto en el juicio oral que mantiene como imputados a la ex ministra de Educación, Graciela Cigudosa; Raul Care y Ariel Hueichán, para quien éste último el fiscal general Omar Rodríguez pidió la absolución; en tanto para los dos primeros solicitó se declare su culpabilidad.
En la etapa final en el juicio oral y público por presuntas ilegalidades y sobreprecios en la adjudicación a empresas para la reparación de escuelas de la zona en el año 2019, que tiene a los tres imputados mencionados en el párrafo anterior, se escucharon los alegatos finales a manera de conclusión de las partes tras haberse escuchado testigos y exhibirse prueba documental referida a los hechos investigados.
Como conclusión de su exposición, el fiscal general Omar Rodríguez pidió la absolución para Ariel Hueichán y que se los declare culpables a Graciela Cigudosa y Raúl Care. Expresó que todas las empresas que competían, eran empresas que manejaba (Daniel) Schmid. «Era todo falso, una puesta en escena de competencias en las adjudicaciones. Las cotizaciones, supuestamente distintas, tenían todas los mismos errores ortográficos, es decir que las hacía una sola persona. Las hacía (Jorge) Santucho, un maestro mayor de obras empleado de Schmid», apuntó.
El funcionario fiscal se refirió a las conversaciones levantadas de los celulares secuestrados a los imputados, en donde se acuerdan acciones para acordar las cotizaciones y luego la ejecución de las obras, además del escrito que intentó ocultar Schmid, cuyos datos, para Rodríguez, terminaron coincidiendo con lo ventilado en juicio.
«Cigudosa tenia conocimiento»
Para el fiscal, quedaron probados los sobreprecios en la reparación de caloramas y de tubos fluorescentes. «Cigudosa tenía conocimiento de estas situaciones. Sabía de las siete empresas creadas por Schmid para simular las compulsas de precios», expuso.
Dijo que el pago del 50% de anticipo que debió realizar cada director de escuelas, no estaba avalado por ninguna resolución.
«Estamos frente a un fraude a la administración pública, que se produce desde adentro por un funcionario que tiene como responsabilidad administrar bienes ajenos», expresó Rodríguez. «Si la ley no se hubiese violado, se hubiesen obtenido mejores precios», expresó, y concluyó que «hemos alcanzado un estado de certeza de que Cigudosa tenía conocimiento y que ha estado acreditado la actuación de Care».
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