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Home»Legislatura»Drogas: un dilema para la política y el Estado

Drogas: un dilema para la política y el Estado

25 abril, 2016
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Mientras en Chubut venimos escuchando en las últimas semanas que la prioridad es la lucha contra el narcotráfico y se promete la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación para poner en marcha un programa de «Guerra contra las Drogas», en contraposición, en los próximos días habrá una asamblea especial en las Naciones Unidas para pensar en estrategias alternativas, ante el reconocimiento del rotundo fracaso del modelo represivo para resolver este flagelo.
El dilema crucial de la política y el Estado es entre negar la realidad y reprimir o hacerse cargo de los cambios en la cultura e implementar mecanismos de asistencia real para evitar el daño, la violencia y la muerte que provocan las sustancias ilícitas. Ese es el análisis que debemos hacer y la discusión que debemos dar.
La evidencia empírica confirma ampliamente que si bien las políticas represivas han resultado funcionales a algunos modelos de gobiernos, estas se han basado en concentrar el accionar en zonas marginales, justificando sus abusos y la estigmatización a los sectores de la sociedad más vulnerables y pobres. Y nunca dirigiéndose a los problemas de fondo, por lo que el fenómeno socio económico de la droga sigue destruyendo vidas y enriqueciendo fortunas inmorales.
Por eso se impone la necesidad de un nuevo paradigma que reconozca que para evitar el aumento del uso de sustancias ilícitas y que frene la permanente baja de la edad de inicio del consumo, se necesitan más ciencia y educación, mayor coprensión de los nuevos comportamientos sociales, una atención a la salud pública especializada, un profundo respeto a los derechos humanos y un desarrollo económico y social basado en normas impositivas, laborales y ambientales claras.
Esta es a nuestro criterio, la agenda para combatir la droga y evitar las guerras que vimos estos últimos años, donde utilizaron esta lucha como mecanismo sistemático para la violación de los DDHH, especialmente en toda América y con los resultados que son ya innegables.
Se impone una profunda reflexión que ponga un límite claro a la criminalización y el castigo en la lucha contra el narcotráfico, como medio de evitar la violencia institucional pero tambíen con políticas claras contra el delito y el crimen organizado que lucra con ella, que son parte de un enjambre de beneficiados por esta fracasada mirada, entre los que podemos mencionar a empresarios que alternan entre negocios lícitos e ilícitos y conforman verdaderas organizaciones para lavar los activos provenientes de la droga o prestan los servicios para ocultar los fondos provenientes de las acciones de corrupción.
A los políticos que financian sus campañas con los fondos provenientes de esos empresarios y quedan imposibilitados para encontrar verdaderas soluciones de fondo al problema.
A los centros financieros que prestan los servicios para ocultar el origen y la tenencia de los fondos en empresas offshore.
A sectores de fuerzas de seguridad que aumentan sus recursos a partir de la puesta en marcha de metodologías represivas, y no mejoran sus capacidades técnicas, científicas, ni su formación en DDHH.
A los funcionarios públicos y judiciales, consumidores y consecuentemente garantes de la impunidad y otros sectores de poder que ven protegido su consumo por su situación socio económica de privilegio.
A la burocracia creada por el Estado para luchar supuestamente contra la droga, que sirve para el ejercicio de un poder abusivo.
El acontecimiento del último sábado en la ciudad de Buenos Aires (muerte de varios jóvenes en Costa Salguero), pone la lupa sobre la hipocresía y la complicidad de los responsables de las políticas públicas.
El consumo de drogas de diseño por lo general se da en un entorno en el cual parece que todo es potencialmente menos peligroso: diversión controlada, entorno apacible, empatia, drogas «pro culturales» que en apariencia sirven para buscar mayor placer y felicidad. Para esa mirada desprevenida, en cambio, los peligrosos son los consumidores de la villa, los que ponen en riesgo la seguridad de los otros.
Desde la perspectiva de la salud pasa lo mismo. ¿Cuantos chicos con medicina prepaga ingresan a las guardias de las instituciones de salud y afortunadamente no mueren y en consecuencia no son parte de las estadísticas? En cambio, sí aparecen en las páginas policiales los muertos por abusos y adicciones que se registran en barrios marginales.
Tenemos que empezar a hablar con seriedad en los ámbitos educativos y considerar con eficacia en nuestras políticas, que un número creciente de nuestros jóvenes consume drogas. Pero tambíen que hay un número creciente de padres adictos.
Es imprescindible, reconocer que el consumo se verifica en sectores humildes, pero más en estratos sociales altos, con capacidad de compra y garantía de impunidad.
Debemos romper con las hipocresías, dejar de negar esa realidad y justificar la represión sin comprender las responsabilidades colectivas y la necesidad de encarar los problemas de fondo.
Los anuncios grandilocuentes logran rápidamente apoyos, porque tranquilizan la conciencia, pero se convierten en una barrera para encarar la solución de un grave problema y lo que es peor, nos convierten en cómplices de la inacción o de acciones equivacadas o incompetentes. Preferimos creer que no nos roza, que es una dificultad de otras familias, antes de comprometernos con un diagnóstico serio, real y que nos permitirá empezar a resolver un flagelo mundial, pero que también está aquí. Entre nosotros.
Entonces si verdaderamente queremos luchar contra la droga, invitemos primero al ministro de Educación, al de Salud, al de Producción, al de Desarrollo Social, convoquemos especialistas que comprendan la profundidad del proceso que estamos viviendo, incluso con experiencias exitosas en la materia y no nos auto engañemos con propuestas de militarización de los territorios que solo sirven para aumentar las muertes y la violencia.
Si realmente queremos lograr impacto, designemos al frente del Ministerio Público Fiscal profesionales serios, que investiguen, que sean independientes del Poder Político, que formen equipos sólidos, con capacidad técnica y que comprendan la complejidad del fenómeno y diseñen acciones efectivas.
Comenzar a aplicar políticas y reiterar acciones fracasadas y reconocidas internacionalmente como insuficientes, no sería el camino adecuado. Nuestra sociedad merece y necesita una reflexión profunda y soluciones distintas, como diría Albert Einstein: «Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo».

Gabriela Dufour

Diputada provincial FPV-PJ.

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