La medida tomada por el juez Mariano Nicosia el pasado martes en la causa de las 81 viviendas de Barrio Ciudadela, en la que actuó como subrogante, y rechazó un pedido de la Fiscalía para ampliar el objeto procesal a los imputados, todos empleados de la Delegación Sur del IPV Chubut, será insistida, a su tiempo, por la Fiscal General Camila Banfi Saavedra, quien tendrá tres meses más para investigar la causa, tal la prórroga otorgada por los Jueces Miguel Angel Caviglia y Raquel Susana Tasello.
Según se supo los investigados se habían negado a efectuar los cuerpos de escritura, prueba pericial caligráfica, un acto imprescindible para la investigación, lo que motivó a la Fiscalía a solicitar una prórroga para lograr material indubitado.
Como se recordará la causa se inicia ante una denuncia radicada por el ex Presidente del IPV Chubut, Arq. Ricardo Trovant ante presuntas irregularidades en la entrega de viviendas, e involucra al ex Delegado del Instituto en la ciudad petrolera y a los agentes Darío Acosta, Ana Caro, Raquel Antimilla, Fabiana Onieva, Alejo Recalde, Claudia Leonori y Vanesa Crosoli Medina, quienes según la fiscalía formaron parte de una asociación ilícita.
El 26 de mayo del año pasado, cuando se realizó la apertura de investigación, la Fiscal Camila Banfi Saavedra detalló la manera de actuar de los investigados. Reyna, sería el jefe de la asociación ilícita que procuró la obtención de beneficios patrimoniales para sí y para los otros integrantes de la organización, mediante el cobro a determinados postulantes a una vivienda de sumas de dinero que oscilaban entre los 80 mil y 100 mil pesos de coima, y hasta se solicitaron favores sexuales a cambio de una vivienda.
Según la Fiscalía hubo viviendas que salieron a la venta a través de una inmobiliaria de Comodoro Rivadavia. El ex Delegado Abel Reyna habría omitido cumplir con los deberes que le correspondían como funcionario público, conforme a las leyes de ética pública y las normas y resoluciones que regulan el procedimiento de adjudicación por parte del Instituto Provincial de la Vivienda.
La Fiscalía aspira a demostrar que los imputados procedían a confeccionar legajos irregulares para poder beneficiar a pre adjudicatarios de las 81 Viviendas, que no contaban con los protocolos y requisitos legales necesarios para ser adjudicatarios.
La fecha de exacta de la que sería la cuarta audiencia de la causa de las 81 viviendas de Barrio Ciudadela, aún no fue establecida pero será dentro del mes de junio venidero.
Por Luis Dupuy