En el marco de la celebración por el Bicentenario de la Independencia se reunieron en Lago Puelo, concejales y referentes del Frente Para la Victoria, del Partido Justicialista y de Nuevo Encuentro. El objetivo del encuentro fue coordinar acciones de rechazo y suspensión al Decreto Presidencial 820/16, articular acciones para atender el impacto negativo de las políticas nacionales en la Comarca Andina, y para manifestar que aunque se cumplan 200 años, sin soberanía, no hay independencia.
El decreto 820/16 es cuestionable jurídicamente, dado que modifica sustancialmente la ley de Tierras Rurales 26.737 con una norma de menor jerarquía, además de desconocer y vulnerar los límites de definición sobre el territorio que tienen las provincias. Pero sobre todo es cuestionable políticamente, ya que quita restricciones y facilita condiciones para que capitales extranjeros se apropien en mayor proporción del territorio y los recursos naturales.
Parece no tener límites el gobierno nacional en beneficiar a los sectores económicos más concentrados con el supuesto objetivo de atraer inversiones. A la fenomenal transferencia de riqueza que se hicieron en los seis primeros meses de gobierno, en desmedro de las mayorías populares, ahora se le suma la entrega del territorio nacional, y de soberanía política para definir cuáles son los términos de desarrollo que tiene que tener la Argentina.
En la Patagonia es mucho más preocupante la situación, por el ya existente nivel de extranjerización de la propiedad de la tierra, y por la importancia de la zona en materia de recursos naturales y biodiversidad, geopolíticamente estratégicos para el país. El decreto además de quitar restricciones para comprar mayores proporciones de tierras nacionales vía diversas estrategias contables y societarias, abre la puerta a la adquisición de tierras rurales con espejos de agua.
Demuestra el grave riesgo del decreto, el paradigmático caso del magnate Joe Lewis restringiendo el acceso a Lago Escondido a pesar de tener sentencias judiciales en su contra, y hoy con capacidad de convertirse en proveedor de energía eléctrica, con la complicidad del Intendente de El Bolsón Bruno Pogliano, del Gobernador de la Provincia de Rio Negro Alberto Wereltinek y Mauricio Macri.
Desde el FPV rechazamos el decreto y, como ya se hizo en Lago Puelo, vamos a proponer en los Concejos Deliberantes de toda la comarca adhesiones al pedido de derogación del Decreto 820/16, como también iniciar o adherir a las acciones legales correspondientes para solicitar la inconstitucionalidad de la norma, como la del Legislador de la Provincia de Rio Negro Nicolas Rochas que ya lo solicito ante el Superior Tribunal de Rio Negro.
La Comarca Andina está sufriendo las consecuencias de políticas nacionales como el impacto en los ingresos generales, la producción, el comercio y el turismo, del tarifazo, recientemente frenado judicialmente, o el problema de competitividad que afrontan los pequeños productores de fruta fina por la apertura comercial.
En este sentido nuestros representantes institucionales denuncian la falta de Políticas Públicas y mayores grados de regulación estatal para solucionar estos problemas, y no la entrega del patrimonio y la soberanía como este decreto.
Finalmente, los representantes del FPV de la Comarca. Reafirmaron su compromiso para seguir trabajando articuladamente para defender las conquistas en materia de soberanía política y ampliación de derechos, que consiguieron los Argentinos durante los gobiernos de Nestor Kirchner y Cristina Fernandez, resistiendo los embates de las Políticas de Macri sobre los sectores Populares y organizando estratégicamente la alternativa Nacional y Popular en nuestro territorio a través de sus representaciones institucionales.
Estuvieron presentes Concejales de la localidad de El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén, así como referentes políticos y sociales del Partido Justicialista y Nuevo Encuentro.